 Fuente: www.cincodias.elpais.com
La norma que prepara la Comisión Europea para ofrecer un elevado nivel de protección a los denunciantes de irregularidades en la UE extenderá sus efectos también sobre las empresas privadas. Así, al contrario que la Ley que se encuentra en fase de debate en el Congreso de los Diputados en España, Bruselas quiere amparar también a los delatores que trabajen en sector privado, no limitándolo a los funcionarios y a los empleados públicos. Según el Ejecutivo comunitario, los escándalos provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o actualmente Cambridge Analytica "ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad". La futura regulación exigirá a todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros la creación de un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades. Unos requisitos que también deberán incorporar las administraciones nacionales y regionales, así como a los municipios que tengan más de 10.000 habitantes. Ver artículo en: cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/23/legal/1524495748_634377.html
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