3 x 7 x 4 x 12
Si realizamos la operación aquí señalada nos da como resultado la cantidad de 1,008. Le llamamos la fórmula del conocimiento porque con disciplina, constancia e interés; 1,008 serían las palabras que en un año puedes integrar en tu conocimiento.
¿Te atreves a conocer más?
Diccionario del Juicio de Amparo (2005)
Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres
El equipo de SIJUFOR, reforzando nuestro compromiso con la capacitación constante y preparación continua, hemos buscado ampliar nuestra “Fórmula del conocimiento”; incluyendo en las palabras diarias las expuestas en el libro “Diccionario del Juicio de Amparo” (2005), del cual agradecemos la anuencia a su autor el Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres, respetado y admirado gran amigo del equipo de SIJUFOR, y de quien ya se tuvo la satisfacción de escuchar y compartir aula teniéndolo como maestro y ponente. El Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres ha sido catedrático en materias de Derecho a nivel Licenciatura y Posgrado, conferencista y autor de varias obras entre las que destacan Elementos de derecho bancario (1997), Derecho bancario (2003), Diccionario del juicio de amparo (2005), Curso general de amparo (2007) y Curso general de amparo. Banco de preguntas (2009); además ha publicado diversos artículos sobre temas jurídicos, en revistas de la materia.
La forma de organizar las palabras diarias en este apartado será alternando una semana (lunes a domingo) para cada uno de los libros aquí presentados, es decir, una semana se publicarán 3 conceptos diarios del libro “Diccionario Práctico del Juicio Oral” y la semana consecutiva serán 3 términos del libro “Diccionario del Juicio de amparo”, así sucesivamente.
Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres
El equipo de SIJUFOR, reforzando nuestro compromiso con la capacitación constante y preparación continua, hemos buscado ampliar nuestra “Fórmula del conocimiento”; incluyendo en las palabras diarias las expuestas en el libro “Diccionario del Juicio de Amparo” (2005), del cual agradecemos la anuencia a su autor el Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres, respetado y admirado gran amigo del equipo de SIJUFOR, y de quien ya se tuvo la satisfacción de escuchar y compartir aula teniéndolo como maestro y ponente. El Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres ha sido catedrático en materias de Derecho a nivel Licenciatura y Posgrado, conferencista y autor de varias obras entre las que destacan Elementos de derecho bancario (1997), Derecho bancario (2003), Diccionario del juicio de amparo (2005), Curso general de amparo (2007) y Curso general de amparo. Banco de preguntas (2009); además ha publicado diversos artículos sobre temas jurídicos, en revistas de la materia.
La forma de organizar las palabras diarias en este apartado será alternando una semana (lunes a domingo) para cada uno de los libros aquí presentados, es decir, una semana se publicarán 3 conceptos diarios del libro “Diccionario Práctico del Juicio Oral” y la semana consecutiva serán 3 términos del libro “Diccionario del Juicio de amparo”, así sucesivamente.
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Diccionario Práctico del Juicio Oral (2011)
Maestro Manuel Valadez Díaz
Gracias a la colaboración del Maestro Manuel Valadez Díaz, este año 2020 lo desarrollaremos con el material presentado en el libro "Diccionario Práctico del Juicio Oral" (2011) (Editorial UBIJUS). El Maestro Manuel Valadez Díaz ha sido autor de 8 libros sobre Sistema Penal Acusatorio. Incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales Comentado con Doctrina y Jurisprudencia Nacional e Internacional. Docente certificado por la SETEC. Capacitador a nivel nacional sobre Sistema Acusatorio de Jueces, Agentes del Ministerio Público, defensores públicos y privados. Conferencista en materia penal, procesal penal y derechos humanos. Docente a nivel licenciatura y posgrado en materias de Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal. Asimismo se ha desarrollado como Juez de Control y Oralidad Penal del Poder Judicial del Estado de Durango, México.
Maestro Manuel Valadez Díaz
Gracias a la colaboración del Maestro Manuel Valadez Díaz, este año 2020 lo desarrollaremos con el material presentado en el libro "Diccionario Práctico del Juicio Oral" (2011) (Editorial UBIJUS). El Maestro Manuel Valadez Díaz ha sido autor de 8 libros sobre Sistema Penal Acusatorio. Incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales Comentado con Doctrina y Jurisprudencia Nacional e Internacional. Docente certificado por la SETEC. Capacitador a nivel nacional sobre Sistema Acusatorio de Jueces, Agentes del Ministerio Público, defensores públicos y privados. Conferencista en materia penal, procesal penal y derechos humanos. Docente a nivel licenciatura y posgrado en materias de Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal. Asimismo se ha desarrollado como Juez de Control y Oralidad Penal del Poder Judicial del Estado de Durango, México.
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Si quieres conocer más sobre los conceptos aquí presentados e incluidos en el Diccionario Práctico del Juicio Oral (2011) o en el Diccionario del Juicio de Amparo (2005), envíanos un correo con tus dudas o comentarios en nuestra sección de Contacto.
28 de enero de 2020
Diccionario del Juicio de amparo
Días inhábiles en el amparo: Para la presentación de la demanda, para sustanciación y resolución del proceso de amparo se considera que todos los días son hábiles con exclusión de los sábados y domingos (en principio por razones de índole religiosa y en la actualidad por cuestiones sociales y familiares), el 1° de enero (por motivos sociales), 5 de febrero (promulgación de la Constitución de 1917), 1° de mayo (en memoria de los mártires de Chicago), 5 de mayo (aniversario de la batalla de Puebla ocurrida en 1862), 14 de septiembre (aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal, en 1824), 16 de septiembre (inicio del movimiento independentista de 1810), 12 de octubre (aniversario del encuentro de dos razas, 1492) y 20 de noviembre (inicio del movimiento revolucionario de 1910).
Ejecución de imposible reparación: Ejecución de imposible reparación. Un acto tiene la calidad de ser de ejecución irreparable si se afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos y, por el contrario, las meras violaciones procesales o intraprocesales no dan acción de amparo indirecto.
Ejecución de la sentencia de amparo: Cuando causa ejecutoria la sentencia que ampara y protege, la autoridad judicial debe vigilar su cumplimiento; mientras no se cumpla, debe requerir a las autoridades responsables a fin de que realicen todos los actos necesarios para lograrlo. En caso contrario, debe acudir al superior o superiores para que intervengan. Y si aún no se obtiene el cumplimiento es de iniciarse el incidente de inejecución de sentencia.
Diccionario del Juicio de amparo
Días inhábiles en el amparo: Para la presentación de la demanda, para sustanciación y resolución del proceso de amparo se considera que todos los días son hábiles con exclusión de los sábados y domingos (en principio por razones de índole religiosa y en la actualidad por cuestiones sociales y familiares), el 1° de enero (por motivos sociales), 5 de febrero (promulgación de la Constitución de 1917), 1° de mayo (en memoria de los mártires de Chicago), 5 de mayo (aniversario de la batalla de Puebla ocurrida en 1862), 14 de septiembre (aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal, en 1824), 16 de septiembre (inicio del movimiento independentista de 1810), 12 de octubre (aniversario del encuentro de dos razas, 1492) y 20 de noviembre (inicio del movimiento revolucionario de 1910).
Ejecución de imposible reparación: Ejecución de imposible reparación. Un acto tiene la calidad de ser de ejecución irreparable si se afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos y, por el contrario, las meras violaciones procesales o intraprocesales no dan acción de amparo indirecto.
Ejecución de la sentencia de amparo: Cuando causa ejecutoria la sentencia que ampara y protege, la autoridad judicial debe vigilar su cumplimiento; mientras no se cumpla, debe requerir a las autoridades responsables a fin de que realicen todos los actos necesarios para lograrlo. En caso contrario, debe acudir al superior o superiores para que intervengan. Y si aún no se obtiene el cumplimiento es de iniciarse el incidente de inejecución de sentencia.
27 de enero de 2020
Diccionario del Juicio de amparo
Delegados de las autoridades responsables: Según la Ley de Amparo, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo. No obstante, se prevé la figura de los “delegados” (que son, en realidad, auténticos representantes), los cuales, al ser acreditados mediante simple oficio, cuentan con facultades para hacer promociones, concurrir a las audiencias, rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos previstos en la ley.
Demanda de amparo: Es el ejercicio del derecho de petición que hace valer el demandante (quejoso o agraviado) ante el órgano jurisdiccional competente, a fin de iniciar el ejercicio de la acción de amparo (en su caso, posteriormente en ejercicio de ese mismo derecho se ofrecerán y rendirán pruebas y se formularán alegatos, en amparo indirecto; o bien, se interpondrán recursos en amparo directo e indirecto) y plantear la pretensión respectiva (a saber, la restitución en el goce de la garantía individual violada en perjuicio del quejoso).
Desechamiento de la demanda: Para que el juzgador pueda desechar de plano una demanda de amparo indirecto es indispensable que las causales de improcedencia que invoque sean evidentes por sí mismas y no requieran de posteriores elementos de conocimiento por el juzgador para proveer en tal sentido. Relativo al amparo directo, si el Tribunal Colegiado encuentra motivos “manifiestos de improcedencia” deberá desechar de plano y comunicar su resolución a la autoridad responsable.
Diccionario del Juicio de amparo
Delegados de las autoridades responsables: Según la Ley de Amparo, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo. No obstante, se prevé la figura de los “delegados” (que son, en realidad, auténticos representantes), los cuales, al ser acreditados mediante simple oficio, cuentan con facultades para hacer promociones, concurrir a las audiencias, rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos previstos en la ley.
Demanda de amparo: Es el ejercicio del derecho de petición que hace valer el demandante (quejoso o agraviado) ante el órgano jurisdiccional competente, a fin de iniciar el ejercicio de la acción de amparo (en su caso, posteriormente en ejercicio de ese mismo derecho se ofrecerán y rendirán pruebas y se formularán alegatos, en amparo indirecto; o bien, se interpondrán recursos en amparo directo e indirecto) y plantear la pretensión respectiva (a saber, la restitución en el goce de la garantía individual violada en perjuicio del quejoso).
Desechamiento de la demanda: Para que el juzgador pueda desechar de plano una demanda de amparo indirecto es indispensable que las causales de improcedencia que invoque sean evidentes por sí mismas y no requieran de posteriores elementos de conocimiento por el juzgador para proveer en tal sentido. Relativo al amparo directo, si el Tribunal Colegiado encuentra motivos “manifiestos de improcedencia” deberá desechar de plano y comunicar su resolución a la autoridad responsable.
26 de enero de 2020
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Clasificación de la acción y competencia para su ejercicio: La acción penal tendrá que clasificarse en pública y privada, y asimismo la acción penal pública subdividirse en aquella de naturaleza oficiosa y en la que corresponde a los delitos considerados como de querella.
La acción penal pública en delitos de oficio le corresponderá de forma exclusiva al Fiscal, órgano técnico que aún sin la existencia de la denuncia correspondiente, deberá abocarse a investigar los hechos delictuosos y a perseguir penalmente al probable responsable cuando se trate de delitos de naturaleza oficiosa; mientras que en el caso de los delitos de querella la acción persecutoria corresponderá igualmente al Fiscal, siempre y cuando la víctima u ofendido haya ejercido el derecho discrecional que le otorga la ley para decidir libremente si hace del conocimiento de la autoridad o no el hecho típico sufrido.
La acción penal privada se contempla como la posibilidad que tiene el ciudadano común para ejercer de forma personal y directa ante el Juez que corresponda la acción penal, esto en los delitos que así determine la legislación procesal aplicable, como también con la posible colaboración del Fiscal.
Coautor: Forma de intervención delictiva que alude a la colaboración de dos o más personas para la realización del hecho típico. Dicha figura contempla que el núcleo o verbo rector del tipo penal sea llevado a cabo gracias a la intervención de dos o más personas a través de lo que la doctrina en su mayoría aceptada ha denominado el dominio funcional del hecho.
Comisión por omisión: Conducta desplegada por el sujeto activo del delito que produce un resultado material y que con la perspectiva de la “teoría de la acción esperada” radica sobre todo en que al sujeto se le reprocha no haber actuado de una manera determinada, esto en razón de que el legislador considere que al momento de la realización del hecho típico contaba con la posición de garante respecto de un bien jurídico determinado.
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Clasificación de la acción y competencia para su ejercicio: La acción penal tendrá que clasificarse en pública y privada, y asimismo la acción penal pública subdividirse en aquella de naturaleza oficiosa y en la que corresponde a los delitos considerados como de querella.
La acción penal pública en delitos de oficio le corresponderá de forma exclusiva al Fiscal, órgano técnico que aún sin la existencia de la denuncia correspondiente, deberá abocarse a investigar los hechos delictuosos y a perseguir penalmente al probable responsable cuando se trate de delitos de naturaleza oficiosa; mientras que en el caso de los delitos de querella la acción persecutoria corresponderá igualmente al Fiscal, siempre y cuando la víctima u ofendido haya ejercido el derecho discrecional que le otorga la ley para decidir libremente si hace del conocimiento de la autoridad o no el hecho típico sufrido.
La acción penal privada se contempla como la posibilidad que tiene el ciudadano común para ejercer de forma personal y directa ante el Juez que corresponda la acción penal, esto en los delitos que así determine la legislación procesal aplicable, como también con la posible colaboración del Fiscal.
Coautor: Forma de intervención delictiva que alude a la colaboración de dos o más personas para la realización del hecho típico. Dicha figura contempla que el núcleo o verbo rector del tipo penal sea llevado a cabo gracias a la intervención de dos o más personas a través de lo que la doctrina en su mayoría aceptada ha denominado el dominio funcional del hecho.
Comisión por omisión: Conducta desplegada por el sujeto activo del delito que produce un resultado material y que con la perspectiva de la “teoría de la acción esperada” radica sobre todo en que al sujeto se le reprocha no haber actuado de una manera determinada, esto en razón de que el legislador considere que al momento de la realización del hecho típico contaba con la posición de garante respecto de un bien jurídico determinado.
25 de enero de 2020
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Cierre de la investigación: Facultad procesal con la que cuenta el Fiscal para informar al Juez de Control que el plazo con el que contaba para investigar un determinado hecho criminal ha vencido.
Citación de testigos y peritos: A efecto de garantizar la comparecencia de dichos intervinientes ante la autoridad jurisdiccional, el Juez o el Tribunal que realice su citación, deberá señalarles de forma exacta el día, hora y lugar en el que deben presentarse, así como también el motivo de su comparecencia y la consecuencia legal que generará su inasistencia, pues en protección de los fines del proceso penal, la autoridad jurisdiccional podrá ordenar sin mayor requisito su presentación forzosa con el auxilio de la fuerza pública.
Citación del imputado: La autoridad jurisdiccional o el Fiscal podrán citar a cualquier imputado al señalarse de manera precisa el motivo de la citación, la autoridad ante la cual deberá comparecer, el día y hora para ello, así como precisando el hecho que se le atribuye y la necesidad de que se haga acompañar a la citación por su abogado defensor.
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Cierre de la investigación: Facultad procesal con la que cuenta el Fiscal para informar al Juez de Control que el plazo con el que contaba para investigar un determinado hecho criminal ha vencido.
Citación de testigos y peritos: A efecto de garantizar la comparecencia de dichos intervinientes ante la autoridad jurisdiccional, el Juez o el Tribunal que realice su citación, deberá señalarles de forma exacta el día, hora y lugar en el que deben presentarse, así como también el motivo de su comparecencia y la consecuencia legal que generará su inasistencia, pues en protección de los fines del proceso penal, la autoridad jurisdiccional podrá ordenar sin mayor requisito su presentación forzosa con el auxilio de la fuerza pública.
Citación del imputado: La autoridad jurisdiccional o el Fiscal podrán citar a cualquier imputado al señalarse de manera precisa el motivo de la citación, la autoridad ante la cual deberá comparecer, el día y hora para ello, así como precisando el hecho que se le atribuye y la necesidad de que se haga acompañar a la citación por su abogado defensor.
24 de enero de 2020
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Casación: En su momento, era un recurso contemplado en el Código de Procedimiento Penales del Estado de Durango; dicho recurso tenía como objetivo: 1) Invalidar la audiencia de juicio oral, 2) La sentencia, 3) La resolución de sobreseimiento dictada en dicha audiencia.
Tenía como finalidad el estudio de violaciones de carácter procesal del juicio oral, así como de la sentencia que se dictara, esto es, de dicho estudio se determinaba si está en el caso de invalidar aquella o solo esta última.
Caso urgente: Hipótesis jurídica mediante la cual la policía en virtud de la instrucción escrita del Fiscal y tratándose de casos señalados en ley como graves, puede detener a un ciudadano de quien se estime con la lógica de lo probable que pudo haber cometido o participado en un hecho criminal y de quien se tenga el temor que se pueda sustraer a la acción de la justicia ante la imposibilidad de acudir con un Juez de Control a solicitar la orden de aprehensión correspondiente.
Casos para los que se permite el uso de declaraciones previas:
Casos para los que se permite el uso de declaraciones previas:
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Casación: En su momento, era un recurso contemplado en el Código de Procedimiento Penales del Estado de Durango; dicho recurso tenía como objetivo: 1) Invalidar la audiencia de juicio oral, 2) La sentencia, 3) La resolución de sobreseimiento dictada en dicha audiencia.
Tenía como finalidad el estudio de violaciones de carácter procesal del juicio oral, así como de la sentencia que se dictara, esto es, de dicho estudio se determinaba si está en el caso de invalidar aquella o solo esta última.
Caso urgente: Hipótesis jurídica mediante la cual la policía en virtud de la instrucción escrita del Fiscal y tratándose de casos señalados en ley como graves, puede detener a un ciudadano de quien se estime con la lógica de lo probable que pudo haber cometido o participado en un hecho criminal y de quien se tenga el temor que se pueda sustraer a la acción de la justicia ante la imposibilidad de acudir con un Juez de Control a solicitar la orden de aprehensión correspondiente.
Casos para los que se permite el uso de declaraciones previas:
Casos para los que se permite el uso de declaraciones previas:
- Refrescar memoria
- Evidenciar contradicciones
23 de enero de 2020
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Bien jurídico: Se dice del valor o premisa que es protegida sobre todo por la norma, tales como la vida, el patrimonio o salud y que representan el último fin de cada tipo penal. Dicho bien jurídico y de conformidad a la antijuridicidad material, podrá ser lesionado o puesto en peligro en virtud del grado de ejecución del hecho criminal.
Brutal ferocidad: Calificativa aplicable a los delitos de homicidio y lesiones que producen la conformación de un tipo penal complementado agravado y que se caracteriza por el desprecio que respecto de la dignidad humana demuestra el sujeto activo al momento de lesionar o privar de la vida a su víctima.
Carga de la prueba (Onus probandi): También conocida como el principio latino Onus probandi y mediante el cual se impone la obligación a las partes de demostrar judicialmente sus dichos. En materia penal y con el esquema del nuevo sistema de justicia se dice de la obligación del Fiscal para demostrar ante la autoridad jurisdiccional las acusaciones que plante y que permite la generación de la “defensa pasiva”, pues el defensor en todo caso puede optar por no ofrecer probanza alguna dentro del proceso al confiar en la debilidad o flaqueza de la pruebas aportadas por la Representación Social, pues en caso de no probarse la acusación, el órgano jurisdiccional tendrá que absolver al acusado. Por tanto, y dentro del nuevo sistema de justicia penal, se identifica tal principio como la obligación que tiene el Fiscal a efecto de demostrar ante el Juez de Control o Tribunal Oral la veracidad de sus argumentaciones y también la realidad del hecho típico por el cual acusa, así como la responsabilidad penal del imputado.
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Bien jurídico: Se dice del valor o premisa que es protegida sobre todo por la norma, tales como la vida, el patrimonio o salud y que representan el último fin de cada tipo penal. Dicho bien jurídico y de conformidad a la antijuridicidad material, podrá ser lesionado o puesto en peligro en virtud del grado de ejecución del hecho criminal.
Brutal ferocidad: Calificativa aplicable a los delitos de homicidio y lesiones que producen la conformación de un tipo penal complementado agravado y que se caracteriza por el desprecio que respecto de la dignidad humana demuestra el sujeto activo al momento de lesionar o privar de la vida a su víctima.
Carga de la prueba (Onus probandi): También conocida como el principio latino Onus probandi y mediante el cual se impone la obligación a las partes de demostrar judicialmente sus dichos. En materia penal y con el esquema del nuevo sistema de justicia se dice de la obligación del Fiscal para demostrar ante la autoridad jurisdiccional las acusaciones que plante y que permite la generación de la “defensa pasiva”, pues el defensor en todo caso puede optar por no ofrecer probanza alguna dentro del proceso al confiar en la debilidad o flaqueza de la pruebas aportadas por la Representación Social, pues en caso de no probarse la acusación, el órgano jurisdiccional tendrá que absolver al acusado. Por tanto, y dentro del nuevo sistema de justicia penal, se identifica tal principio como la obligación que tiene el Fiscal a efecto de demostrar ante el Juez de Control o Tribunal Oral la veracidad de sus argumentaciones y también la realidad del hecho típico por el cual acusa, así como la responsabilidad penal del imputado.
22 de enero de 2020
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Autor: Se acepta de forma general que autor es aquel sujeto que realiza la conducta criminal por sí mismo, ya sea por acción u omisión o comisión por omisión. Tal concepto se puede clasificar en autores que no realizan materialmente el hecho (autor intelectual o instigador, así como autor mediato) y aquellos que lo realizan en forma directa (autor material).
Autor directo: Será autor directo aquella persona que realice el hecho típico por sí mismo al contar con lo que la doctrina conoce al interior de la teoría objetiva de la intervención criminal como “el dominio del hecho”, lo cual significa que una persona tendrá tal carácter cuando domine el “qué” y el “cómo” del evento criminal, de tal forma que puede determinar el avance o terminación del mismo a su voluntad.
Autor mediato: Esta forma de autoría se caracteriza porque para su existencia, una persona (autor mediato) instrumentaliza la voluntad de otra para cometer un hecho criminal dándose lo anterior a través de la coacción, el error, el uso indebido de aparatos organizado de poder, o bien, al utilizar o instrumentalizar a personas inimputables.
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Autor: Se acepta de forma general que autor es aquel sujeto que realiza la conducta criminal por sí mismo, ya sea por acción u omisión o comisión por omisión. Tal concepto se puede clasificar en autores que no realizan materialmente el hecho (autor intelectual o instigador, así como autor mediato) y aquellos que lo realizan en forma directa (autor material).
Autor directo: Será autor directo aquella persona que realice el hecho típico por sí mismo al contar con lo que la doctrina conoce al interior de la teoría objetiva de la intervención criminal como “el dominio del hecho”, lo cual significa que una persona tendrá tal carácter cuando domine el “qué” y el “cómo” del evento criminal, de tal forma que puede determinar el avance o terminación del mismo a su voluntad.
Autor mediato: Esta forma de autoría se caracteriza porque para su existencia, una persona (autor mediato) instrumentaliza la voluntad de otra para cometer un hecho criminal dándose lo anterior a través de la coacción, el error, el uso indebido de aparatos organizado de poder, o bien, al utilizar o instrumentalizar a personas inimputables.
21 de enero de 2020
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Audiencia para solicitud de autorización de exámenes corporales, pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre u otros similares: Para la obtención de estos exámenes, es necesario que exista el consentimiento de la persona sobre quien se hará la prueba, que no haya riesgo o menoscabo para su salud o dignidad, y que tenga como fin la investigación del hecho punible. Para en caso de que no exista ese consentimiento, el Fiscal solicitará la correspondiente autorización al Juez de Control, quien en forma inmediata fijará una audiencia en la que citará al renuente y al Fiscal; en dicha audiencia ambas partes expondrán sus argumentos, y el Juez de Control autorizará dichos exámenes sólo cuando no exista riesgo o menoscabo para la salud o dignidad del renuente, y que tenga como fin la investigación del hecho punible.
Audiencia privada en donde se solicita embargo precautorio: Esta medida constituye la única forma de medida cautelar real, y a diferencia de las de carácter personal, su única función es la de garantizar la reparación de los posibles daños y perjuicios provocados por el hecho punible. En esta solicitud se deberá expresar el carácter con el que comparece el daño o perjuicio concreto que se pretende garantizar, así como la persona en contra de la cual se pide el embargo y los antecedentes con que se cuenta para considerar como probable responsable de reparar el daño a dicha persona. Dicha solicitud será resuelta en audiencia privada, a la que comparecerá el Fiscal y la víctima u ofendido; en dicha audiencia se expondrán los antecedentes, de los cuales se deberá desprender el posible daño o perjuicio y la probabilidad de que la persona en contra de la cual se pide el embargo precautorio sea responsable de reparar dicho daño.
Auto de apertura de juicio oral: Una vez que ha concluido el desarrollo de la audiencia intermedia, el Juez de Control debe dictar el auto de apertura de juicio oral. Los requisitos que se exigen son:
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Audiencia para solicitud de autorización de exámenes corporales, pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre u otros similares: Para la obtención de estos exámenes, es necesario que exista el consentimiento de la persona sobre quien se hará la prueba, que no haya riesgo o menoscabo para su salud o dignidad, y que tenga como fin la investigación del hecho punible. Para en caso de que no exista ese consentimiento, el Fiscal solicitará la correspondiente autorización al Juez de Control, quien en forma inmediata fijará una audiencia en la que citará al renuente y al Fiscal; en dicha audiencia ambas partes expondrán sus argumentos, y el Juez de Control autorizará dichos exámenes sólo cuando no exista riesgo o menoscabo para la salud o dignidad del renuente, y que tenga como fin la investigación del hecho punible.
Audiencia privada en donde se solicita embargo precautorio: Esta medida constituye la única forma de medida cautelar real, y a diferencia de las de carácter personal, su única función es la de garantizar la reparación de los posibles daños y perjuicios provocados por el hecho punible. En esta solicitud se deberá expresar el carácter con el que comparece el daño o perjuicio concreto que se pretende garantizar, así como la persona en contra de la cual se pide el embargo y los antecedentes con que se cuenta para considerar como probable responsable de reparar el daño a dicha persona. Dicha solicitud será resuelta en audiencia privada, a la que comparecerá el Fiscal y la víctima u ofendido; en dicha audiencia se expondrán los antecedentes, de los cuales se deberá desprender el posible daño o perjuicio y la probabilidad de que la persona en contra de la cual se pide el embargo precautorio sea responsable de reparar dicho daño.
Auto de apertura de juicio oral: Una vez que ha concluido el desarrollo de la audiencia intermedia, el Juez de Control debe dictar el auto de apertura de juicio oral. Los requisitos que se exigen son:
- Dar a conocer el nombre del los jueces o juez que integrarán el Tribunal de Juicio Oral que le corresponda conocer en turno.
- La acusación que deberá ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hayan realizado.
- Precisar los hechos que se dieran por probados.
- Deben señalarse las pruebas que se desahogarán en la audiencia de debate del juicio oral, individualización de sanciones y de reparación del daño.
- La identificación de quienes deban ser citados a la audiencia de debate de juicio oral.
20 de enero de 2020
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Audiencia en la que se resuelve la impugnación del archivo definitivo de la investigación: La víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar tal decisión del Ministerio Público, ya no ante el superior jerárquico de éste, sino de manera directa ante un Juez de Control; para ello, deberá dirigir un escrito al Juzgado de Control, en el que indicará la solicitud de audiencia en la que se resuelva mediante el levantamiento del archivo definitivo ordenado por la Fiscalía. Con lo anterior, se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia y se citará al Fiscal y al solicitante y, en su caso, al imputado y a su defensor.
Audiencia en la que se resuelve la reclamación del archivo temporal de la investigación: Las víctimas u ofendidos tienen la potestad de solicitar directamente al Fiscal la reapertura de la investigación con la finalidad de que realice nuevas diligencias que posibiliten la formulación de imputación; y en caso de que les sea negada dicha solicitud tiene la posibilidad de recurrir en reclamación ante el Fiscal General del Estado, si después de ello, aún le son negadas sus pretensiones, podrán acudir ante el Juez de Control y éste decidirá lo conducente. En ese caso, deberá dirigir un escrito al Juzgado de Control, en el que indicará la solicitud de audiencia en la que se resuelva sobre el levantamiento del archivo temporal ordenado por el Fiscal y sostenido por el Fiscal General; en cuyo caso, se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia y se citará al Fiscal y al solicitante. En la audiencia se escuchará ambas partes, lo anterior para dar cumplimiento al principio de contradicción y cuando el juzgador tenga suficientes elementos procederá a resolver en la misma, sobre la subsistencia o levantamiento del archivo temporal.
Audiencia específica para formular la imputación a una persona que no se encuentre detenida: A esta audiencia se citará al imputado, a quien se le mencionará que deberá comparecer acompañado de su defensor y que estarán a disposición de ambos los registros de la investigación. Al imputado se le citará con el apercibimiento de que en caso de no comparecer, se ordenará su aprehensión.
Para cuando comparezca el indiciado, la audiencia iniciará individualizando a los sujetos procesales, se le designará defensor al indiciado, se le tomarán sus generales, y se le preguntará si conoce de sus derechos constitucionales y legales.
Luego, se le cuestionará al defensor si tuvo acceso a los registros de la investigación, y en caso de que diga que no, se deberá comentar al Fiscal de tal circunstancia, y según lo que diga, se suspenderá la audiencia con la finalidad de que el imputado y su defensor se informen del contenido de los registros de la investigación. Después, se continuará la audiencia en los términos señalados para la audiencia de formulación de imputación.
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Audiencia en la que se resuelve la impugnación del archivo definitivo de la investigación: La víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar tal decisión del Ministerio Público, ya no ante el superior jerárquico de éste, sino de manera directa ante un Juez de Control; para ello, deberá dirigir un escrito al Juzgado de Control, en el que indicará la solicitud de audiencia en la que se resuelva mediante el levantamiento del archivo definitivo ordenado por la Fiscalía. Con lo anterior, se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia y se citará al Fiscal y al solicitante y, en su caso, al imputado y a su defensor.
Audiencia en la que se resuelve la reclamación del archivo temporal de la investigación: Las víctimas u ofendidos tienen la potestad de solicitar directamente al Fiscal la reapertura de la investigación con la finalidad de que realice nuevas diligencias que posibiliten la formulación de imputación; y en caso de que les sea negada dicha solicitud tiene la posibilidad de recurrir en reclamación ante el Fiscal General del Estado, si después de ello, aún le son negadas sus pretensiones, podrán acudir ante el Juez de Control y éste decidirá lo conducente. En ese caso, deberá dirigir un escrito al Juzgado de Control, en el que indicará la solicitud de audiencia en la que se resuelva sobre el levantamiento del archivo temporal ordenado por el Fiscal y sostenido por el Fiscal General; en cuyo caso, se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia y se citará al Fiscal y al solicitante. En la audiencia se escuchará ambas partes, lo anterior para dar cumplimiento al principio de contradicción y cuando el juzgador tenga suficientes elementos procederá a resolver en la misma, sobre la subsistencia o levantamiento del archivo temporal.
Audiencia específica para formular la imputación a una persona que no se encuentre detenida: A esta audiencia se citará al imputado, a quien se le mencionará que deberá comparecer acompañado de su defensor y que estarán a disposición de ambos los registros de la investigación. Al imputado se le citará con el apercibimiento de que en caso de no comparecer, se ordenará su aprehensión.
Para cuando comparezca el indiciado, la audiencia iniciará individualizando a los sujetos procesales, se le designará defensor al indiciado, se le tomarán sus generales, y se le preguntará si conoce de sus derechos constitucionales y legales.
Luego, se le cuestionará al defensor si tuvo acceso a los registros de la investigación, y en caso de que diga que no, se deberá comentar al Fiscal de tal circunstancia, y según lo que diga, se suspenderá la audiencia con la finalidad de que el imputado y su defensor se informen del contenido de los registros de la investigación. Después, se continuará la audiencia en los términos señalados para la audiencia de formulación de imputación.
19 de enero de 2020
Constitución Mexicana de 1857: La Carta constitucional federal que consolidó el amparo. Fue jurada el 5 de febrero de 1857 por los miembros del Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos y por el presidente Ignacio Comonfort. Su promulgación tuvo lugar el 11 de marzo del mismo año.
Constitución Mexicana de 1917: Carta constitucional federal que estableció la actual configuración del amparo mexicano. Su nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma a la de 5 de febrero de 1857. El 31 de enero de 1917 se rindió protesta de guardarla, tanto por los miembros del Congreso Constituyente como por Venustiano Carranza, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el primero de mayo siguiente.
Constitución yucateca de 1841: Carta constitucional estatal que creó el amparo en su sentido moderno, concebido, de modo fundamental, por Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, La Carta fue aprobada y promulgada en Mérida, Yucatán, el 31 de marzo de 1841 y entró en vigor el 16 de mayo del mismo año.
Constitución Mexicana de 1857: La Carta constitucional federal que consolidó el amparo. Fue jurada el 5 de febrero de 1857 por los miembros del Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos y por el presidente Ignacio Comonfort. Su promulgación tuvo lugar el 11 de marzo del mismo año.
Constitución Mexicana de 1917: Carta constitucional federal que estableció la actual configuración del amparo mexicano. Su nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma a la de 5 de febrero de 1857. El 31 de enero de 1917 se rindió protesta de guardarla, tanto por los miembros del Congreso Constituyente como por Venustiano Carranza, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el primero de mayo siguiente.
Constitución yucateca de 1841: Carta constitucional estatal que creó el amparo en su sentido moderno, concebido, de modo fundamental, por Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, La Carta fue aprobada y promulgada en Mérida, Yucatán, el 31 de marzo de 1841 y entró en vigor el 16 de mayo del mismo año.
18 de enero de 2020
Casación: La casación es medio de impugnación extraordinario que tiene por objeto examinar el procedimiento seguido ante los jueces y las resoluciones definitivas que éstos dicten. De declararse la nulidad, se procede a la reposición del procedimiento o a dictar una nueva sentencia.
Capacidad y personalidad: De acuerdo con Giuseppe Chiovenda, por capacidad puede entenderse la aptitud legal de un sujeto para ser parte en el proceso (capacidad para ser parte), lo mismo que para comparecer en juicio a fin de realizar actos procesales en nombre propio o por cuenta de otro (capacidad procesal).
Manuel Bernardo Espinoza Barragán expresa: “Desde el punto de vista procesal y en los términos de un concepto genérico, la personalidad es el reconocimiento que hace el Órgano Jurisdiccional a favor de quienes intervienen por sí o en representación de otro en juicio, para que puedan actuar eficazmente en el mismo".
Conexidad y litispendencia: Se presenta litispendencia en el amparo cuando existen dos juicios pendientes de resolución en lo que hay identidad de quejosos, autoridades y de acto reclamado (que se combate en forma simultánea en ambos juicios). Es importante destacar que la sola identidad de quejosos y de autoridades no es suficiente para que exista litispendencia, si de la lectura de las demandas se desprende que los actos reclamados son sustancialmente distintos.
Por su parte la conexidad es una situación procesal que se presenta cuando existen dos o más litigios, que han sido sometidos a distintos procesos, pero que tienen una causa o relación jurídica que los vincula. La conexidad, afirma Ovalle Favela, puede ser de dos tipos: objetiva, si los procesos se vinculan por provenir de la misma causa o relación jurídica sustantiva, o bien subjetiva, cuando en ella intervienen las mismas partes.
Casación: La casación es medio de impugnación extraordinario que tiene por objeto examinar el procedimiento seguido ante los jueces y las resoluciones definitivas que éstos dicten. De declararse la nulidad, se procede a la reposición del procedimiento o a dictar una nueva sentencia.
Capacidad y personalidad: De acuerdo con Giuseppe Chiovenda, por capacidad puede entenderse la aptitud legal de un sujeto para ser parte en el proceso (capacidad para ser parte), lo mismo que para comparecer en juicio a fin de realizar actos procesales en nombre propio o por cuenta de otro (capacidad procesal).
Manuel Bernardo Espinoza Barragán expresa: “Desde el punto de vista procesal y en los términos de un concepto genérico, la personalidad es el reconocimiento que hace el Órgano Jurisdiccional a favor de quienes intervienen por sí o en representación de otro en juicio, para que puedan actuar eficazmente en el mismo".
Conexidad y litispendencia: Se presenta litispendencia en el amparo cuando existen dos juicios pendientes de resolución en lo que hay identidad de quejosos, autoridades y de acto reclamado (que se combate en forma simultánea en ambos juicios). Es importante destacar que la sola identidad de quejosos y de autoridades no es suficiente para que exista litispendencia, si de la lectura de las demandas se desprende que los actos reclamados son sustancialmente distintos.
Por su parte la conexidad es una situación procesal que se presenta cuando existen dos o más litigios, que han sido sometidos a distintos procesos, pero que tienen una causa o relación jurídica que los vincula. La conexidad, afirma Ovalle Favela, puede ser de dos tipos: objetiva, si los procesos se vinculan por provenir de la misma causa o relación jurídica sustantiva, o bien subjetiva, cuando en ella intervienen las mismas partes.
17 de enero de 2020
Amparo para efectos: Una modalidad de la sentencia que ampara y protege es el “amparo para efectos”, introducido en nuestro sistema a través de la jurisprudencia, en asuntos de amparo directo, cuando se trata de violaciones de carácter formal.
Audiencia Constitucional: La audiencia constitucional es el acto formal que se desarrolla ante el Juez de Distrito, aunque no necesariamente con la presencia del mismo, durante la tramitación de la primera instancia de amparo indirecto, con objeto de ofrecer y desahogar pruebas, formular alegatos y dictar la sentencia relativa al asunto principal del amparo. Ello tiene como propósito evidente otorgar la garantía de audiencia en el proceso, a fin de que las partes sean oídas antes de que el juzgador federal se pronuncie sobre las pretensiones aducidas por ellas.
Autoridad para los efectos del amparo: Definir qué es una autoridad para los efectos del amparo ha sido uno de los problemas más complejos con que se ha enfrentado nuestra materia. Por ello, pretender formular una idea, así sea provisional, en tal sentido, resulta siempre aventurado. Sin perder de vista tal salvedad, podemos afirmar que autoridad, para los efectos de amparo, es la parte procesal que se integra por la persona física o moral perteneciente a la Federación, los estados o los municipios, que con facultades o sin ellas, en uso del poder público, de manera unilateral y obligatoria crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, en perjuicio de los gobernados.
Amparo para efectos: Una modalidad de la sentencia que ampara y protege es el “amparo para efectos”, introducido en nuestro sistema a través de la jurisprudencia, en asuntos de amparo directo, cuando se trata de violaciones de carácter formal.
Audiencia Constitucional: La audiencia constitucional es el acto formal que se desarrolla ante el Juez de Distrito, aunque no necesariamente con la presencia del mismo, durante la tramitación de la primera instancia de amparo indirecto, con objeto de ofrecer y desahogar pruebas, formular alegatos y dictar la sentencia relativa al asunto principal del amparo. Ello tiene como propósito evidente otorgar la garantía de audiencia en el proceso, a fin de que las partes sean oídas antes de que el juzgador federal se pronuncie sobre las pretensiones aducidas por ellas.
Autoridad para los efectos del amparo: Definir qué es una autoridad para los efectos del amparo ha sido uno de los problemas más complejos con que se ha enfrentado nuestra materia. Por ello, pretender formular una idea, así sea provisional, en tal sentido, resulta siempre aventurado. Sin perder de vista tal salvedad, podemos afirmar que autoridad, para los efectos de amparo, es la parte procesal que se integra por la persona física o moral perteneciente a la Federación, los estados o los municipios, que con facultades o sin ellas, en uso del poder público, de manera unilateral y obligatoria crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, en perjuicio de los gobernados.
16 de enero de 2020
Amparo directo: Proceso jurisdiccional impugnativo, usualmente de una sola instancia, que tiene por objetivo anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución, realizados en perjuicio de los gobernados. Se tramita ante un tribunal colegiado y, de modo excepcional, en segunda instancia, mediante el recurso de revisión, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene como presupuesto el que el acto de autoridad que se combate sea una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
Amparo indirecto: Proceso jurisdiccional autónomo, de doble instancia, que tiene por objeto anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución realizados en perjuicio de los gobernados. La primer instancia se tramita ante un Juez de Distrito (o ante un Tribunal Unitario de Circuito) y la segunda mediante el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el sistema de competencias establecido en la Ley. Tiene como presupuesto el que el acto de autoridad que se combate no es una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, dictado por Tribunales judiciales, administrativos o de trabajo.
Amparo soberanía: Pretende proteger a los gobernados en contra de las invasiones de competencias de la autoridad federal hacia la estatal y viceversa, cuando con ello se causa al propio gobernado un agravio personal y directo.
Amparo directo: Proceso jurisdiccional impugnativo, usualmente de una sola instancia, que tiene por objetivo anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución, realizados en perjuicio de los gobernados. Se tramita ante un tribunal colegiado y, de modo excepcional, en segunda instancia, mediante el recurso de revisión, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene como presupuesto el que el acto de autoridad que se combate sea una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
Amparo indirecto: Proceso jurisdiccional autónomo, de doble instancia, que tiene por objeto anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución realizados en perjuicio de los gobernados. La primer instancia se tramita ante un Juez de Distrito (o ante un Tribunal Unitario de Circuito) y la segunda mediante el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el sistema de competencias establecido en la Ley. Tiene como presupuesto el que el acto de autoridad que se combate no es una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, dictado por Tribunales judiciales, administrativos o de trabajo.
Amparo soberanía: Pretende proteger a los gobernados en contra de las invasiones de competencias de la autoridad federal hacia la estatal y viceversa, cuando con ello se causa al propio gobernado un agravio personal y directo.
15 de enero de 2020
Alegatos: Son las conclusiones de las partes en el proceso. Consisten en argumentos tendientes a demostrar que, con las pruebas aportadas al proceso, se demuestra la aplicación de la norma invocada al caso concreto, respecto de las cuestiones que integran la litis.
Amparo agrario: Procedimiento administrativo de carácter tutelar o protector del derecho social de los núcleos de población ejidal o comunal y de los ejidatarios y comuneros, así como de las pretensiones de derechos de aquellos que pertenezcan a la clase campesina.
Amparo: Es un proceso constitucional que tiene por objeto anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución realizados en perjuicio de los gobernados, mediante la actuación de los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación.
Alegatos: Son las conclusiones de las partes en el proceso. Consisten en argumentos tendientes a demostrar que, con las pruebas aportadas al proceso, se demuestra la aplicación de la norma invocada al caso concreto, respecto de las cuestiones que integran la litis.
Amparo agrario: Procedimiento administrativo de carácter tutelar o protector del derecho social de los núcleos de población ejidal o comunal y de los ejidatarios y comuneros, así como de las pretensiones de derechos de aquellos que pertenezcan a la clase campesina.
Amparo: Es un proceso constitucional que tiene por objeto anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución realizados en perjuicio de los gobernados, mediante la actuación de los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación.
14 de enero de 2020
Adhesión al recurso de revisión: En nuestro país se ha reducido la apelación adhesiva a una mera oportunidad para mejorar los razonamientos del juzgador de primer grado vertidos en los considerandos. El Poder Judicial de la Federación ha limitado la materia de los agravios al reforzamiento de la resolución que ha sido favorable al recurrente adhesivo.
Admisión y desechamiento de la demanda (de amparo): En forma general, la admisión de la demanda es un acto del juzgador por virtud del cual declara que la promoción del actor es eficaz para continuar con los actos del proceso. Por otro lado, para que el juzgador pueda desechar de plano una demanda de amparo indirecto es indispensable que las causales de improcedencia que invoque sean evidentes por sí mismas y no requieran de posteriores elementos de conocimiento por el juzgador para proveer en tal sentido.
Agravio personal y directo: En primer término, el agravio es la transgresión de la autoridad en los derechos fundamentales de una persona física o moral. El carácter personal proviene de la circunstancia de que el acto de autoridad debe afectar a una persona concreta, no abstracta, titular del derecho transgredido. Lo directo, en la jurisprudencia y en la doctrina, se refiere a que tal afectación debe ser pasada, presente o futura inminente.
Adhesión al recurso de revisión: En nuestro país se ha reducido la apelación adhesiva a una mera oportunidad para mejorar los razonamientos del juzgador de primer grado vertidos en los considerandos. El Poder Judicial de la Federación ha limitado la materia de los agravios al reforzamiento de la resolución que ha sido favorable al recurrente adhesivo.
Admisión y desechamiento de la demanda (de amparo): En forma general, la admisión de la demanda es un acto del juzgador por virtud del cual declara que la promoción del actor es eficaz para continuar con los actos del proceso. Por otro lado, para que el juzgador pueda desechar de plano una demanda de amparo indirecto es indispensable que las causales de improcedencia que invoque sean evidentes por sí mismas y no requieran de posteriores elementos de conocimiento por el juzgador para proveer en tal sentido.
Agravio personal y directo: En primer término, el agravio es la transgresión de la autoridad en los derechos fundamentales de una persona física o moral. El carácter personal proviene de la circunstancia de que el acto de autoridad debe afectar a una persona concreta, no abstracta, titular del derecho transgredido. Lo directo, en la jurisprudencia y en la doctrina, se refiere a que tal afectación debe ser pasada, presente o futura inminente.
13 de enero de 2020
Esta semana (13-19 enero) empezaremos a alternar los libros citados previamente, iniciando esta semana con el Diccionario del Juicio de amparo.
Acción de amparo: Es el derecho subjetivo procesal que tiene por objeto que los órganos competentes del Poder Judicial, seguidos los trámites establecidos para el amparo directo o el indirecto, resuelvan la pretensión litigiosa y, en su caso, ordenen que la sentencia se ejecute conforme al procedimiento previsto en la Constitución y en la ley secundaria.
Acta Constitutiva y de Reformas de 1847: Norma constitucional que federalizó al amparo. Fue sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847 y jurada y promulgada el 21 del mismo mes y año.
Acto reclamado: Consiste en un hacer, un no hacer e incluso la probabilidad de hacer, que el quejoso o agraviado imputa a la autoridad responsable, como violatorios de derechos fundamentales.
Esta semana (13-19 enero) empezaremos a alternar los libros citados previamente, iniciando esta semana con el Diccionario del Juicio de amparo.
Acción de amparo: Es el derecho subjetivo procesal que tiene por objeto que los órganos competentes del Poder Judicial, seguidos los trámites establecidos para el amparo directo o el indirecto, resuelvan la pretensión litigiosa y, en su caso, ordenen que la sentencia se ejecute conforme al procedimiento previsto en la Constitución y en la ley secundaria.
Acta Constitutiva y de Reformas de 1847: Norma constitucional que federalizó al amparo. Fue sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847 y jurada y promulgada el 21 del mismo mes y año.
Acto reclamado: Consiste en un hacer, un no hacer e incluso la probabilidad de hacer, que el quejoso o agraviado imputa a la autoridad responsable, como violatorios de derechos fundamentales.
12 de enero de 2020
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Audiencia en donde se formule imputación derivado del cumplimiento de una orden de aprehensión: Posterior a que se ejecute una orden judicial de aprehensión, el Juez de Control convocará de inmediato a una audiencia para que le sea formulada la imputación al detenido. Será la primera ocasión del indiciado frente al Juez de Control, por ello, tendrá que iniciar la audiencia individualizando a los sujetos procesales, designar defensor al detenido, tomarle sus generales, preguntar si conoce de sus derechos constitucionales y legales.
Audiencia en la que el imputado que tiene una orden de aprehensión en su contra se presente espontáneamente con la finalidad de que se le formule imputación: En caso de que se haya autorizado una orden de aprehensión con la finalidad de que se le formule la imputación y la persona en contra de la cual se giró, comparece de manera espontánea, esta audiencia se desarrollará en los términos como si se hubiese ejecutado la orden judicial de aprehensión.
Audiencia en la que se conoce la impugnación respecto de la negación o aplicación de un criterio de oportunidad: El Fiscal tiene la facultad de prescindir, total o parcialmente, de la persecución penal, así como limitarla a alguno o a varios hechos o a determinadas personas que participaron en su realización, es decir, de aplicar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal. Presentada la impugnación, el Juez de Control convocará a las partes a una audiencia para resolver lo conducente. En dicha audiencia estarán presentes las partes, quienes expondrán sus argumentos de forma oral y con los principios de contradicción e inmediación, y posterior a ello, el Juez de Control resolverá la controversia.
Diccionario Práctico del Juicio Oral
Audiencia en donde se formule imputación derivado del cumplimiento de una orden de aprehensión: Posterior a que se ejecute una orden judicial de aprehensión, el Juez de Control convocará de inmediato a una audiencia para que le sea formulada la imputación al detenido. Será la primera ocasión del indiciado frente al Juez de Control, por ello, tendrá que iniciar la audiencia individualizando a los sujetos procesales, designar defensor al detenido, tomarle sus generales, preguntar si conoce de sus derechos constitucionales y legales.
Audiencia en la que el imputado que tiene una orden de aprehensión en su contra se presente espontáneamente con la finalidad de que se le formule imputación: En caso de que se haya autorizado una orden de aprehensión con la finalidad de que se le formule la imputación y la persona en contra de la cual se giró, comparece de manera espontánea, esta audiencia se desarrollará en los términos como si se hubiese ejecutado la orden judicial de aprehensión.
Audiencia en la que se conoce la impugnación respecto de la negación o aplicación de un criterio de oportunidad: El Fiscal tiene la facultad de prescindir, total o parcialmente, de la persecución penal, así como limitarla a alguno o a varios hechos o a determinadas personas que participaron en su realización, es decir, de aplicar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal. Presentada la impugnación, el Juez de Control convocará a las partes a una audiencia para resolver lo conducente. En dicha audiencia estarán presentes las partes, quienes expondrán sus argumentos de forma oral y con los principios de contradicción e inmediación, y posterior a ello, el Juez de Control resolverá la controversia.
11 de enero de 2020
Audiencia de vinculación a proceso cuando el imputado opta por el plazo constitucional de 72 horas o por su duplicidad de 144 horas: Posterior a que se formule imputación, que se le haya hecho saber al imputado de su derecho a declarar o a guardar silencio, el Juez abrirá debate para nuevas solicitudes, en cuyo caso, el Ministerio Público tendrá la obligación de solicitar se vincule a proceso al recién imputado; luego, se e informará de dicha situación a éste; y que por ende, solicita que continúe la etapa de investigación, pero en su fase judicializada mediante el dictado de un auto de vinculación a proceso. Para ello, se le explicará que de optar por el plazo constitucional de 72 horas o por la duplicidad del mismo a 144 horas, será con la finalidad de que se fije hora y fecha para la audiencia de vinculación a proceso, en la cual podrá, por conducto de su defensor, aportar datos de prueba que controviertan a los que en su caso exponga el Ministerio Público.
Audiencia de vinculación a proceso cuando el imputado renuncia al plazo de 72 horas: Siguiendo con lo dispuesto en el concepto anterior, en el caso de que el imputado decida renunciar a dichos términos, tendrá como consecuencia que el Juez de Control resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia; para ello, se le indicará que lo consulte con su defensor, para que con base en una estrategia defensiva tome una decisión. Para el caso de que renuncie a dichos plazos, el Juez le concederá la voz al Ministerio Público para que exponga los antecedentes de la investigación; después, le da la voz a la defensa para que formule sus descargos, si lo estima pertinente de acuerdo a su estrategia defensiva. Concluido el debate, el Juez resolverá.
Audiencia de la etapa de investigación: Durante la etapa de investigación el Ministerio Público, como director de la investigación, tiene la posibilidad de practicar todos y cada uno de los actos de investigación que crea conveniente para el esclarecimiento de los hechos, materia de la denuncia o querella; sin embargo, requiere de autorización judicial cuando la naturaleza de los actos de investigación implique la restricción de derechos fundamentales.
Audiencia de vinculación a proceso cuando el imputado opta por el plazo constitucional de 72 horas o por su duplicidad de 144 horas: Posterior a que se formule imputación, que se le haya hecho saber al imputado de su derecho a declarar o a guardar silencio, el Juez abrirá debate para nuevas solicitudes, en cuyo caso, el Ministerio Público tendrá la obligación de solicitar se vincule a proceso al recién imputado; luego, se e informará de dicha situación a éste; y que por ende, solicita que continúe la etapa de investigación, pero en su fase judicializada mediante el dictado de un auto de vinculación a proceso. Para ello, se le explicará que de optar por el plazo constitucional de 72 horas o por la duplicidad del mismo a 144 horas, será con la finalidad de que se fije hora y fecha para la audiencia de vinculación a proceso, en la cual podrá, por conducto de su defensor, aportar datos de prueba que controviertan a los que en su caso exponga el Ministerio Público.
Audiencia de vinculación a proceso cuando el imputado renuncia al plazo de 72 horas: Siguiendo con lo dispuesto en el concepto anterior, en el caso de que el imputado decida renunciar a dichos términos, tendrá como consecuencia que el Juez de Control resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia; para ello, se le indicará que lo consulte con su defensor, para que con base en una estrategia defensiva tome una decisión. Para el caso de que renuncie a dichos plazos, el Juez le concederá la voz al Ministerio Público para que exponga los antecedentes de la investigación; después, le da la voz a la defensa para que formule sus descargos, si lo estima pertinente de acuerdo a su estrategia defensiva. Concluido el debate, el Juez resolverá.
Audiencia de la etapa de investigación: Durante la etapa de investigación el Ministerio Público, como director de la investigación, tiene la posibilidad de practicar todos y cada uno de los actos de investigación que crea conveniente para el esclarecimiento de los hechos, materia de la denuncia o querella; sin embargo, requiere de autorización judicial cuando la naturaleza de los actos de investigación implique la restricción de derechos fundamentales.
10 de enero de 2020
Audiencia de control de detención: En esta audiencia la labor del Ministerio Público radica en mostrar o hacer ver al Juez de Control, las circunstancias con las cuales fue detenido el gobernado que es presentado como imputado a dicha audiencia, para esto, resulta necesario destacar que en dicha audiencia no será relevante mostrar al imputado como el responsable del hecho típico, o bien, acreditar de forma fehacientes que se ha cometido un delito; de tal manera que el Ministerio Público deberá mostrar al Juez de Control, que el imputado fue detenido bajo alguno de los supuestos legítimos de detención contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Audiencia de formulación de imputación: Se observa que será una obligación para el agente del Ministerio Público que formule imputación, indicar al imputado los hechos que se le "acusan" mediante la explicación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión de los mismos, así como también el delito que se le imputa, la reparación del daño que se le requiere por éste, la persona que lo denuncia o se querella en su contra, así como la forma de intervención delictiva que a juicio de la Representación Social se puede derivar del estudio de lo ya expuesto en el hecho criminal.
Audiencia de imposición de medidas cautelares: un Esta audiencia reviste singular importancia para el Ministerio Público, pues en la misma será una obligación para este funcionario el justificar la necesidad de cautela que considera existe respecto a la persona del imputado, esto, en función de los fines de las medidas cautelares en cuanto a su naturaleza; preceptos en los que se reconoce como objetivo de aquéllas: lograr la comparecencia del imputado al proceso, lograr la protección de víctimas u ofendidos, así como de la comunidad en general y provocar en la medida de lo posible la conservación del acervo probatorio.
Audiencia de control de detención: En esta audiencia la labor del Ministerio Público radica en mostrar o hacer ver al Juez de Control, las circunstancias con las cuales fue detenido el gobernado que es presentado como imputado a dicha audiencia, para esto, resulta necesario destacar que en dicha audiencia no será relevante mostrar al imputado como el responsable del hecho típico, o bien, acreditar de forma fehacientes que se ha cometido un delito; de tal manera que el Ministerio Público deberá mostrar al Juez de Control, que el imputado fue detenido bajo alguno de los supuestos legítimos de detención contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Audiencia de formulación de imputación: Se observa que será una obligación para el agente del Ministerio Público que formule imputación, indicar al imputado los hechos que se le "acusan" mediante la explicación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión de los mismos, así como también el delito que se le imputa, la reparación del daño que se le requiere por éste, la persona que lo denuncia o se querella en su contra, así como la forma de intervención delictiva que a juicio de la Representación Social se puede derivar del estudio de lo ya expuesto en el hecho criminal.
Audiencia de imposición de medidas cautelares: un Esta audiencia reviste singular importancia para el Ministerio Público, pues en la misma será una obligación para este funcionario el justificar la necesidad de cautela que considera existe respecto a la persona del imputado, esto, en función de los fines de las medidas cautelares en cuanto a su naturaleza; preceptos en los que se reconoce como objetivo de aquéllas: lograr la comparecencia del imputado al proceso, lograr la protección de víctimas u ofendidos, así como de la comunidad en general y provocar en la medida de lo posible la conservación del acervo probatorio.
09 de enero de 2020
Argumento inductivo: Forma de pensamiento a través del cual y partiendo de pequeños trozos de información que se tiene por cierta dentro de un proceso, se puede transitar desde una verdad conocida hacia una verdad buscada. Esta forma de inferencia tiene primordial utilización dentro de la materia penal y por medio de la misma el juzgador puede unir o concatenar la información que arrojan o contienen diversos datos de prueba, en lo particular a efecto de poder establecer un hecho o circunstancia como ciertos con la lógica de lo probable.
Aseguramiento del imputado: Reconoce la posibilidad de que los agentes policiales puedan privar de su libertad deambulatoria a un ciudadano por considerar que éste ha participado en un delito, tal y como sería el caso de la flagrancia o bien que por órdenes expresas y por escrito del Ministerio Público y por considerar que es un caso urgente, detengan de igual forma a un gobernado.
Asistencia de medios de comunicación: Reconoce Dada la publicidad que caracteriza al sistema acusatorio y oral, se contempla en el mismo la posibilidad de que los medios de comunicación masiva asistan libremente a cualquier tipo de audiencia, salvo las excepciones de ley como es el caso relativo a las órdenes de aprehensión.
Argumento inductivo: Forma de pensamiento a través del cual y partiendo de pequeños trozos de información que se tiene por cierta dentro de un proceso, se puede transitar desde una verdad conocida hacia una verdad buscada. Esta forma de inferencia tiene primordial utilización dentro de la materia penal y por medio de la misma el juzgador puede unir o concatenar la información que arrojan o contienen diversos datos de prueba, en lo particular a efecto de poder establecer un hecho o circunstancia como ciertos con la lógica de lo probable.
Aseguramiento del imputado: Reconoce la posibilidad de que los agentes policiales puedan privar de su libertad deambulatoria a un ciudadano por considerar que éste ha participado en un delito, tal y como sería el caso de la flagrancia o bien que por órdenes expresas y por escrito del Ministerio Público y por considerar que es un caso urgente, detengan de igual forma a un gobernado.
Asistencia de medios de comunicación: Reconoce Dada la publicidad que caracteriza al sistema acusatorio y oral, se contempla en el mismo la posibilidad de que los medios de comunicación masiva asistan libremente a cualquier tipo de audiencia, salvo las excepciones de ley como es el caso relativo a las órdenes de aprehensión.
08 de enero de 2020
Aplicación retroactiva de garantías del imputado o acusado: Faculta procesal reconocida al imputado o acusado y a través de la cual carecerán de validez todos aquellos actos que hayan sido realizados sin observar los derechos fundamentales de aquél, esto a excepción de aquellos casos en los que por interés particular del indiciado desee que los mismos sigan teniendo validez a pesar de la vulneración de derechos que haya vivido.
Archivo definitivo: Instrumento de carácter procesal con el que cuenta la Fiscalía para que previa autorización de su titular o de la persona en quien se delegue dicha facultad, se puedan archivar de forma definitiva los antecedentes de investigación respecto de algún caso en el que se considere se hayan actualizado alguna de las causas de sobreseimiento que contempla la ley.
Archivo temporal: Instrumento de carácter procesal con el que cuenta el Ministerio Público para suspender temporalmente la investigación respecto de aquellas causas en las cuales no se observen mayores posibilidades de esclarecer los hechos.
Aplicación retroactiva de garantías del imputado o acusado: Faculta procesal reconocida al imputado o acusado y a través de la cual carecerán de validez todos aquellos actos que hayan sido realizados sin observar los derechos fundamentales de aquél, esto a excepción de aquellos casos en los que por interés particular del indiciado desee que los mismos sigan teniendo validez a pesar de la vulneración de derechos que haya vivido.
Archivo definitivo: Instrumento de carácter procesal con el que cuenta la Fiscalía para que previa autorización de su titular o de la persona en quien se delegue dicha facultad, se puedan archivar de forma definitiva los antecedentes de investigación respecto de algún caso en el que se considere se hayan actualizado alguna de las causas de sobreseimiento que contempla la ley.
Archivo temporal: Instrumento de carácter procesal con el que cuenta el Ministerio Público para suspender temporalmente la investigación respecto de aquellas causas en las cuales no se observen mayores posibilidades de esclarecer los hechos.
07 de enero de 2020
Animus rigendi: Elemento subjetivo que alude a la intención de los participantes de una contiende de obra (riña), mismo que se distingue por el ánimo recíproco de los contendientes para causarse daño al colocarse en un plano de ilicitud. Este elemento por su natural condición debe inferirse la mayor de las veces de las conductas desplegadas por cada uno de los sujetos intervinientes en la acción y analizarse debidamente de acuerdo a la teoría del delito, pues la inacción de uno de ellos puede ubicar la conducta como una simple agresión de carácter unilateral, o bien, trasladarse hacia una legítima defensa.
Antijuridicidad: Categoría de análisis del delito, también conocida como el “injusto penal”, pues representa la materialización de una conducta típica y anti-jurídica y tiene que ponderarse una vez que se ha determinado la existencia de una conducta típica para llegar a establecer la existencia del “injusto penal”, pues un comportamiento, aun y cuando sea típico, estaría justificado si se materializaran causas de justificación a favor del imputado, como son: legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, consentimiento de la víctima u ofendido, así como el ejercicio de un derecho.
Antijuridicidad formal y material: Figuras procesales inherentes al estudio del delito en cuanto a lo injustificada que resulta la conducta típica desplegada por el sujeto activo. De tal forma, se acepta que una conducta será típica y anti-jurídica cuando la misma no se haya realizado por alguna causa de justificación como lo serían: legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, consentimiento del pasivo o el ejercicio de un derecho. La antijuridicidad formal se materializa cuando una conducta vulnera lo dispuesto en la norma, mientras que la material será precisamente la materialización en la realidad de tal vulneración a la norma, la cual se distingue a razón de si la conducta haya logrado “lesionar”, o tan sólo “poner en peligro” al bien jurídico tutelado o protegido por la norma.
Animus rigendi: Elemento subjetivo que alude a la intención de los participantes de una contiende de obra (riña), mismo que se distingue por el ánimo recíproco de los contendientes para causarse daño al colocarse en un plano de ilicitud. Este elemento por su natural condición debe inferirse la mayor de las veces de las conductas desplegadas por cada uno de los sujetos intervinientes en la acción y analizarse debidamente de acuerdo a la teoría del delito, pues la inacción de uno de ellos puede ubicar la conducta como una simple agresión de carácter unilateral, o bien, trasladarse hacia una legítima defensa.
Antijuridicidad: Categoría de análisis del delito, también conocida como el “injusto penal”, pues representa la materialización de una conducta típica y anti-jurídica y tiene que ponderarse una vez que se ha determinado la existencia de una conducta típica para llegar a establecer la existencia del “injusto penal”, pues un comportamiento, aun y cuando sea típico, estaría justificado si se materializaran causas de justificación a favor del imputado, como son: legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, consentimiento de la víctima u ofendido, así como el ejercicio de un derecho.
Antijuridicidad formal y material: Figuras procesales inherentes al estudio del delito en cuanto a lo injustificada que resulta la conducta típica desplegada por el sujeto activo. De tal forma, se acepta que una conducta será típica y anti-jurídica cuando la misma no se haya realizado por alguna causa de justificación como lo serían: legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, consentimiento del pasivo o el ejercicio de un derecho. La antijuridicidad formal se materializa cuando una conducta vulnera lo dispuesto en la norma, mientras que la material será precisamente la materialización en la realidad de tal vulneración a la norma, la cual se distingue a razón de si la conducta haya logrado “lesionar”, o tan sólo “poner en peligro” al bien jurídico tutelado o protegido por la norma.
06 de enero de 2020
Analogía (Método de interpretación): Basado en las semejanzas existentes entre dos figuras a efecto de aplicar los criterios o reglas que imperan o tiene validez para una, también respecto de la otra. Tales semejanzas deben ser muy fuertes y coincidentes para llegar a integrar una laguna al tomar como punto de referencia a lo resuelto para la diversa figura jurídica. A lo anterior hay que agregar que aun y cuando en materia penal está prohibida la aplicación analógica de la ley, a excepción de cuando favorezca al indiciado, tal restricción no alcanza a los conceptos o reflexiones que pudiese contener la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en este caso se podrán utilizar libremente los razonamiento vertidos en dichas ejecutorias a efecto de apoyar su aplicación analógica a casos distintos pero semejantes entre sí en su entorno más cercano.
Animus laedendi: Elemento subjetivo del tipo penal de lesiones y que alude a la intención o conducta desplegada por el sujeto activo del hecho típico, para generan un daño o alteración a la salud del sujeto pasivo y que permite establecer que, de forma independiente al resultado causado, la intención criminal era precisamente la de lesionar a su víctima. Este ánimo o intención al ser de naturaleza interna y relativa por lo general a la psique del individuo, se debe inferir de los actos desplegados por el sujeto activo, pues en pocas ocasiones se expresa por el imputado de forma abierta su intención de lesionar al pasivo.
Animus necandi u occidendi: Es un elemento subjetivo del tipo penal de homicidio en grado de tentativa, el cual alude a la intención del sujeto activo de la conducta en cuanto a privar de la vida al sujeto pasivo. Este elemento por lo general se tendrá que inferir de los actos ejecutados por el agresor y de los cuales se puede establecer por lógico que su intención era en realidad la de matar a la víctima, pues sin este elemento habría que reclasificar jurídicamente el hecho típico con el tipo penal de lesiones en caso de haberse dado algún daño o alteración a la salud de la víctima, ya que el ánimo del autor estaría dirigido a lesionar el bien jurídico representado por la integridad corporal, más no el relativo a la vida.
Analogía (Método de interpretación): Basado en las semejanzas existentes entre dos figuras a efecto de aplicar los criterios o reglas que imperan o tiene validez para una, también respecto de la otra. Tales semejanzas deben ser muy fuertes y coincidentes para llegar a integrar una laguna al tomar como punto de referencia a lo resuelto para la diversa figura jurídica. A lo anterior hay que agregar que aun y cuando en materia penal está prohibida la aplicación analógica de la ley, a excepción de cuando favorezca al indiciado, tal restricción no alcanza a los conceptos o reflexiones que pudiese contener la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en este caso se podrán utilizar libremente los razonamiento vertidos en dichas ejecutorias a efecto de apoyar su aplicación analógica a casos distintos pero semejantes entre sí en su entorno más cercano.
Animus laedendi: Elemento subjetivo del tipo penal de lesiones y que alude a la intención o conducta desplegada por el sujeto activo del hecho típico, para generan un daño o alteración a la salud del sujeto pasivo y que permite establecer que, de forma independiente al resultado causado, la intención criminal era precisamente la de lesionar a su víctima. Este ánimo o intención al ser de naturaleza interna y relativa por lo general a la psique del individuo, se debe inferir de los actos desplegados por el sujeto activo, pues en pocas ocasiones se expresa por el imputado de forma abierta su intención de lesionar al pasivo.
Animus necandi u occidendi: Es un elemento subjetivo del tipo penal de homicidio en grado de tentativa, el cual alude a la intención del sujeto activo de la conducta en cuanto a privar de la vida al sujeto pasivo. Este elemento por lo general se tendrá que inferir de los actos ejecutados por el agresor y de los cuales se puede establecer por lógico que su intención era en realidad la de matar a la víctima, pues sin este elemento habría que reclasificar jurídicamente el hecho típico con el tipo penal de lesiones en caso de haberse dado algún daño o alteración a la salud de la víctima, ya que el ánimo del autor estaría dirigido a lesionar el bien jurídico representado por la integridad corporal, más no el relativo a la vida.
05 de enero de 2020
Acusador coadyuvante: Es una figura jurídica contemplada en la legislación procesal penal que el Estado de Durango tenía anteriormente a que entrara en vigor el CNPP en esa entidad, su fundamento jurídico puede ser encontrada en el artículo 133 del Código Procesal Penal del Estado de Durango, y refiere que el objeto de esta figura jurídica era hacer las veces de asesor jurídico de la víctima.
El Diccionario Práctico del Juicio Oral refiere que mediante dicho concepto el ciudadano que se vea afectado por cualquier hecho típico podrá actuar de forma directa dentro del proceso penal. Dicha actuación o “rol”, abarcará la posibilidad de impugnar las decisiones que se tomen dentro del proceso e incluso la de señalar y corregir las deficiencias en que pudiera llegar a incurrir el Ministerio Público en el ejercicio de su función, así como ofrecer pruebas que ayuden y resulten idóneas para acreditar la responsabilidad del imputado y la justificación del pago de la reparación del daño.
Alegatos de apertura: Este momento procesal representa el inicio de la participación de las partes en la audiencia de debate de juicio oral y su importancia sobre todo radica en la posibilidad material tanto para el Ministerio Público, como para la defensa, de comunicar sus ideas respecto de cómo pasaron los hechos al Tribunal Oral, así como de prevenirlos respecto de aquellas pruebas que serán trascendentales para probar sus respectivos dichos y de igual manera alertarlos de alguna prueba que se considera inadecuada o de dudosa credibilidad por la contraparte.
Alegatos de clausura: Será el momento procesal oportuno para que el Agente del Ministerio Público y la defensa hagan saber al Tribunal Oral que su teoría del caso ha quedado plenamente acreditada, para lo cual tendrán que expresarle a los juzgadores que intervinieron en el juicio oral, que las pruebas desahogadas en la audiencia de debate permiten acreditar con la sana crítica que efectivamente se cometió o no un hecho, el cual la ley señala como delito, y en su caso no queda duda razonable respecto de que el acusado lo realizó.
Acusador coadyuvante: Es una figura jurídica contemplada en la legislación procesal penal que el Estado de Durango tenía anteriormente a que entrara en vigor el CNPP en esa entidad, su fundamento jurídico puede ser encontrada en el artículo 133 del Código Procesal Penal del Estado de Durango, y refiere que el objeto de esta figura jurídica era hacer las veces de asesor jurídico de la víctima.
El Diccionario Práctico del Juicio Oral refiere que mediante dicho concepto el ciudadano que se vea afectado por cualquier hecho típico podrá actuar de forma directa dentro del proceso penal. Dicha actuación o “rol”, abarcará la posibilidad de impugnar las decisiones que se tomen dentro del proceso e incluso la de señalar y corregir las deficiencias en que pudiera llegar a incurrir el Ministerio Público en el ejercicio de su función, así como ofrecer pruebas que ayuden y resulten idóneas para acreditar la responsabilidad del imputado y la justificación del pago de la reparación del daño.
Alegatos de apertura: Este momento procesal representa el inicio de la participación de las partes en la audiencia de debate de juicio oral y su importancia sobre todo radica en la posibilidad material tanto para el Ministerio Público, como para la defensa, de comunicar sus ideas respecto de cómo pasaron los hechos al Tribunal Oral, así como de prevenirlos respecto de aquellas pruebas que serán trascendentales para probar sus respectivos dichos y de igual manera alertarlos de alguna prueba que se considera inadecuada o de dudosa credibilidad por la contraparte.
Alegatos de clausura: Será el momento procesal oportuno para que el Agente del Ministerio Público y la defensa hagan saber al Tribunal Oral que su teoría del caso ha quedado plenamente acreditada, para lo cual tendrán que expresarle a los juzgadores que intervinieron en el juicio oral, que las pruebas desahogadas en la audiencia de debate permiten acreditar con la sana crítica que efectivamente se cometió o no un hecho, el cual la ley señala como delito, y en su caso no queda duda razonable respecto de que el acusado lo realizó.
04 de enero de 2020
Acusación: Facultad discrecional del Ministerio Público mediante la cual solicita formalmente a la autoridad jurisdiccional la imposición de pena o medida de seguridad determinada en contra del indiciado, debido a considerar que cuenta con datos de prueba suficientes para acreditar que fue cometido un hecho que la ley señala como delito, así como la plena responsabilidad del acusado en los mismos y así destruir el principio de presunción de inocencia que opera a favor de aquél.
Acusación escrita y ofrecimiento de pruebas: La acusación es el acto procesal a través del cual la Representación Social y una vez que ha concluido sus actividades de investigación, formaliza sus intenciones de obtener una sentencia de condena respecto de la persona del imputado, quien, a partir de la presentación de la acusación por parte del órgano investigador, recibirá la denominación de acusado.
El escrito de acusación es prácticamente el documento que condensa la teoría del caso del Ministerio Público, pues en la misma se pueden distinguir los hechos a examen con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar; la clasificación jurídica que los mismos merecen a los ojos del Ministerio Público, así como también los datos de prueba que se consideran suficientes y necesarios para que la Representación Social pueda llegar a obtener, mediante su desahogo, una sentencia de condena, así como la reparación del daño causado a la víctima u ofendido en los casos que así proceda.
Acusado: Denominación genérica respecto a la persona que dentro del proceso penal de corte acusatorio y oral y de forma posterior al dictado del auto de vinculación a proceso en su contra, se le plantea la acusación en su contra por parte del Ministerio Público al haber considerado tal órgano técnico que de los datos de prueba recabados durante la etapa de investigación, cuenta con elementos suficientes para acreditar ante la autoridad jurisdiccional la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la plena responsabilidad del acusado en la comisión del mismo.
Acusación: Facultad discrecional del Ministerio Público mediante la cual solicita formalmente a la autoridad jurisdiccional la imposición de pena o medida de seguridad determinada en contra del indiciado, debido a considerar que cuenta con datos de prueba suficientes para acreditar que fue cometido un hecho que la ley señala como delito, así como la plena responsabilidad del acusado en los mismos y así destruir el principio de presunción de inocencia que opera a favor de aquél.
Acusación escrita y ofrecimiento de pruebas: La acusación es el acto procesal a través del cual la Representación Social y una vez que ha concluido sus actividades de investigación, formaliza sus intenciones de obtener una sentencia de condena respecto de la persona del imputado, quien, a partir de la presentación de la acusación por parte del órgano investigador, recibirá la denominación de acusado.
El escrito de acusación es prácticamente el documento que condensa la teoría del caso del Ministerio Público, pues en la misma se pueden distinguir los hechos a examen con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar; la clasificación jurídica que los mismos merecen a los ojos del Ministerio Público, así como también los datos de prueba que se consideran suficientes y necesarios para que la Representación Social pueda llegar a obtener, mediante su desahogo, una sentencia de condena, así como la reparación del daño causado a la víctima u ofendido en los casos que así proceda.
Acusado: Denominación genérica respecto a la persona que dentro del proceso penal de corte acusatorio y oral y de forma posterior al dictado del auto de vinculación a proceso en su contra, se le plantea la acusación en su contra por parte del Ministerio Público al haber considerado tal órgano técnico que de los datos de prueba recabados durante la etapa de investigación, cuenta con elementos suficientes para acreditar ante la autoridad jurisdiccional la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la plena responsabilidad del acusado en la comisión del mismo.
03 de enero de 2020
Actos urgentes de la investigación por parte del Ministerio Público: Puede identificarse por las serias decisiones que debe tomar el Agente del Ministerio Público (ahora fiscal) que esté conociendo del caso concreto, pues de la teoría del caso que éste haya dibujado a razón de los hechos ya conocidos dependerá la estrategia que utilizará para la investigación, misma que puede conllevar la puesta a disposición del imputado ante el Juez de Control para la celebración de la audiencia de control de detención, así como la libertad bajo reserva de ley del imputado para posteriormente citarlo a la audiencia de formulación de imputación ante el Juez de Control, o bien la libertad total ante falta de datos de prueba que resulten suficientes para continuar la investigación en su contra.
Acuerdos probatorios: Convenios de carácter procesal generados por las partes en la audiencia intermedia a razón de los que se determina tener por válido y debidamente acreditado para la audiencia de debate de juicio oral, determinada cuestión o incidencia del hecho criminal, lo cual motivará que tal circunstancia se tenga por cierta para la audiencia de debate de juicio oral y, por tanto, no sea necesario demostrarla en la misma.
Acumulación de juicios: Figura procesal conocida generalmente como conexidad y que se caracteriza porque a una persona se le imputan dos o más hechos, ante lo cual la autoridad jurisdiccional ya sea de oficio o a petición de las partes puede acordar que las diversas causas se lleven en un solo momento procesal, es decir, bajo una misma tramitación a efecto de que el procesado se pueda defender en un solo tiempo y de manera sucesiva de todo lo que se le acusa, esto, siempre y cuando no se vulneren sus derechos de defensa o se afecte la regularidad del proceso.
Actos urgentes de la investigación por parte del Ministerio Público: Puede identificarse por las serias decisiones que debe tomar el Agente del Ministerio Público (ahora fiscal) que esté conociendo del caso concreto, pues de la teoría del caso que éste haya dibujado a razón de los hechos ya conocidos dependerá la estrategia que utilizará para la investigación, misma que puede conllevar la puesta a disposición del imputado ante el Juez de Control para la celebración de la audiencia de control de detención, así como la libertad bajo reserva de ley del imputado para posteriormente citarlo a la audiencia de formulación de imputación ante el Juez de Control, o bien la libertad total ante falta de datos de prueba que resulten suficientes para continuar la investigación en su contra.
Acuerdos probatorios: Convenios de carácter procesal generados por las partes en la audiencia intermedia a razón de los que se determina tener por válido y debidamente acreditado para la audiencia de debate de juicio oral, determinada cuestión o incidencia del hecho criminal, lo cual motivará que tal circunstancia se tenga por cierta para la audiencia de debate de juicio oral y, por tanto, no sea necesario demostrarla en la misma.
Acumulación de juicios: Figura procesal conocida generalmente como conexidad y que se caracteriza porque a una persona se le imputan dos o más hechos, ante lo cual la autoridad jurisdiccional ya sea de oficio o a petición de las partes puede acordar que las diversas causas se lleven en un solo momento procesal, es decir, bajo una misma tramitación a efecto de que el procesado se pueda defender en un solo tiempo y de manera sucesiva de todo lo que se le acusa, esto, siempre y cuando no se vulneren sus derechos de defensa o se afecte la regularidad del proceso.
02 de enero de 2020
Acto ejecutivo: Es el cuarto grado de ejecución del delito mediante el cual el sujeto activo desarrolla la segunda fase o etapa de iter criminis, esto, al penetrar el núcleo rector del tipo penal de que se trate tal como "apoderarse", "privar de la vida" o "dañar o alterar la salud". Concepto que consiste en una fase interna en la cual el sujeto sólo contempla la posibilidad de realizar el hecho criminal, ya que no es sancionable penalmente y la fase externa en la que el sujeto activo comienza a exteriorizar en la realidad acciones necesarias para la consecución del tipo penal y en cuyo caso dependerá del asunto concreto para determinar los grados de ejecución que llegue a precisar, pues habrá que recordar que los cinco grados de ejecución del tipo penal por lo general aceptados por la doctrina son: los medios preparatorios, la tentativa, el desistimiento de la tentativa, los actos ejecutivos y el arrepentimiento.
Actos urgentes: Aquellas actividades que la autoridad no puede postergar o diferir en cuanto a su cumplimiento, esto, a pesar de que se considere incompetente para ello, pues su misma naturaleza la obliga a ello. Tal situación se da generalmente cuando se pone a disposición del Juez de Control a un imputado de quien dicha autoridad se considera incompetente, por la naturaleza del hecho típico que se le imputa y, sin embargo, tiene que pronunciarse sobre su situación jurídica.
Actos urgentes de investigación por parte de la policía de los cuerpos de seguridad pública municipal o estatal: Es precisamente la policía y los cuerpos de seguridad pública quienes por lo general realizan los primeros actos de investigación una vez sucedido el hecho criminal, de ahí la necesidad de relatar aún en forma breve, diversas incidencias que se pueden presentar en el transcurso de su labor, pues como ya ha sido señalado, la labor que llegue a realizar el policía en cumplimiento de su deber quizá impacte positiva o negativamente en la calidad y legalidad de los datos de prueba que se entreguen después al Ministerio Público y por ende, en sus posibilidades de éxito respecto de los fines de la investigación.
Acto ejecutivo: Es el cuarto grado de ejecución del delito mediante el cual el sujeto activo desarrolla la segunda fase o etapa de iter criminis, esto, al penetrar el núcleo rector del tipo penal de que se trate tal como "apoderarse", "privar de la vida" o "dañar o alterar la salud". Concepto que consiste en una fase interna en la cual el sujeto sólo contempla la posibilidad de realizar el hecho criminal, ya que no es sancionable penalmente y la fase externa en la que el sujeto activo comienza a exteriorizar en la realidad acciones necesarias para la consecución del tipo penal y en cuyo caso dependerá del asunto concreto para determinar los grados de ejecución que llegue a precisar, pues habrá que recordar que los cinco grados de ejecución del tipo penal por lo general aceptados por la doctrina son: los medios preparatorios, la tentativa, el desistimiento de la tentativa, los actos ejecutivos y el arrepentimiento.
Actos urgentes: Aquellas actividades que la autoridad no puede postergar o diferir en cuanto a su cumplimiento, esto, a pesar de que se considere incompetente para ello, pues su misma naturaleza la obliga a ello. Tal situación se da generalmente cuando se pone a disposición del Juez de Control a un imputado de quien dicha autoridad se considera incompetente, por la naturaleza del hecho típico que se le imputa y, sin embargo, tiene que pronunciarse sobre su situación jurídica.
Actos urgentes de investigación por parte de la policía de los cuerpos de seguridad pública municipal o estatal: Es precisamente la policía y los cuerpos de seguridad pública quienes por lo general realizan los primeros actos de investigación una vez sucedido el hecho criminal, de ahí la necesidad de relatar aún en forma breve, diversas incidencias que se pueden presentar en el transcurso de su labor, pues como ya ha sido señalado, la labor que llegue a realizar el policía en cumplimiento de su deber quizá impacte positiva o negativamente en la calidad y legalidad de los datos de prueba que se entreguen después al Ministerio Público y por ende, en sus posibilidades de éxito respecto de los fines de la investigación.
01 de enero de 2020
Acceso a los registros de la investigación: El Ministerio Público deberá permitir tanto al imputado como a su defensor el libre acceso a los registros de la investigación, pues esto es requisito para que pueda realizarse la audiencia de formulación de imputación y así el indiciado y su defensor se encuentren en condiciones reales de participar activamente en tal audiencia al conocer el contenido de la carpeta de investigación. Lo anterior tiene su origen constitucional en la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la CPEUM, la cual establece el acceso a la investigación por parte del indiciado y su defensa, como requisito sine qua non para la celebración de cualquier audiencia ante el Juez de Control y a través de lo cual pudiese decretarse un receso en cualquier tipo de audiencia, siempre y cuando se exponga por el defensor no haber tenido acceso previo a la carpeta respectiva, tal y como sería el caso de aquel profesionista del derecho que ya iniciado el proceso penal asuma la defensa del imputado, esto, al sustituir a un diverso defensor.
Acción libre en su causa: También conocida como el principio latino actio liberae in causa, de la que se afirma que una persona no podrá liberarse de la responsabilidad penal que le pudiese corresponder por actos realizados bajo el influjo de sustancias prohibidas, bebidas o drogas que le hayan alterado su conciencia o percepción de la realidad, esto, siempre y cuando dicha persona se haya provocado o puesto voluntariamente en tal situación.
Acción penal privada: Con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, el Poder Revisor de la Constitución instauró "la acción penal privada" donde los particulares pueden ocurrir ante lo tribunales a ejercer la acción penal, sin necesidad de acudir ante el Ministerio Público para que los represente. Bajo la lupa del constituyente permanente, el status quo que efectivamente dejaba en el desamparo a las víctimas del delito, lo cual se traducía en impunidad para el delincuente. Por tanto, si se estaba ideando un sistema de justicia penal que también se tradujera en más garantías para víctimas y ofendidos, la incorporación de la acción penal privada significaba un instrumento útil para tal fin, pues representó la oportunidad para que éstos ocurran directamente ante los tribunales en busca de justicia.
Acceso a los registros de la investigación: El Ministerio Público deberá permitir tanto al imputado como a su defensor el libre acceso a los registros de la investigación, pues esto es requisito para que pueda realizarse la audiencia de formulación de imputación y así el indiciado y su defensor se encuentren en condiciones reales de participar activamente en tal audiencia al conocer el contenido de la carpeta de investigación. Lo anterior tiene su origen constitucional en la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la CPEUM, la cual establece el acceso a la investigación por parte del indiciado y su defensa, como requisito sine qua non para la celebración de cualquier audiencia ante el Juez de Control y a través de lo cual pudiese decretarse un receso en cualquier tipo de audiencia, siempre y cuando se exponga por el defensor no haber tenido acceso previo a la carpeta respectiva, tal y como sería el caso de aquel profesionista del derecho que ya iniciado el proceso penal asuma la defensa del imputado, esto, al sustituir a un diverso defensor.
Acción libre en su causa: También conocida como el principio latino actio liberae in causa, de la que se afirma que una persona no podrá liberarse de la responsabilidad penal que le pudiese corresponder por actos realizados bajo el influjo de sustancias prohibidas, bebidas o drogas que le hayan alterado su conciencia o percepción de la realidad, esto, siempre y cuando dicha persona se haya provocado o puesto voluntariamente en tal situación.
Acción penal privada: Con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, el Poder Revisor de la Constitución instauró "la acción penal privada" donde los particulares pueden ocurrir ante lo tribunales a ejercer la acción penal, sin necesidad de acudir ante el Ministerio Público para que los represente. Bajo la lupa del constituyente permanente, el status quo que efectivamente dejaba en el desamparo a las víctimas del delito, lo cual se traducía en impunidad para el delincuente. Por tanto, si se estaba ideando un sistema de justicia penal que también se tradujera en más garantías para víctimas y ofendidos, la incorporación de la acción penal privada significaba un instrumento útil para tal fin, pues representó la oportunidad para que éstos ocurran directamente ante los tribunales en busca de justicia.
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Palabras diarias 2019
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Palabras de septiembre a diciembre 2018 |
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