Fórmula del Conocimiento

3 x 7 x 4 x 12

Si realizamos la operación aquí señalada nos da como resultado la cantidad de 1,008. Le llamamos la fórmula del conocimiento porque con disciplina, constancia e interés; 1,008 serían las palabras que en un año puedes integrar en tu conocimiento.

¿Te atreves a conocer más?

Diccionario del Juicio de Amparo (2005)
Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres

El equipo de SIJUFOR, reforzando nuestro compromiso con la capacitación constante y preparación continua, hemos buscado ampliar nuestra “Fórmula del conocimiento”; incluyendo en las palabras diarias las expuestas en el libro “Diccionario del Juicio de Amparo” (2005), del cual agradecemos la anuencia a su autor el Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres, respetado y admirado gran amigo del equipo de SIJUFOR, y de quien ya se tuvo la satisfacción de escuchar y compartir aula teniéndolo como maestro y ponente. El Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres ha sido catedrático en materias de Derecho a nivel Licenciatura y Posgrado, conferencista y autor de varias obras entre las que destacan Elementos de derecho bancario (1997), Derecho bancario (2003), Diccionario del juicio de amparo (2005), Curso general de amparo (2007) y Curso general de amparo. Banco de preguntas (2009); además ha publicado diversos artículos sobre temas jurídicos, en revistas de la materia.

La forma de organizar las palabras diarias en este apartado será alternando una semana (lunes a domingo) para cada uno de los libros aquí presentados, es decir, una semana se publicarán 3 conceptos diarios del libro “Diccionario Práctico del Juicio Oral” y la semana consecutiva serán 3 términos del libro “Diccionario del Juicio de amparo”, así sucesivamente.

Diccionario Práctico del Juicio Oral (2011)
Maestro Manuel Valadez Díaz

Gracias a la colaboración del Maestro Manuel Valadez Díaz, este año 2020 lo desarrollaremos con el material presentado en el libro "Diccionario Práctico del Juicio Oral" (2011) (Editorial UBIJUS). El Maestro Manuel Valadez Díaz ha sido autor de 8 libros sobre Sistema Penal Acusatorio. Incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales Comentado con Doctrina y Jurisprudencia Nacional e Internacional. Docente certificado por la SETEC. Capacitador a nivel nacional sobre Sistema Acusatorio de Jueces, Agentes del Ministerio Público, defensores públicos y privados. Conferencista en materia penal, procesal penal y derechos humanos. Docente a nivel licenciatura y posgrado en materias de Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal. Asimismo se ha desarrollado como Juez de Control y Oralidad Penal del Poder Judicial del Estado de Durango, México.

Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y ConvencionalSiendo el 23 de abril de 2020 damos por finalizado el libro del Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres, para empezar con otros conceptos y términos presentados en el DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, publicado por el Poder Judicial de la Federación, mediante el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2014.

Hemos terminado de exprimir el conocimiento que el Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres nos permitió compartir con su obra Diccionario del Juicio de amparo. Hemos presentado cada uno de los conceptos, deducciones, términos, nociones y percepciones que abarca este gran texto, y que se han prestado para el formato de conceptos dentro de nuestra sección de la Fórmula del conocimiento. Terminaremos esta semana con los conceptos del nuevo texto y la siguiente semana continuaremos con el Diccionario Práctico de Juicio Oral y seguiremos alternando semana como hemos estado haciendo.

Sin dejar de mencionar que cualquier consulta adicional o para mayores referencias futuras sobre el libro del Dr. Humberto Ruiz, nos pueden solicitar la información por este medio y con gusto la compartimos; ya que en cada uno de los conceptos presentados en este libro, también anexa un poco de historia para cada uno de estos.

Siendo 31 de mayo de 2020 hemos terminado con los términos referidos en el libro Diccionario Práctico del Juicio Oral presentado por el Maestro Manuel Valadez Díaz; agradecemos el aporte que al Maestro nos ha permitido tomar y compartir de su experiencia. Continuaremos con esta sección compartiendo los conceptos presentados en el libro DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Asimismo, para mayores referencias en cuanto a los términos planteados, pueden solicitar la información.

Siendo el 6 de noviembre de 2020 hemos terminado con los conceptos contenidos en el libro "Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional" y comenzamos a compartir con ustedes los términos referidos en el libro "Vocabulario Judicial" del Instituto de la Judicatura Federal esperando que estos mismos puedan integrarse a tu conocimiento de manera fructífera.

17 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Ratio decidendi. En la doctrina del stare decisis, el sistema de precedentes o sentencias (en el derecho anglosajón —Common Law—) se compone de dos elementos: la ratio decidendi y el obiter dictum. El elemento vinculante y obligatorio del “precedente judicial” en la doctrina inglesa es el ratio decidendi (en sentido literal “la razón para la decisión”). Previo a la elucidación de lo que constituye la ratio decidendi en la doctrina del precedente judicial inglés, es necesario establecer la importancia del mismo. El término precedente judicial puede ser entendido como el proceso o medio por el cual los juzgadores resuelven, siguiendo las decisiones tomadas en casos previos.

Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De conformidad con lo dispuesto por el inciso b), del art. 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la atribución de formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos. Esta disposición es reproducida por el inciso b), del art. 18 del Estatuto de la CIDH, añadiendo que las medidas progresivas a favor de los derechos humanos deben ser también adoptadas por los gobiernos de los Estados dentro del marco de sus compromisos internacionales. En la Opinión Consultiva 13/93 del 16 de julio de 1993, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) señaló que “la función principal de la Comisión es la promoción de la observancia y defensa de los derechos humanos”. Los arts. 50 y 51 de la CADH establecen etapas sucesivas en las que se generan dos documentos llamados “informes”, y que tienen carácter, uno preliminar y el otro definitivo, y que no pueden subsumirse en uno solo, ya que dichos preceptos establecen dos etapas diversas, aun cuando el contenido de esos documentos, de acuerdo con la conducta asumida por el Estado afectado, puede ser similar.

Recurso de duda. Medio de control constitucional llevado a cabo por el Congreso. El texto constitucional de 1824 estuvo integrado por instituciones de las Constituciones de Francia, Estados Unidos y España, de esta última Constitución fue de donde la Constitución de 1824 trasladó su control de constitucionalidad en el cual la protección constitucional correspondía a las Cortes Gaditanas (art. 372), correspondiéndole el art. 165 de la Constitución de 1824.
En esta primera etapa, correspondió al Poder Legislativo realizar el control de la Constitución por medio de la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes o decretos emanados de las legislaturas estatales y posteriormente realizar la anulación de tales decretos legislativos.

16 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Pueblos y comunidades indígenas. Los pueblos indígenas forman parte del conjunto de personas de un lugar, región o país, cuya aspiración política es su pleno reconocimiento como grupos de personas con gobiernos independientes. Esta demanda se plantea al interior del Estado, por ello no se puede interpretar que pretendan convertirse en nuevos Estados, sino en pueblos con autonomía para decidir su desarrollo social, político y económico.
Las comunidades indígenas son grupos sociales cuyos miembros viven juntos, o tienen bienes, intereses comunes, y forman parte de un conjunto de hombres viviendo en sociedad, habitando un territorio definido y tienen en común un cierto número de costumbres, de instituciones. En este sentido, las comunidades indígenas de México forman parte de un pueblo indígena.

Queja en el procedimiento de derechos humanos. En México la queja, también llamada “reclamación” o “denuncia” en el procedimiento de derechos humanos, como acción, constituye un documento en el cual una o varias personas describen actos u omisiones cometidos por una autoridad o servidor/a público/a y que consideran violatorio de sus derechos humanos.
Su fundamento jurídico lo encontramos en el art. 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento Interno.

Quórum. El Diccionario de la Lengua Española define al quórum como: “Número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos”.
En el contexto del derecho parlamentario, el quórum es el número mínimo de miembros presentes que se requiere para que la Cámara baja o la alta puedan ya sea instalarse, deliberar válidamente, y en su caso, emitir resoluciones obligatorias; es decir, para que exista un mínimo de representatividad en las decisiones que se vayan a tomar.

15 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Prudencia. El término prudencia, entendido como phronesis, pertenece hoy en día más al campo de la filosofía práctica que al del derecho. La prudencia en la tradición griega era un concepto hasta cierto punto intercambiable con el de sabiduría siempre en relación con la razón y el buen juicio, especialmente en contextos más prácticos que teóricos.

Prueba en los procesos constitucionales. La noción de derecho probatorio, contiene en sí misma una distinción tácita con la noción de prueba y la de probar. Una posible definición de derecho probatorio que cumpliría con los requisitos de necesidad y suficiencia —del cual hablamos precedentemente— sería la siguiente: El derecho probatorio es la disciplina que se preocupa por el fenómeno de la reconstrucción que hacen las partes de unos enunciados fácticos de los hechos socialmente relevantes acaecidos en el pasado (procesal o extraprocesal), a partir de unos medios probatorios idóneos tasados en la ley, para lograr el convencimiento del juez; en el caso de los procesos constitucionales, el juez constitucional.

Prueba genética. Desde la óptica jurídica podemos definir a la prueba genética, como: el medio de convicción que permite mostrar la veracidad de ciertos hechos controvertidos en un juicio que la ley permite, autoriza y reconoce como eficaces para obtener las características e información genética de determinado ser vivo. El objeto de la prueba en general busca respuestas a distintas interrogantes, por ejemplo: “qué se prueba, qué cosas deben probarse”. Distinguir pues entre los juicios de hecho y los de puro derecho, como lo dicta una máxima jurídica; a sabiendas que los primeros dan lugar a la prueba, y los segundos no. Entonces, podemos decir que la información genética es el conjunto de datos de origen y naturaleza genética que se asentarán necesariamente en un soporte científico determinado, bien puede ser un archivo manual o un banco de información genética específico. Cuando hablamos de la prueba genética, un aspecto de trascendencia es el garantizar la fiabilidad y confiabilidad de la prueba, al iniciarse la práctica de este tipo de exámenes, tanto la inexperiencia como el error humano, e incluso técnicos hicieron de este tipo de exámenes una prueba “especial”, tanto por la importancia en sus resultados, como la necesidad de su adecuado y pertinente manejo.

14 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Protección de derechos económicos, sociales y culturales. La expresión “derechos económicos, sociales y culturales” (DESC) se utiliza preferentemente en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, mientras que en los contextos internos suele emplearse la terminología “derechos sociales”. Los DESC no son menos derechos que los civiles y políticos. De hecho, son pre-requisitos para el disfrute de varios de estos últimos. Piénsese por ejemplo en derechos esenciales como la alimentación, la salud, la vivienda digna, la educación, sin los cuales aquéllos serían poco más que simples palabras o sólo “derechos de o sobre el papel” como de modo crítico lo denomina prestigiosa doctrina (Ferrajoli, Wellman, Guastini). Expuesto en otros términos, por medio de hechos y no de fraseología vana debe garantizarse un mínimo vital intangible en tanto umbral básico de reaseguro de la dignidad humana.

Protección judicial. Es un derecho humano derivado, primordialmente, del contenido de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). El derecho a la protección judicial está intrínsecamente ligado a la existencia de un recurso judicial efectivo para la defensa de los derechos humanos.

Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul es la denominación internacional con la que se conoce al Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se trata de un documento que contiene las directrices mínimas adoptadas por más de 75 expertos en derecho, salud y derechos humanos para la investigación y documentación eficaces de actos de tortura en personas sobrevivientes, con la finalidad de contar con prueba fehaciente en la comprobación del referido delito ante los órganos jurisdiccionales.

13 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Procesos constitucionales típicos. Un concepto material de Constitución reclama la existencia de una serie de temas que deben recogerse necesariamente en la misma. De ahí que los procesos que aluden a esos elementos básicos de la carta magna los denominamos procesos constitucionales, que servirán para garantizar la supremacía constitucional y/o los derechos constitucionales. De los valores a los que responde el orden jurídico fundamental de la carta magna derivan esos contenidos materiales de lo constitucional.
Los procesos constitucionales típicos se han ido perfilando históricamente con la evolución de la jurisdicción constitucional hasta que a día de hoy se puede sostener que integran el elemento material de su definición.

Procesos no constitucionales. Por proceso no constitucional entendemos un proceso que no afecta a una cuestión básica del poder público y que, por lo tanto, no se encuentra en las dimensiones materiales que debe presentar una carta magna.
Añadir estos procesos a los propios de la jurisdicción constitucional puede debilitar la posición de los órganos que la ejercen en la arquitectura del sistema, sobre todo porque los acercaría a la actividad propia de los jueces ordinarios.

Promovente en controversias constitucionales. El promovente en controversias constitucionales (en lo sucesivo CC) es el sujeto legitimado para accionar dicho proceso constitucional; referido también como el “actor” en el juicio o el “demandante” en el mismo o “sujeto activo” de la relación jurídico procesal, según sea el lenguaje en el que se quiera hablar. La legitimación para acudir en esta calidad ante la Suprema Corte, órgano exclusivamente competente para resolver en única instancia este tipo de litigios, viene dada, en principio, en términos de una relación detallada establecida en la fracción I del artículo 105 constitucional.

12 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Proceso. El proceso jurisdiccional es una figura heterocompositiva estatal que se traduce en un medio institucional para resolver litigios en sociedad. Participan en él distintos sujetos procesales: juez, auxiliares, partes y terceros, todos ellos con el fin de solucionar el conflicto jurídicamente trascendente. Ello se logra cuando el juzgador unitario o colegiado dice el derecho al caso concreto. Para decir el derecho, el juez no sólo hace un mero silogismo judicial, en él la premisa mayor es el derecho —más no la ley— aplicable; la premisa menor, el conflicto específico; y el juicio, la sentencia o derecho aplicado.

Procesos constitucionales atípicos. Por proceso constitucional entendemos aquel proceso que afecta a una cuestión básica del poder público, que, por ello, se encuentra tratada en la Constitución. Desde un entendimiento material del concepto de constitución existen una serie de cuestiones que deben recogerse necesariamente en la misma. Por lo tanto, los procesos que se refieran a esos elementos nucleares de la carta magna hay que tildarlos de procesos constitucionales. Ese orden jurídico fundamental que establece la constitución y que legitima al poder estatal no es aséptico sino que responde a ciertos valores, de los que se derivan esos contenidos materiales de lo constitucional. Tales valores provienen, históricamente hablando, del constitucionalismo, doctrina política que gira en torno a la limitación del poder. La materia objeto del contencioso determinará, en suma, su naturaleza constitucional. Estos procesos servirán para garantizar el principio de supremacía de la carga magna y/o la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.

Procesos constitucionales de la libertad. La expresión “procesos constitucionales de la libertad” tiene dos significaciones. Por una parte se utiliza para identificar el conjunto normativo diferenciado del ordenamiento jurídico que prevé garantías constitucionales de salvaguardia y custodia de los derechos fundamentales. Una segunda connotación refiere a su carácter científico, es decir, al sector de la disciplina del derecho procesal constitucional que estudia de manera sistemática a aquellas garantías consagradas en el orden fundamental para tutelar los derechos humanos establecidos en la propia normativa constitucional o en los tratados internacionales sobre la materia, y en los países con una estructura federal, a las garantías constitucionales que se encaminan a proteger los derechos fundamentales de los ordenamientos, constituciones o estatutos de los Estados, provincias o comunidades autónomas, y en el marco de las competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, los reconocidos en las Constituciones nacionales y en el derecho internacional de los derechos humanos.

11 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Principios generales del derecho. Desde una perspectiva de derecho comparado, a nivel nacional, los principios generales, cuando así lo dispongan, se colocan como fuente complementaria o integradora en el sistema de la jerarquía de fuentes; incluso en ausencia de una referencia explícita en el sistema de fuentes. Sin embargo, los principios generales se pueden encontrar, aunque con formas y modalidades diferentes, tanto en los ordenamientos jurídicos de Civil Law como en el marco del Common Law. A nivel internacional, los principios generales “reconocidos por las naciones civiles” constituyen una fuente universalmente aceptada por los Estados. El mecanismo del reconocimiento recíproco está en la base de la aceptación de los principios generales en el marco “regional” de pertenencia de algunas organizaciones internacionales, como la Unión Europea.

Principios políticos. Antes de adentrarnos al estudio de los principios políticos, me parece lógico definir un principio, el cual, según Rolando Tamayo y Salmorán consiste en: “Toda ciencia tiene sus propios principios, el derecho al ser una ciencia tiene sus principios, los cuales no surgen por generación espontánea sino que son construidos racionalmente. Es decir, son el resultado de la observación de casos individuales que comparten características comunes” (Razonamiento y argumentación jurídica, 2004).
Ahora bien, nos referimos para efectos de este análisis a principios políticos, los cuales por naturaleza se encuentran en el documento político, el cual por excelencia existe en los regímenes políticos actuales en La Constitución de un Estado.

Procesalistas (proceso constitucional). El nacimiento del derecho procesal constitucional, como disciplina, no como normas o juicios en el campo de los hechos, inició en lengua castellana con los estudios y reflexiones de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo.
En México (1955-1956) Fix-Zamudio en su tesis de licenciatura (dirigida primero por José Castillo Larrañaga y luego por su padre académico Niceto Alcalá-Zamora) denominada Ensayo de una estructuración procesal del amparo, quien en 167 páginas divididas en 5 partes ubicó la nueva disciplina del derecho procesal constitucional con un toque novedoso. El autor citado desde esa fecha hasta nuestros días ha seguido configurando a esta disciplina con grande esfuerzo y grande reconocimiento.

10 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Principio de efectividad constitucional. Esta regla es desarrollada, entre otros, por Marco Gerardo Monroy Cabra (La interpretación constitucional , 2002), para quien supuestas varias interpretaciones posibles de una norma subconstitucional, se optará por la que en mayor medida favorezca la eficacia de la norma constitucional. Y aun especialmente en el caso de las normas dogmáticas, es decir de las reguladoras de derechos y libertades (interpretación pro libertate), equivalente al preferrend freedoms estadounidense.
De acuerdo con este principio propuesto, la interpretación de la carta siempre habrá de enfocarse a buscar la eficacia y/o la efectividad y prevalencia de la norma constitucional (preferrend freedoms) y, en este caso, la interpretación ha de elegir la alternativa interpretativa en la cual la norma superior pueda producir efecto.

Principio de eficacia integradora de la Constitución.
En realidad este principio busca orientar al intérprete a establecer soluciones hermenéuticas que, por tener conciencia histórica del proceso de cambio en las estructuras socioeconómicas, permiten una constante actualización de la normativa constitucional garantizando, de este modo, su máxima y permanente eficacia, como agrega el jurista boliviano José Antonio Rivera Santivañez.

Principio de interpretación conforme a la constitución (configuración jurisprudencial). El principio de interpretación conforme a la Constitución recibe un crédito casi unánime en la jurisprudencia, al ser considerado como una necesidad intrínseca de cualquier proceso de carácter hermenéutico.
Se suele señalar que este principio tiene su origen en la jurisprudencia de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, que exigía la interpretación de todas las leyes y actos de la administración in harmony with the constitution. Sin embargo, esta afirmación hay que matizarla, pues a pesar de que en varios estudios sobre el tema se hace el anterior reconocimiento, en realidad fue el sistema de control constitucional europeo el que ocasionó el cambio de paradigma en cuanto a la configuración de la interpretación conforme tal y como se concibe en la actualidad.

09 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Principio de interpretación conforme a la constitución (contenido del). La interpretación conforme a la Constitución ha de ser diferenciada de la interpretación orientada en base a la Constitución. Esta última resulta de la significación de la Constitución para todo el ordenamiento jurídico y ha de ser puesta en práctica por todo órgano aplicador del derecho (Klaus Stern, 1987). Por el contrario, la interpretación conforme a la Constitución es un instrumento para el mantenimiento de una norma que siendo parcialmente inconstitucional no es declara nula al poder ser interpretada en consonancia con la Constitución.

Principio de irreversibilidad. El principio de irreversibilidad tiene su aplicación en los derechos económicos, sociales y culturales. El reconocimiento de estos derechos sigue siendo una lucha constante contra el Estado y los grandes capitales, agravada actualmente por la crisis económica global y del Estado de bienestar. Todo lo cual ha vuelto muy dúctil este principio.
Este principio también se aplica a los derechos individuales. Por ejemplo, no se puede retroceder a la esclavitud, a la tortura, a una religión obligatoria, etcétera.
La irreversibilidad obliga a no retroceder las conquistas logradas, pero la realidad nos ha demostrado que bajo ciertas circunstancias se presentan lamentables regresiones.

Principio in dubio pro reo. La locución latina in dubio pro reo hace referencia a un principio jurídico que atiende particularidades procesales que tienen aplicación en el momento en el que el juez, al valorar las pruebas, dicta la sentencia.
El principio in dubio pro reo se refiere únicamente a las particularidades procesales que operan al momento en que se valoran las pruebas, con el fin de demostrar —o no— que el acusado es la persona que actualizó los elementos de tipo penal del delito de que se trate, mismas que se materializan al momento de dictar la sentencia.

08 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Principio de concordancia práctica. El principio de la concordancia práctica o de coherencia lógica del orden, se conoce también como principio de la “compensación menos gravosa”. Íntimamente ligado con el principio de unidad constitucional se encuentra este principio, según el cual, se postula que los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos deben ser coordinados de tal modo en la solución del problema que todos ellos conserven su entidad, a través de la ponderación coherente y proporcional de valores o bienes, donde no cabe sacrificar a uno por otro. De este modo, se debe respetar el núcleo duro del de cada bien constitucional en conflicto, afectándose mutuamente sólo en su modo, forma, espacio o tiempo de ejercicio, siempre que exista razonabilidad y proporcionalidad de la recíproca limitación.

Principio de conservación de la norma. Toda Constitución tiene una vigencia indeterminada, pues se emite con el propósito de estar en vigor hacia futuro, considerándose que ninguna práctica o desuso la puede derogar, salvo la utilización de algún mecanismo de los previstos para su reforma, particularmente en el caso colombiano, de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. En virtud de este principio, aunque ésta no sea acatada por quienes están obligados a obedecerla y se realicen actos que la contradigan, debe entenderse que sigue en vigor. No hay tiempo ni desuso que dispense su observancia.
El principio normativo conservacionista o de la conservación del derecho o de legalidad, otorga este preferencia a los planteamientos que ayuden a obtener la máxima eficacia a las normas constitucionales, en función de las relaciones sociales y la voluntad de la Constitución. También se le conoce como “principio hermenéutico de la interpretación del derecho” y consiste en que la Corte Constitucional no puede excluir una norma legal del ordenamiento jurídico, por vía de la declaración de inexequibilidad, cuando existe, por lo menos, una interpretación de la misma que se aviene con el texto constitucional.

Principio de conservación del derecho. Este principio pretende la conservación de la propia Constitución, pero también procura la permanencia del derecho infraconstitucional, primordialmente de la ley. Ello se debe a que ésta aparece revestida de una especial dignidad como consecuencia de su aprobación por el órgano del Estado que está en la mejor posición institucional para expresar la voluntad popular: el poder legislativo elegido periódicamente por sufragio universal.

07 de octubre de 2020
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Presupuestos procesales de forma. Los presupuestos procesales son aquellos requisitos previos e imprescindibles para la existencia del proceso, sin los cuales no puede iniciarse válidamente un juicio. En términos generales son las condiciones que se requieren para que la relación jurídica procesal nazca, se desenvuelva y culmine con una sentencia de mérito; cuyas medidas sustanciales son las garantías constitucionales de la tutela efectiva y el debido proceso.
Se trata de los conceptos más complejos dentro del ámbito procesal, puesto que han sido analizados y definidos desde distintos puntos de vista, con lo que se han generado sendas apreciaciones.

Principio de armonización concreta. El principio de armonización concreta, encuentra su raíz, entre otras, en una sentencia de la Corte Constitucional colombiana (sentencia T-425 de 1995), en la cual, el Alto Tribunal resolvió una colisión entre el derecho al trabajo de una expendedora de licor quien ejercía lícitamente el oficio amparada por una licencia de funcionamiento en su local, situado en inmediaciones de una estación de gasolina, y el derecho a la vida e integridad física del dueño y de los empleados de la gasolinera, amenazados por el peligro que representaba el consumo de cigarrillos al lado de los tanques de gasolina por parte de la clientela de facto que se formaba frente a la licorera.

Principio de celeridad. El principio de celeridad tiene especial importancia y está presente en todos los procesos civiles, penales, administrativos, mercantiles, laborales y constitucionales.
Cobra mayor importancia en los procesos constitucionales, pues tienen por objeto la defensa de la parte orgánica y de los derechos y libertades de la Constitución.

06 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Presunción de inocencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El principio de la “presunción de inocencia”, como derecho humano, es analizado a la luz de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como la piedra angular de todo el proceso penal acusatorio; donde toda persona a quien se imputa un delito tiene derecho a considerarse inocente, en tanto no se pruebe legalmente su culpabilidad, en proceso realizado con todas las garantías previstas en ley, en el que se resuelva con base en pruebas debidamente valoradas que demuestren la culpabilidad del imputado.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, contiene el principio fundamental, en el numeral 8.2, donde establece que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. El estudio, no se limita al precepto jurídico, sino que se dirige al contenido de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, donde se realizaron pronunciamientos, sobre la “presunción de inocencia” como derecho humano de toda persona inculpada.

Presunción de inocencia (general). La presunción, proviene del latín praesumptĭo, que a su vez es derivado de praesumo, la cual significa: tomar antes, tomar como cierto un hecho o una afirmación que es dudosa pero que tiene cierta verosimilitud gracias a la concurrencia de otros hechos, o afirmaciones que están probadas o son evidentes.
El término “presunción de inocencia”, concebido como derecho y principio fundamental, tiene su origen remoto en el Digesto, donde se estableció: Nocetem absolvere satius est quam inocentem damniri, es decir, es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. La evolución del principio, permitió adoptarlo en la Revolución Francesa, con el pensamiento penal ilustrado contenido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 13, textualmente señala: “Se presume que todo hombre es inocente hasta que es declarado culpable”. Se infiere que la presunción de inocencia, tiene por objeto, proteger y preservar la libertad de las personas, para hacer frente a un sistema penal inquisitivo.

Presupuestos procesales de fondo. Para efecto de fijar los antecedentes de los que derivan los presupuestos procesales de fondo, se hace remisión a la definición de presupuestos procesales de forma. Los presupuestos procesales de fondo, a los que también se les conoce como condiciones de la acción o como presupuestos procesales materiales, son aquellas condiciones necesarias que propician la emisión de una sentencia, es decir, para que una pretensión procesal hecha valer con la demanda, sea objeto de pronunciamiento por el juez; se refieren a la cuestión sustancial debatida y a las excepciones propiamente dichas. Su falta impedirá al juez pronunciarse sobre el fondo de litigio, generándose de esta forma lo que en la doctrina se conoce como sentencia inhibitoria.

05 de octubre de 2020
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Políticas públicas sociales. En la actualidad y de acuerdo a Lahera Parada, podemos identificar dos conceptos de políticas públicas, el tradicional y aquel otro que podríamos denominar actual. De acuerdo a la posición tradicional, las políticas públicas podrían ser definidas como “aquellas que se corresponden al programa de acción de una autoridad pública o al resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental”. A la luz de este concepto se le asigna un papel central al Estado como si las políticas públicas fueran materia exclusiva de las autoridades públicas. Desde una posición actual e integral, Las políticas públicas: “son cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado.

Potestad tributaria del Estado. La potestad tributaria puede entenderse, en una noción general, como la manifestación de poder del Estado para la creación y el cobro de tributos. En sede académica, este concepto ha tenido un profuso tratamiento por la escuela italiana y española del derecho tributario, cuya recepción ha tenido un impacto notable en la mayoría de los países de Iberoamérica.

Preámbulo constitucional. Desde el punto de vista del derecho procesal constitucional, los preámbulos de las Constituciones revisten una importancia fundamental puesto que pueden y deber ser utilizados a la hora de interpretar cualquier disposición del articulado. En este sentido, precisamente porque recogen los fines u objetivos que la Constitución persigue, son un instrumento fundamental para la interpretación teleológica de un texto constitucional determinado. Esta función hermenéutica es la que permite resolver el interrogante acerca del valor normativo de los preámbulos constitucionales.

04 de octubre de 2020
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Poder judicial. En países como México, este poder debe adjetivarse con dos calificativos esenciales: “federal” y “difuso”. La Constitución reconoce una dualidad, el Poder Judicial de la Federación y aquellos establecidos en las Constituciones de los estados, siguiendo la influencia del constitucionalismo estadounidense, un modelo federal clásico que se superpuso a la organización procesal heredada de la colonia. Por otro lado, hoy tiende a comprenderse —siguiendo a la doctrina italiana— como un poder “difuso”, es decir, tan dilatado en su unidad como para que cada juez o tribunal sea independiente del resto en sus enjuiciamientos. Esta independencia interna es no menos relevante que la externa, y demanda una organización judicial desprovista de criterios de jerarquía y subordinación —a diferencia del Ejecutivo—, que alcanza su unidad mediante un sistema de recursos judiciales que vertebran la jurisprudencia, en particular, las sentencias constitucionales, la casación de la ley y la unificación de doctrina de los tribunales.

Political questions. La doctrina de las political questions se originó en Estados Unidos, a partir del impulso que la corriente judicial auto-restrictiva --self restraint— o prudente impuso en las resoluciones de casos difíciles, al asumir que había cuestiones constitucionales que no eran justiciables, o dicho, en otros términos, materias que —en principio— no eran solucionables a través del proceso judicial debido a la ausencia de una norma aplicable. Sin embargo, también se puede señalar la existencia de la corriente contraria o del activismo judicial clásico --judicial activism—, según el cual (en virtud del caso Marbury vs Madison) no había disposiciones legales que pudieran exceptuarse del control constitucional.

Políticas públicas judiciales con perspectiva de derechos humanos. Políticas públicas es la acción u omisión del gobierno para enfrentar un problema o hecho social. A lo largo de la historia y de la propia construcción del Estado, los grandes estadistas se han esforzado por estudiar y analizar el mismo, proponiendo métodos de estudio, disciplinas y herramientas que permitan el buen ejercicio de gobierno.
A esta necesidad, surge el estudio de la política pública, la cual obedece a una necesidad por encontrar soluciones a problemas, hechos, circunstancias o actos sociales que debe resolver la autoridad, por lo tanto, la política pública es la acción u omisión del gobierno en respuesta a una problemática, a través de acciones de gobierno, instituciones, programas, leyes, reformas y demás instrumentos públicos.

03 de octubre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado

Pleno jurisdiccional. La palabra pleno jurisdiccional está vinculada al término jurisdicción, que se refiere a la función jurisdiccional. El procesalista español Juan Montero Aroca llama a esta función, derecho jurisdiccional, que comprende aspectos relacionados con la potestad jurisdiccional, como: la organización judicial; la condición del juez; acción y pretensión y otros conceptos relacionados con obligaciones, cargas y categorías procesales (Gonzalo M., Armienta Calderón, 2006).

Plenos de circuito. Uno de los elementos que más aporta a la seguridad jurídica es la uniformidad de las decisiones judiciales, reconociendo, desde luego, la posibilidad de la variación y modificación de los criterios en nuestro sistema jurídico. En el derecho comparado no se encuentra disposición similar a la que ha creado el constituyente permanente en el texto de la Constitución Federal, y en la nueva Ley de Amparo en torno a los plenos de circuito.

Pluralismo jurídico. La noción de pluralismo jurídico es uno de los binomios más utilizados en los últimos años en el discurso teórico de los sistemas jurídicos continentales y que ha resurgido de la historia misma de los ordenamientos jurídicos occidentales. El pluralismo como sinónimo de la tradición jurídica europea ha sido una nota característica en la añeja tradición del modelo jurídico de occidente. Harold Berman (Law and revolution) destaca que una de las constantes de la historia de la tradición jurídica de occidente fue la capacidad de generar un esquema de pluralidad de ordenamientos, y articularlos en un sistema jurídico donde lo local era convergente con lo supranacional. En ese sentido, se debe recordar uno de los rasgos de los ordenamientos jurídicos de la antigüedad: Su matriz consuetudinaria y la necesidad de interactuar con otros ordenamientos para ir delineando la geografía de la cultura jurídica occidental. Así, se puede advertir en la literatura un buen número de análisis sobre el pluralismo como ejercicio de comparación de tradiciones jurídicas. Por ejemplo, Francesco Calasso reconstruye la historia jurídica de la época medieval a través de la noción de pluralismo jurídico (Medioevo del diritto).

02 de octubre de 2020
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Perfil del juez constitucional. El perfil se puede definir como el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo, en este sentido, cuando se habla del perfil del juez constitucional se hace referencia al conjunto de rasgos que deben tener aquellos juristas que son los guardianes de la Constitución.
En la conformación del perfil del juzgador se deben tomar en cuenta dos tipos de rasgos. En primer lugar, se encuentran los de carácter subjetivo que atienden al juez como persona, y que son necesarios para desempeñar adecuadamente el cargo, vinculados con su vocación, aptitud, valores y visión; por otro lado, se encuentran aquellos de carácter objetivo, relacionados con los conocimientos y experiencia con que deben contar los juzgadores para dictar sus sentencias.

Perjuicio de los intereses públicos fundamentales o buen despacho. Cuando se apela a la presencia de un perjuicio de los intereses públicos fundamentales, o al buen despacho, se evoca implícitamente a una categoría especial de valores, que van más allá del interés particular.
Joaquín Escriche divide al derecho público, en general y particular. En lo general, el derecho público se identifica con el derecho internacional, con los fundamentos de la sociedad civil, que es común a muchos Estados. En lo particular, considera que el derecho público fija los fundamentos del Estado y las relaciones con su población. A este derecho dice que pertenecen la Constitución, la ley electoral, las leyes que regulan la organización de autoridades y tribunales, las leyes que aseguran el orden, la moral y la seguridad de los ciudadanos, las que fijan las condiciones del matrimonio, la patria potestad, la cualidad de las personas, entre otras y señala que también se le conoce como derecho político.

Persona jurídica ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. La personalidad jurídica propia e independiente de las personas jurídicas de derecho privado (PJ) respecto a la de sus miembros ha sido objeto de análisis por los principales sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Estos sistemas, que por lo general son similares en cuanto al régimen de acceso y garantía de los derechos de los particulares, presentan normativas y prácticas muy disímiles cuando se trata de demandas en donde la violación de derechos es cometida prima facie en contra de la PJ.

01 de octubre de 2020
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Parámetro de constitucionalidad. Como en el léxico común, el lema “parámetro” indica un término de referencia, de confrontación, utilizado por los tribunales constitucionales para verificar la constitucionalidad del objeto puesto en la base del juicio.
Cabe destacar que el contenido del parámetro (o, dicho de otra forma, bloque de constitucionalidad) no varía sólo de un ordenamiento a otro, sino también en el interior de un mismo ordenamiento, bien puede cambiar en función del tipo de juicio pendiente ante el tribunal constitucional.
Afirmar que el parámetro está constituido por la Constitución parece evidente y, al mismo tiempo, incompleto; el parámetro es más amplio.

Partidos políticos. La doctrina electoral conceptúa a los partidos políticos como organizaciones estables que solicitan el apoyo social a su ideología y programas políticos, para competir por el poder y participar en la orientación política del Estado.
Los partidos políticos, según palabras de Jesús Alfredo, Dosamantes Terán en el Diccionario de derecho electoral, “son entidades de interés público, la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales”.

Per saltum. La definitividad de los actos o resoluciones debe entenderse en el sentido de que si existen otras instancias para conocer y resolver las impugnaciones o 992 Per saltum controversias promovidas por los ciudadanos, deberán de promoverse y agotarse en primer lugar antes de acudir a la interposición del juicio de amparo o los medios de impugnación en materia electoral previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Esto es, dicha regla se aplica toda vez que tanto el juicio de amparo como los medios de impugnación en materia electoral, por su propia naturaleza, se deben conocer en una jurisdicción especializada o extraordinaria cuando ya no exista otra vía para resolver la controversia que pudiera ocasionar una modificación o revocación del acto o resolución reclamada.

30 de septiembre de 2020
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Omisiones legislativas relativas o parciales. Las omisiones legislativas en sentido lato hacen referencia a una ausencia de carácter normativo que puede ser atribuida a un órgano que tenga conferidas facultades para la expedición de algún tipo de normas; sin embargo, las omisiones legislativas relevantes para el derecho procesal constitucional son aquellas que provienen de un mandato de legislar, en concreto de una competencia de ejercicio obligatorio.

Organismos constitucionales autónomos. Los estudios sobre los organismos constitucionales autónomos típicamente recurren en primer lugar a la definición de “órgano constitucional” de Manuel García-Pelayo. Este autor retoma los escritos de Santi Romano para ubicar la naturaleza del nuevo Tribunal Constitucional español dentro del orden jurídico de aquel país. Específicamente, García-Pelayo sostiene que este Tribunal cuenta con el mismo “status” que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, rompiendo así con la fórmula tripartita de división de poderes heredada de Montesquieu.

Órganos del Estado. La definición de “Estado” es sumamente problemática. Como individuos, percibimos a diario actos que identificamos como provenientes del “Estado”, como multas, reglamentos, leyes, sanciones de diversa índole, beneficios materiales como construcción de obras, servicios públicos, servicios de salud y educativos, pero no podemos ver una personificación, una entidad material que sea “el Estado”. Esta circunstancia ha llevado a una diversidad de autores a desarrollar distintas definiciones, algunos tratando de darle un carácter corporal o material, otros despojándolo de ese tipo de materialidad y asignándole más bien un carácter o una realidad ideal.

29 de septiembre de 2020
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Omisiones absolutas respecto de facultades de ejercicio obligatorio. Ausencia total de una ley cuya emisión ha sido ordenada expresamente en la propia constitución por el órgano constituyente o por el órgano revisor de la misma.
En el caso de existir un mandato específico para que se ejerza la facultad legislativa, el órgano legislativo no tiene la posibilidad de decidir si crea o no una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedir determinada ley. Este mandato es correlativo, por lo regular, a la existencia de normas constitucionales de eficacia mediata, o sea, que para su plena eficacia tales normas reclaman un desarrollo legislativo.

Omisiones absolutas respecto de facultades de ejercicio potestativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el sistema de facultades de las autoridades del Estado se expresa positivamente de varias maneras, una de ellas consiste, precisamente, en las facultades de ejercicio potestativo, es decir, el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida.
En el caso de los órganos legislativos, una facultad de ejercicio potestativo no implica, evidentemente, una obligación, sino sólo la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales, de forma tal que dichos órganos pueden decidir si ejercerá o no tal facultad y la oportunidad de hacerlo. En pocas palabras, en ese caso el órgano legislativo decide, libremente, si crea o no determinada norma jurídica y en qué momento lo hará.

Omisiones legislativas relativas en competencias de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo. Un sector de la doctrina (entre ellos Bidart Campos, 2003) ha enfatizado sobre la distinción entre competencias de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo. En términos amplios, se identifica a las primeras como aquellas que por naturaleza son imperativas y vinculantes, de tal suerte que el titular no puede negarse a su cumplimiento, ni demorarlo indiscriminadamente, so pena de violentar la norma de donde proviene dicha competencia; que para el caso que nos ocupa refiere a la propia Constitución. Mientras que las competencias de ejercicio potestativo (también llamadas facultativas, discrecionales o permisivas) son aquellas donde el constituyente otorga libertad al destinatario para su ejecución, quien deberá analizar la situación concreta, para determinar de acuerdo a las circunstancias, si ejercita o no dicha competencia y la oportunidad para hacerlo.

28 de septiembre de 2020
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Omisión legislativa. La inconstitucionalidad por omisión, desde un punto de vista doctrinal, se puede definir como “la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal que se impide su eficaz aplicación” (Fernández Rodríguez, 1998). Por lo tanto, desde este punto de vista se estima que solo es inconstitucional la inacción del legislador que cumple esas características. En la arquitectura de un Estado democrático de derecho es el Poder Legislativo el encargado de emanar las normas que desenvuelvan los preceptos constitucionales que requieran tal proceder. Por ello, parece lo más adecuado que la omisión inconstitucional se predique sólo del legislador, aunque en sistemas presidencialistas se podría introducir alguna matización en ello.

Omisión legislativa en materia tributaria. La inconstitucionalidad por omisión puede definirse como la vulneración del-- texto constitucional causada por la inactividad, inclusive parcial, del Poder Legislativo respecto de aquellas normas reales y exactas que, de manera expresa o tácita, exigen de él un específico desarrollo ulterior para ser efectivas, siempre que el término fijado haya vencido, su pasividad sea irracional o su actuación lesione el principio de igualdad al excluir arbitrariamente a un determinado grupo de entre los beneficiarios de la ley.

Omisiones absolutas. Tipo de omisión legislativa que da lugar a una infracción constitucional, caracterizada por la ausencia total y absoluta de la legislación que el constituyente o el órgano revisor de la Constitución ordenó que se creara específicamente en un determinado plazo, o de la legislación que debe desarrollar un precepto constitucional para tornarlo plenamente aplicable. Así, las omisiones legislativas absolutas estriban en la ausencia total de una ley cuya emisión se prevé constitucionalmente.

27 de septiembre de 2020
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Objeto de control constitucional. La locución “objeto de control constitucional” significa aquello que es materia de los diversos controles de constitucionalidad, esto es: la forma de actuar de los órganos de poder.
Esto implica que los órganos públicos como tal no son el objeto del control constitucional, sino los actos son emitidos por éstos. La actuación de cualquier autoridad debe supeditarse a los límites previstos en el texto constitucional. El verificar que dichas actuaciones se apeguen a los parámetros de constitucionalidad, será el objetivo de los medios de control previstos en la ley fundamental.

Ombudsman. La institución del ombudsman surgió en Suecia en los inicios del siglo XVIII y ha demostrado ser extremadamente adaptable a las circunstancias de cada país y en nuestros días se encuentra difundida a tal punto que puede llamársele, sin temor a equivocarnos, una institución de carácter universal.
Es esta misma flexibilidad la que ha determinado que el ombudsman haya conocido muchas configuraciones distintas, dependiendo de las distintas funciones a las que se ha dirigido, por ello resulta complicado realizar una definición que abarque todas su variantes, más bien, siguiendo el planteamiento de Fix-Zamudio puede señalarse que de esta institución se reconocen tres modelos correspondientes a tres etapas en su evolución: el denominado modelo clásico; en segundo término el ombudsman ibérico y, finalmente, el modelo del ombudsman en Latinoamérica.

Ombudsman universitario. El vocablo sueco ombudsman significa representante, mandatario o procurador; en la actualidad se utiliza el vocablo ombudsperson como sinónimo, en atención a los estándares de género, en tanto que su actividad es denominada genéricamente en el mundo angloparlante como ombudsing.
Las instituciones educativas son ámbitos en los que tienen incidencia actividades administrativas, académicas y estudiantiles, entre otras, que dan lugar a relaciones de muy variada índole, por ejemplo: las de tipo laboral, aquéllas entre autoridades educativas y profesores, investigadores o personal administrativo; las de carácter académico, entre el profesorado y el alumnado, entre autoridades de centros de investigación y personal académico, asistentes y becarios; o de carácter administrativo, entre autoridades académicas y estudiantes, respecto a los diversos trámites que deben llevarse a cabo durante la vida estudiantil, tales como inscripciones o exámenes de grado, entre muchos otros.

26 de septiembre de 2020
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Nueva Ley de Amparo. El 6 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa reforma constitucional en materia de amparo ha dado paso al cambio jurídico de mayor trascendencia en las últimas décadas. El artículo segundo transitorio del Decreto mencionado dispuso que el Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación de la reforma constitucional. No obstante, fue hasta el 2 de abril de 2013 cuando fue publicado en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Nulidad procesal. Consecuencia prevista en el ordenamiento jurídico que se actualiza ante la ausencia de los requisitos establecidos para la validez de los actos procesales que da lugar a su invalidez, en virtud de la presencia de alguno de los vicios que son el resultado de la no observancia de la forma legal a la que deben ajustarse las actuaciones jurisdiccionales.

Obiter dictum. Son dos elementos fundamentales en la doctrina del stare decisis del derecho anglosajón (Common Law) los que se distinguen dentro del “precedente judicial” o sentencia: el obiter dictum y la ratio decidendi. En el sistema de precedentes el primer paso es declarar los hechos substanciales —rechazando aquellos que no lo son— para la determinación del principio normativo sobre el cual el juzgador fundamenta su decisión, es decir, la ratio decidendi. A contrario sensu, el obiter dictum (obiter dicta, en plural) se compone del análisis, razonamientos y principios invocados por el juzgador en un caso concreto pero que no constituyen el principio normativo sobre el cual se basa su decisión, y por tanto no representa la parte obligatoria del precedente, ni vinculante para casos posteriores. Sin embargo, el obiter dictum posee una fuerza persuasiva para controversias futuras a resolver por las cortes. La razón por la cual el obiter dictum no es vinculante en casos posteriores se basa en que estos razonamientos no son estrictamente relevantes para el caso concreto que se ha resuelto en la sentencia.

25 de septiembre de 2020
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Normas self-executing. La denominación de estas normas proviene del inglés self-executing que quiere decir: ejecutables por sí mismas, autoejecutables o autoejecutivas. El tema de las normas self- executing usualmente se refiere a las normas contenidas en los tratados internacionales (derecho convencional), aunque también puede referirse a otro tipo de normas contenidas en otros instrumentos también de índole nacional (Constituciones).

Notificación. La notificación, en sentido genérico, es un medio de comunicación procesal, a través del cual y respetando las diversas especies y formalidades que las distintas legislaciones prevén, se da a conocer a las partes o a los terceros una resolución judicial o administrativa.
En esencia constituye un medio de comunicación entre las autoridades judiciales o con funciones jurisdiccionales y los sujetos vinculados, directa o indirectamente, con el proceso o procedimiento que se desarrolla, que tiene como objetivo primordial que determinados hechos o actos acontecidos, sin la presencia de los interesados, sean conocidos por éstos, lo que a su vez posibilita la oportunidad de la defensa (emplazamiento), así como el desahogo de cargas procesales y, en general, permite a las partes estar al tanto de la tramitación del litigio o trámite respectivo.

Núcleo intangible de la Constitución.No es lo mismo la Constitución que las leyes constitucionales, siendo su principal diferencia que la Constitución se hace consistir de esas decisiones políticas fundamentales y que las normas constitucionales, a las que Schmitt denomina leyes constitucionales, sólo tienen por objeto concretar dichas decisiones. No pasa desapercibido que al pensamiento de Schmitt pueda reprochársele la aberración en que incurriría al servir de fundamento a la doctrina nacionalsocialista del derecho y del Estado, la cual destruyó la arquitectura jurídica del Estado de derecho sustituyéndola por la desviación de la comunidad rácica del pueblo alemán, la cual se “justificó” debido a que las decisiones políticas fundamentales sólo podían ser correctamente interpretadas y aplicadas por sujetos pertenecientes a tal comunidad. De ahí el desprecio y discriminación del nacionalsocialismo por cualquier otra raza, especialmente la judía.

24 de septiembre de 2020
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Neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo, entendido como el término o concepto que explica un fenómeno relativamente reciente dentro del Estado constitucional contemporáneo, parece contar cada día con más seguidores, sobre todo en el ámbito de la cultura jurídica italiana y española, así como en diversos países de América Latina (particularmente en los grandes focos culturales de Argentina, Brasil, Colombia y México). Con todo, se trata de un fenómeno escasamente estudiado, cuya cabal comprensión seguramente tomará todavía algunos años.

Normas non-self executing. El nombre de estas normas deriva del inglés Non- self executing que quiere decir no ejecutables por sí mismas, no autoejecutables o no autoejecutivas.
Las normas non-self executing se refieren a normas que por su naturaleza no pueden ser aplicadas inmediatamente sino que requieren de un acto o de un desarrollo legislativo posterior para poder darles aplicación. Este tipo de normas no ejecutables por sí mismas, como dice Loretta Ortiz Ahlf, son disposiciones programáticas que no pueden ser ejecutadas sin una acción legislativa del Estado y que consagran derechos que debido a su naturaleza o a la fraseología del Estado carecen de exigibilidad inmediata debido a la ausencia de normas internas o de otras medidas complementarias del Estado que las hagan efectivas y les den aplicación. Se trata como dice Mathias Herdegen de disposiciones de un tratado que deben ser desarrolladas a través de medidas internas para poder ser aplicadas por las Cortes y autoridades nacionales, como por ejemplo las disposiciones sobre simples obligaciones de emprender un esfuerzo o las cláusulas generales de dar una especial consideración o de promoción.

Normas preconstitucionales. En términos generales, las normas preconstitucionales son aquellas cuyo periodo de vigor o de vigencia es anterior al de la Constitución, en tanto, las normas pos-constitucionales son las que han surgido a la vida jurídica con posterioridad al momento de emisión de la norma fundamental. Mucho se ha discutido en la doctrina especializada en cuanto a la resolución del conflicto normativo entre las normas preconstitucionales y la Constitución. Acerca del particular, una propuesta consistiría (siguiendo un voto particular de Rubio Llorente, ex magistrado del Tribunal Constitucional Español, acerca de la imposibilidad de asimilar las nociones de validez y vigencia de una norma jurídica, el control de constitucionalidad y el efecto derogatorio) en la potestad de todos los órganos jurisdiccionales (sea el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios) de tener por derogadas aquellas disposiciones cuyo periodo de vigor es anterior a la Constitución.

23 de septiembre de 2020
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Multiculturalismo. El término del multiculturalismo no sólo es de reciente creación en las ciencias sociales sino además posee diferentes connotaciones; como dice Kevin Bloor, puede emplearse en un sentido descriptivo o en uno normativo. Descriptivamente, el multiculturalismo se refiere a aquellas sociedades que manifiestan un grado elevado de diversidad etnocultural o se encuentran en el camino de convertirse en sociedades multiculturales al presentar múltiples identidades en su población.

Mutación constitucional. La noción de mutación constitucional alude al cambio intenso o radical del contenido material de una norma constitucional sin alterar su texto a partir de una nueva significación de su formulación lingüística, con motivo de una transformación en las condiciones que configuran el poder político, la estructura social, la cultura jurídica o el equilibrio de valores e intereses generales que determinan una realidad o una expectativa histórico-constitucional, ya sea a través de convenciones políticas, prácticas legislativas o administrativas o por vía de interpretación judicial, de manera paulatina o instantánea.

Ne bis in idem. La expresión ne bis in idem o non bis in idem, recogida con ambas formulaciones y expresiva de un principio clásico del sistema de justicia penal liberal, significa “‘no dos veces por una misma cosa’; principio de derecho constitucional por el cual se prohíbe la doble persecución a un mismo sujeto, por idénticos hechos que han sido objeto de anterior actividad procesal, y que concluyera en una resolución final, ya condenatoria, ya absolutoria” (Willmar, Gernaert, Diccionario de aforismos y locuciones latinas de uso forense, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2000).

22 de septiembre de 2020
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Modelo legalista decimonónico. El Estado de derecho legal (EDL) es un modelo de derecho y de Estado particular, que a su vez requiere de una teoría del derecho y un determinado perfil de jurista que le resulten funcionales. Recordemos que aquella matriz o modelo se nutrirá del racionalismo iusnaturalista de los siglos XVII y XVIII, pero tendrá concreción histórica en la Francia revolucionaria, sus Códigos y su Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Su éxito y esplendor se construirá y expandirá a lo largo del XIX, no sólo por Europa, sino también por América Latina.

Modelos de jurisdicción electoral con jurisdicción constitucional. La solución de controversias electorales puede corresponder a una asamblea legislativa u otra asamblea política, a un juzgado o tribunal del poder u órgano judicial, a la propia autoridad administrativa electoral con autoridad jurisdiccional o a un cuerpo ad hoc creado con la intervención internacional o como una solución nacional institucional interna. Cuando se trata de juzgados o tribunales del Poder Judicial puede suceder que la función judicial electoral sea confiada a juzgados y tribunales ordinarios, a tribunales administrativos, a tribunales electorales especializados o bien a tribunales o consejos constitucionales; también puede ocurrir que los consejos constitucionales no formen parte del Poder Judicial. En todos los casos el modelo corresponde a la tradición jurídica de cada país y a su evolución política y judicial.

Modificación de la jurisprudencia. En el sistema jurídico mexicano, la Ley de Amparo del 10 de enero de 1936 preveía en los arts. 194, párrafo tercero, y 197, párrafo cuarto, la figura relativa a la modificación de la jurisprudencia, la cual se podía llevar a cabo mediante dos vías.
La Suprema Corte ha considerado que la modificación de la jurisprudencia permite el cambio total de lo sostenido, es decir, no sólo se interrumpe un criterio jurídico, sino que se sustituye por otro, que incluso puede ser contrario, lo que conlleva a que se pueda solicitar la modificación de una parte o de la totalidad de la jurisprudencia.

21 de septiembre de 2020
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Ministerio público. Hoy en día los arts. 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y las normas procesales perfilan al Ministerio Público como una institución unitaria y jerárquica al que se le atribuye la representación de los intereses de la sociedad, lo cual le permite estar presente en procesos civiles, familiares, administrativos, en el juicio de amparo, controversias constitucionales e, incluso, fungir como abogado del Estado. Sin embargo, su función principal es la de investigar y esclarecer la comisión de delitos para perseguir y acusar ante los tribunales a quienes los cometieron o participaron en su comisión.

Ministro ponente, relator. Designado por acuerdo de presidencia del más alto tribunal como el responsable del estudio y formulación de los proyectos de resolución de los asuntos que le han sido turnados, cuyo conocimiento se somete a consideración, discusión y, en su caso, aprobación del Pleno, de conformidad con lo expresamente establecido en los arts. 105, fracs. I y II; 107, fracs. VII, XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 7o. del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los asuntos de su competencia originaria; y a la aprobación de las Salas, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 42 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Minorías etnoculturales. Definir a las minorías etnoculturales necesariamente requiere de la definición de la cultura y nación. Cultura es el conjunto de patrones de compor- 917 Minorías etnoculturales tamiento, lenguaje, mitos, símbolos, instituciones y rasgos históricos comunes que permiten el reconocimiento mutuo entre personas en una agrupación humana; los integrantes de una misma cultura comparten instituciones jurídicas, políticas y económicas. Por su parte, las naciones son asociaciones humanas que comparten una cultura en común; como dice Gellner, dos individuos son de la misma nación si comparten la misma cultura y se reconocen mutuamente como pertenecientes al mismo grupo nacional.

20 de septiembre de 2020
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Margen de apreciación nacional. Es un ingrediente esencial de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desde hace décadas. Una herramienta probablemente necesaria para una protección internacional en un escenario de intenso pluralismo cultural como es el europeo. Pero no por ello menos controvertida, dada la inseguridad jurídica que produce su aplicación, y el debilitamiento de la garantía jurisdiccional de los derechos en algunos casos, si bien, en otros, puede ser bueno que la solución del conflicto no sea común. Se funda en una diplomática deferencia que deja el enjuiciamiento de algunas interferencias en manos de los Estados en ciertas cuestiones sensibles para las opiniones públicas nacionales. Su aplicación posee una acusada concreción o dependencia del contexto. Es fruto de una interpretación tópica más que sistemática y se presta mal a análisis abstractos.

Medio ambiente en la jurisprudencia constitucional italiana. La introducción, aun a nivel constitucional, del concepto de “medio ambiente” ha creado el problema (en cierto modo, nuevo) de su relación con el concepto de “paisaje”: relación que no es aclarada expresamente por ninguna disposición constitucional, si bien ha sido tratada por la jurisprudencia (véase la sentencia 1029 de 1988 por la que la Corte Constitucional ha evidenciado el vínculo entre el medio ambiente y la protección del paisaje, concebido con una visión amplia, “basado principalmente en los intereses ecológicos y por lo tanto en la protección del medio ambiente como un bien unitario, aunque compuesto de muchos aspectos para la vida natural y humana”).

Migración. Migración significa cruzar las fronteras de una unidad política o administrativa por un periodo mínimo determinado. Es el término genérico para referirse al desplazamiento de una persona o de un grupo de personas, ya sea a través de una frontera internacional, en cuyo caso se estaría hablando de migración internacional, o bien sea dentro del territorio de un Estado, que sería la migración interna, por un periodo mínimo determinado. El Glosario sobre migración de la Organización Internacional para las Migraciones señala que es un desplazamiento de población que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas migrantes por motivos económicos y personas que se desplazan por otras causas, como la reagrupación familiar.

19 de septiembre de 2020
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Magistratura estatal y consejos de la judicatura. En una Federación como México existe el poder federal y los poderes locales, cada uno con sus funciones establecidas desde las constitucionales nacionales en diversos grados y las Constituciones locales. En México, el reconocimiento y la función del Poder Judicial de los estados se encuentran contenidos en la frac. III del art. 116 de la Constitución Federal (CPEUM), que en su redacción original de 1917 no señalaba nada al respecto. A la fecha, esa fracción ha tenido dos reformas. En la CPEUM no hay indicación de los consejos de la judicatura estatal, dejando libertad de configuración a los estados y desarrollándose posteriormente por la Suprema Corte.

Magna Carta Libertatum. La Magna Carta Libertatum es la Gran Carta de las libertades que el Rey Juan Plantagenet (mejor conocido como Juan Sin Tierra) fue obligado por sus barones a conceder y firmar cerca de Runnymede, el 15 de junio de 1215. Representó el primer documento fundamental para la concesión de los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, prohibió al soberano establecer nuevos impuestos sin el previo consentimiento del Parlamento, y garantizó a todos los hombres que no pudieran ser encarcelados sin antes haber tenido un juicio regular (hábeas corpus), reduciendo así el poder arbitrario del rey en términos de arresto preventivo y detención.

Manifestación de personas. El proceso foral aragonés de manifestación de personas era un medio de defensa ex profeso de salvaguardia y custodia de la libertad personal que estatuía el privilegio general. Su función teleológica es comparada con el interdicto homine 898 Marbury vs. Madison libero exhibendo y con el habeas corpus, precedentes español, romano e inglés, de los procesos constitucionales de la libertad contemporáneos.

18 de septiembre de 2020
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Libertades públicas. Aquí conviene regresar a Jean Morange y su libro Las libertades públicas, para quien las libertades públicas representan un concepto ulterior al de los derechos humanos. Para él, las libertades públicas presuponen el reconocimiento a los individuos de su derecho a ejercer, al abrigo de toda presión exterior, cierto número de actividades determinadas, y corresponde al Estado, a través de un sistema jurídico específico, posibilitar las condiciones necesarias. El hecho de que estas libertades correspondan a realidades concretas las hace ser distintas a los derechos del hombre. Por ello, afirma también Morange, la función esencial del Estado es asegurar la conservación de los derechos humanos.

Litigio de interés público. El litigio de interés público es una actividad técnica que tiene como propósito utilizar a los tribunales como mecanismos de cambio de las normas vigentes en un área determinada del derecho. Por lo general, se entiende que el cambio normativo que se pretende obtener traerá beneficios a la sociedad en general.

Magistratura constitucional local. La magistratura constitucional local es un concepto que recientemente se ha acuñado en México (con la aparición de la llamada “justicia constitucional local” a raíz de la Constitución del estado de Veracruz, de febrero de 2000) para referirnos al órgano jurisdiccional encargado de proteger la supremacía de la Constitución de cada entidad federativa. En México la magistratura constitucional local tiene diseños diferentes en cada una de las entidades federativas que han incorporado a sus Constituciones instrumentos de control constitucional, así encontramos modelos de magistratura ordinaria que resuelve cuestiones constitucionales a través de sus plenos del Tribunal Superior de Justicia como Veracruz, Tlaxcala y Yucatán; o especializadas en salas constitucionales como los casos de Nayarit y Chiapas. Sin embargo, comparten una característica común: son órganos que siguen la tradición judicialista americana, al estar incorporada en el Poder Judicial estatal la facultad de ejercer el control constitucional.

17 de septiembre de 2020
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Leyes inconstitucionales. Existe una presión constante y legítima de nuestra sociedad actual de vivir en un Estado de derecho, que pesa sobre el legislador, el gobierno y los jueces, en el sentido de que en un contexto democrático no puede tolerarse que alguna ley inconstitucional sea rectora de la vida social. El Estado de derecho tiene su razón de ser en el imperio de la ley como una expresión de la voluntad popular, y con ello el sometimiento de todos los poderes a ella y a la norma fundamental del Estado para la eficaz protección y realización de los derechos, libertades, así como de las necesidades de los individuos. De esta suerte, el respeto a la carta fundamental, a la supremacía constitucional, es lo que imprime validez a todas y cada una de las normas de que está compuesto nuestro ordenamiento jurídico y los actos que de él derivan, lo que significa que solo un control constitucional eficaz permite la existencia del anhelado Estado de derecho. Dicho de otra forma, las normas inconstitucionales afectan al Estado de derecho, de forma que para la permanencia de este es necesario que el sistema jurídico establezca medios en que esas normas puedan ser combatidas.

Leyes reforzadas. La característica esencial de las leyes reforzadas reside en su aprobación mediante un procedimiento más complejo respecto al iter legis ordinario de las demás leyes. En algunos ordenamientos (por ejemplo, Francia o Portugal) si la ley afecta a una materia determinada, se exige la presentación previa de un informe por parte de un órgano constitucional, con valor vinculante o no; en cambio, en otros (por ejemplo, Suiza, Francia o Irlanda) hay que celebrar un referéndum. También puede ser imprescindible un acuerdo previo para ratificar tratados internacionales o validar las leyes que regulan la relación con algunas confesiones religiosas.

Libertad de expresión. La libertad de expresión, en general, es el derecho a exteriorizar o difundir públicamente, por cualquier medio y ante cualquier auditorio, cualquier contenido simbólico del pensamiento, debiendo haber al menos dos sujetos: el emisor y el receptor del pensamiento. Esta libertad tiene una dimensión individual y una dimensión social, al garantizar no solo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

16 de septiembre de 2020
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Leyes autoaplicativas. El principio general del derecho dice que las leyes son de aplicación inmediata, a menos que el propio legislador difiera su vigencia en el tiempo; sin embargo, hay casos en los que la ley no produce efectos por su sola entrada en vigencia, sino que es necesario otro acto jurídico por parte de alguna rama del poder público para que la norma tenga plena vigencia dentro del ordenamiento jurídico. Las normas que no necesitan de otro acto jurídico para tener plenos efectos dentro del sistema legal, y cuya aplicación no ha sido diferida en el tiempo por el legislador, son las denominadas “leyes autoaplicativas”.

Leyes constitucionales. En el derecho constitucional mexicano, la noción de leyes constitucionales hace referencia a las Constituciones que han estado vigentes en México a lo largo de su historia republicana. Este camino ha sido largo y complejo, como en general lo ha sido para todo los países en su conformación nacional; sin embargo, la pluralidad y la riqueza de los diferentes experimentos constitucionales mexicanos les ha permitido a otros países aprender de su experiencia en la configuración de sus respectivas Constituciones. Un ejemplo de esto son las leyes de reforma del siglo XIX, las cuales fueron la base de la legislación que otros Estados latinoamericanos tomaron para decretar una separación efectiva entre la Iglesia católica y el Estado.

Leyes heteroaplicativas. Las leyes heteroaplicativas son aquellas que necesitan de otro acto jurídico para poder tener plenos efectos dentro del ordenamiento legal. En efecto, hay leyes que no son eficaces con la mera promulgación, como sería el principio general, sino que necesitan de un acto jurídico complementario para que de ellas pueda predicarse eficacia. Sin la presencia de ese acto jurídico no es posible aplicar esa norma jurídica a ninguna de las personas que habitan dentro del territorio nacional.

15 de septiembre de 2020
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Legitimación en los procesos constitucionales. El derecho a iniciar un proceso constitucional depende de la legitimación. Este es un criterio jurídico que nada se relaciona con el derecho de petición a las autoridades; es decir, existe un desmembramiento absoluto entre el “acto de pedir” (y, por tanto, debe ponerse fuera del problema de la legitimación para obrar) y el “derecho de pedir”, porque este último refleja el verdadero problema a resolver.
La legitimación, entonces, se refiere a la capacidad para obrar dentro de un proceso. De allí que ocupa al actor, al demandado y aun a ciertos terceros. En la tradición se confunde ser dueño del derecho con la posibilidad de reclamar cuando se sufre una afectación. Pero una afirmación como esta sería igual que presentar un obstáculo para el acceso a la justicia.

Legitimidad de los tribunales internacionales. La jurisdicción internacional no requeriría una justificación muy elaborada si esta no implicara un ejercicio de autoridad pública. Entendemos el concepto de autoridad como la capacidad legal de determinar a otros y de reducir sus libertades; es decir, de configurar unilateralmente su situación jurídica o de hecho. Actualmente es posible comprobar empíricamente que el poder de numerosas instituciones internacionales es similar al de las instituciones nacionales, tanto en su importancia como en su potencial para configurar y limitar la libertad. El hecho de que las sentencias internacionales frecuentemente no sean respaldadas por mecanismos coercitivos tiene poca relevancia desde el punto de vista de la legitimidad. Existen otras maneras de ejercer la autoridad pública, no menos decisivas e incisivas, que la aplicación coercitiva y que todo ejercicio de autoridad pública debe ser legítimo.

Lesa humanidad. La palabra “lesa” se refiere al adjetivo agraviado, lastimado u ofendido, mientras que la connotación demográfica de “humanidad” se asocia a la población mundial, por lo cual la combinación de ambas se refieren a las atrocidades que lastiman gravemente a todos los seres humanos, lo cual implica comportamientos cuyas características traspasan las fronteras de los delitos para considerarse como crímenes, cuyas primeras referencias se circunscriben a confrontaciones bélicas entre naciones. Así, en la Declaración de San Petersburgo del 11 de diciembre de 1868 se prohibió el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra entre naciones civilizadas, con el fin de conciliar las necesidades de la guerra con las leyes de la humanidad.

14 de septiembre de 2020
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Legitimación activa por acción popular o pública La legitimación activa por acción popular o pública de inconstitucionalidad es aquella en que toda persona capaz procesalmente tiene la facultad e interés procesal y jurídico para requerir, demandar o accionar de inconstitucionalidad ante el órgano que ejerce jurisdicción constitucional, sin necesidad de un hecho histórico concreto que lesione la esfera jurídica privada del accionante. En el caso de legitimación activa por acción popular, el actor se constituye en un defensor del orden constitucional en control abstracto, generalmente de carácter reparador de constitucionalidad. La sola defensa del orden constitucional le da interés para actuar, sin que haya sufrido un daño en su interés personal o subjetivo producto de la inconstitucionalidad del precepto normativo infraconstitucional.

Legitimación activa por el Poder Ejecutivo. La legitimación activa por parte del Ejecutivo (presidente de la República o Gobierno, dependiendo del tipo de gobierno que contempla la respectiva Constitución) opera generalmente en la modalidad de un control abstracto, objetivo y directo, ya sea en control preventivo, o bien en reparador.

Legitimación activa por el Poder Legislativo. Por regla general, los países que estructuran su sistema de control de constitucionalidad bajo el modelo germano austriaco, con modalidad de control concentrado de constitucionalidad de preceptos legales, con un control de carácter reparador, por vía de acción, en control abstracto y con efectos de expulsión del ordenamiento jurídico de la norma infraconstitucional considerada contraria a la Constitución, establecen por regla general una legitimación activa reducida a determinados órganos político-representativos, como son el presidente de la República, el Gobierno, el Parlamento o alguna de las ramas de un Congreso o Parlamento, así como un porcentaje o número significativo de parlamentarios de alguna de las ramas del Congreso o Parlamento.

13 de septiembre de 2020
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Legitimación activa en casos de intereses difusos. Los derechos o intereses difusos y los derechos o intereses colectivos, según los diferentes países, pueden tomarse como sinónimos o pueden diferenciarse. En todo caso, la legitimación para la tutela de los derechos o intereses difusos o colectivos se basa en un interés legítimo específico que debe ser invocado por el actor o demandante; ello lo distingue de las acciones populares, que se sostienen solo en el interés de la juridicidad, estando legitimadas para accionar todas las personas que invoquen la calidad de ciudadanos. Independientemente del concepto que rija al derecho o interés difuso, como parte de la defensa de la ciudadanía, su finalidad es satisfacer necesidades sociales o colectivas, antepuestas a los individuos.

Legitimación activa en el control concreto o incidental de constitucionalidad. La legitimación activa para accionar varía de acuerdo con la naturaleza del procedimiento (abstracto o concreto) de control de constitucionalidad y la configuración de los contenciosos constitucionales, pudiendo clasificarse en seis los grupos legitimados, que son: determinadas autoridades u órganos constitucionales de carácter político (presidente de la República; Gobierno o primer ministro; Congreso, Asamblea Parlamentaria o Parlamento); un número o porcentaje de parlamentarios que integran una de las Cámaras o la Asamblea Legislativa; los jueces ordinarios; las personas que tengan un interés legítimo; cualquier persona (acción popular o pública), y órganos que representan derechos de sectores débiles de la sociedad (Defensoría del Pueblo o de los Derechos Humanos).

Legitimación activa en el control abstracto. La legitimación en el control abstracto de constitucionalidad de la ley implica, por una parte, la posibilidad de activar el funcionamiento de tribunales o cortes constitucionales o supremas con funciones de constitucionales, y por otra, el hecho de que el propio legislador establezca en la Constitución —en ocasiones en la ley o en ambas— un catálogo de entes, sujetos, poderes u órganos —inclusive ciudadanos— con la atribución necesaria para que las normas que él mismo confecciona puedan ser cuestionadas ante un órgano jurisdiccional de control constitucional por su presunta contravención con la norma fundamental.

12 de septiembre de 2020
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Justicia y jurisdicción constitucionales. Ambas expresiones no son conceptos de definición exacta. Admiten diversidad de usos dada la variedad de sistemas y de competencias que pueden atribuirse a una y otra. Su delimitación es positiva e histórica, varía en cada ordenamiento. Algunos autores equiparan ambos conceptos. Pero no creo sean equivalentes. La noción de “justicia” es más amplia si la comprendemos como la encargada de la aplicación judicial de la Constitución, pues igualmente resuelven pretensiones conforme a normas constitucionales los órganos judiciales. Jueces y tribunales amparan derechos, revisan la constitucionalidad de los reglamentos, resuelven controversias competenciales, y adecuan normas a los mandatos constitucionales mediante una interpretación conforme. El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, pero no el único. No existe un monopolio de aplicación de la Constitución, sino solo de rechazo de la ley en los sistemas concentrados.

Legislador negativo. El concepto de legislador negativo se emplea para referirse a la primigenia concepción de los tribunales constitucionales según el diseño de estos elaborado por Hans Kelsen. Sobre la base de la distinción entre la función legislativa, que consiste en crear normas generales, y la función jurisdiccional, que genera normas individuales, Kelsen es el formulador de la teoría del tribunal constitucional como legislador negativo: “Anular una ley equivale a establecer una norma general, puesto que la anulación de una ley tiene el mismo carácter de generalidad que su confección. No siendo por así decirlo más que una confección con signo negativo. La anulación de una ley es, entonces, una función legislativa y el Tribunal que tiene el poder de anular leyes es, por consiguiente, un órgano del Poder Legislativo”.

Legislador positivo. En el constitucionalismo europeo basado en el modelo francés, el legislador se confundió con el soberano, y el dogma de la ley como expresión de la voluntad general (J. J. Rousseau) derivó en el principio de soberanía parlamentaria que hizo inviable el Estado constitucional, basado, como es sabido, en la distinción entre Poder Constituyente y Poderes Constituidos, y en la supremacía de aquel sobre estos, incluido el legislador (R. Carré de Malberg). Los intentos de Sieyès (1795 y 1799) de crear un tribunal constitucional que controlara al legislador y pudiera anular sus actos fueron rechazados en un contexto histórico caracterizado (a pesar de la trágica experiencia del “Terror”) por un fuerte prejuicio proparlamentario. Hubo que esperar al surgimiento en Europa de los primeros tribunales constitucionales en los años veinte, creaciones del gran jurista austriaco Hans Kelsen, para concebir al legislador como un poder limitado. Al mismo tiempo hicieron así su aparición en la historia unos órganos que por tener atribuida la función de declarar nulas las leyes inconstitucionales fueron considerados titulares de un Poder Legislativo negativo. Con el tiempo, la generalización y la consolidación de los tribunales constitucionales, el aumento de sus funciones y el surgimiento de nuevos tipos de sentencias (aditivas, interpretativas, etcétera) han hecho que la concepción de los tribunales constitucionales como meros legisladores negativos, según la concepción kelseniana, haya sido superada, y en puridad, son también titulares de un Poder Legislativo positivo.

11 de septiembre de 2020
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Justicia electoral. A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en diciembre de 1986 y de la expedición del Código Federal Electoral en febrero de 1987, que instituyeron al Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE), en el contexto del derecho electoral mexicano, teórico y práctico, e igual en la praxis política, se empezó a hablar de la “justicia electoral”, en términos generales, es decir, abarcando todos los recursos previstos en la legislación electoral ordinaria, tanto los procedentes ante los organismos electorales, encargados de preparar y llevar a cabo las elecciones populares, como los medios de impugnación jurisdiccional, que eran competencia del novedoso TCE federal

Justicia mayor. En la Edad Media existe un precedente del juez constitucional y del juez convencional: el justicia mayor, quien al conocer y resolver los procesos forales aragoneses (los de mayor arraigo eran de manifestación de personas, de inventario, de jurisfirma o firma de derecho, y de aprehensión ), “amparaba” a las personas y a sus bienes en contra de los actos excesivos y arbitrarios de la autoridad real y eclesiástica, que constituían contrafuero (parangón de los actos inconstitucionales) en perjuicio de los mismos, asegurándose este funcionario del cumplimiento de los privilegios de los habitantes de la ciudad, la organización política, y, en general, el derecho de la misma (en el que preponderaron las costumbres locales), todo ello estatuido, por ejemplo, en un alto ordenamiento, como lo fue el Privilegio General, otorgado por Pedro III, en 1283, y elevado a la condición de fuero por Pedro IV, en 1348, el cual ha sido comparado con la Carta Magna inglesa.

Justicia tradicional indígena (usos y costumbres) La locución “justicia tradicional indígena” es de nuevo cuño en la doctrina jurídica contemporánea. En efecto, la teoría jurídica de la última parte del siglo XX ha delineado las características de la justicia indígena y su relación con otras ciencias sociales. Se advierte que la contribución científica de diversas ciencias sociales (como la antropología, la etnología, la sociología, entre otras) ha sido determinante y ha permitido contar con un cuerpo doctrinario que ha posibilitado la articulación de una auténtica perspectiva sobre los derechos de los pueblos indígenas. Dicho en otras palabras, la doctrina jurídica ha delineado diversos ejes de reflexión, a partir de los planteamientos de otras disciplinas sociales para establecer una teoría jurídica de los usos y costumbres indígenas.

10 de septiembre de 2020
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Justicia constitucional local. Los ordenamientos jurídicos compuestos se caracterizan por integrar diversos órdenes normativos con ámbitos de validez determinados que encuentran plena racionalización en una norma fundamental. Regularmente cada uno de esos órdenes obtiene el fundamento de su validez en un texto constitucional, de forma tal que el orden jurídico nacional se desprende de una Constitución general, mientras que los ordenamientos jurídicos parciales dependen de Constituciones particulares que, a su vez, están sometidas a la observancia de los principios establecidos en la primera.
Esta doble dualidad constitucional es la premisa básica para entender la doble caracterización que adquiere la justicia constitucional. La aplicación vinculante de la Constitución nacional, llevada a cabo por tribunales ordinarios, o bien, por tribunales especializados, de manera concentrada o difusa, a través de específicos instrumentos procesales de tutela o bien de procesos jurisdiccionales ordinarios, representa el contenido de la noción “justicia constitucional”.

Justicia constitucional (modelos). Un modelo puede entenderse como Rechtstypus (tipo jurídico), individualizado a través de la comparación y que, por ende, porta consigo características comunes de un conjunto de ordenamientos; o bien como Rechtsideal (tipo ideal o ideal jurídico), es decir, como aquel modelo que responde a algunos arquetipos ideales o a “lo que debe ser”: un modelo teórico, abstracto y externo al derecho positivo.

Justicia constitucional (tipología). Definir la tipología de la justicia constitucional significa definir la tipología de la jurisdicción constitucional; igualmente, definir la tipología de la justicia (o jurisdicción) constitucional significa explicar sus clasificaciones (y modelos).
Hay, sin embargo, una diferencia entre modelos y sistemas. Cada país tiene (salvo excepciones, como Reino Unido) un sistema de justicia constitucional, pero solo en pocos casos se puede hablar de “modelos”.
En su obra de construcción de clases taxonómicas, la doctrina comparatista ha propuesto soluciones divergentes, aunque la clasificación más plausible hace referencia a una primera distinción entre justicia constitucional política y justicia constitucional jurisdiccional (en este sentido, hay diferencia entre las dos expresiones, siendo el término “justicia” más amplio).

09 de septiembre de 2020
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Jurisprudencia por reiteración de criterios. La acumulación de precedentes en un mismo sentido, sin ninguna resolución en contrario, bajo determinadas circunstancias y condiciones, da lugar a la fijación de criterios firmes que pueden resultar obligatorios para órganos judiciales de menor rango, como ocurre en el caso de España, Guatemala y México. La importancia y valor de la jurisprudencia por reiteración, radica, por supuesto, en que la forma de resolver determinados negocios judiciales es utilizada para fallar casos iguales o análogos en un mismo sentido. La uniformidad de criterios que se alcanza empata perfectamente con un objetivo central generalmente atribuido a la jurisprudencia, que es generar seguridad jurídica en los justiciables, aun cuando esta no se consigna de manera absoluta por el dinamismo interpretativo que pueden generar otros criterios por encima de los previamente establecidos.

Jurisprudencia por unificación de criterios. La unificación de criterios es una de las formas en que se puede integrar la jurisprudencia. El principio de contradicción, a virtud del cual se establece que dos cosas no pueden ser y dejar de ser al mismo tiempo, es lo que, de acuerdo con la lógica formal aristotélica, en principio justifica racionalmente la institución que se analiza, pero igualmente con la lógica no formal o dialéctica es posible explicar la importancia que tiene la unificación de criterios, ya que no resulta razonable que, en los mismos momento y espacio, existan dos o más criterios jurídicos formalmente válidos, en distintos sentidos, para resolver un mismo problema de hecho o de derecho.

Justicia constitucional electoral. Es el sistema de protección de los principios constitucionales en materia electoral. Se integra por los medios de impugnación a cargo de órganos jurisdiccionales especializados. Este conjunto de medios jurídicos técnicos de impugnación o control de los actos, resoluciones y procedimientos electorales se substancian ante un órgano de naturaleza jurisdiccional para garantizar la regularidad constitucional de las elecciones, cuya principal finalidad es la protección y conservación de los principios constitucionales en materia electoral, entre los que se encuentran la certeza, la objetividad, la imparcialidad, la autenticidad, la transparencia y la libertad electoral.

08 de septiembre de 2020
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Jurisprudencia de los tribunales constitucionales. El derecho constitucional, a la par de los otros sectores de la ciencia jurídica, tiene una importante base jurisprudencial. Tal característica ha sido consolidada en los Estados Unidos de América, donde se sostiene que la jurisprudencia de la Corte Suprema produzca efectos normativos, en concordancia a una regla que incluye las decisiones judiciales entre las fuentes del derecho. Pero también en otros sistemas donde vienen sistemas de justicia constitucional, algunos tipos de sentencia (en particular aquellas de inconstitucionalidad), vienen insertas en el catálogo de las fuentes del derecho. En algunos casos (España) el valor normativo de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales está disciplinado por las Constituciones, en otros es la consecuencia de los particulares tipos de sentencia adoptadas por los tribunales y por su autoritarismo.

Jurisprudencia electoral. Cuando el sentido de la ley es dudoso, el juzgador tiene que echar mano de todos los recursos que le brinda la técnica interpretativa: declarativa, restrictiva, extensiva, progresista o evolutiva, gramatical, lógica-sistemática, histórica y finalista-teleológica.
La interpretación solo resulta posible cuando hay preceptos que así lo ameriten, pero cuando la cuestión sometida al conocimiento del juzgador no se encuentra prevista en el ordenamiento positivo, aquel no puede dejar de resolver.

Jurisprudencia por razón fundada. La Constitución de México se reformó el 31 de diciembre de 1994 para crear las acciones de inconstitucionalidad y fortalecer diversos aspectos de las controversias constitucionales; lo anterior dio lugar a que el 11 de mayo de 1995 se publicara la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución. En estos mecanismos de control constitucional se prevé la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de una norma general con efectos erga omnes, y que esta invalidez se extienda a todas las normas que dependan de la norma invalidada.
Entre las innovaciones en estos mecanismos de control se encuentra la confección de un tercer sistema de conformación jurisprudencial, pues además de la jurisprudencia que establecen los órganos jurisdiccionales bajo los sistemas de reiteración y de unificación de criterios, se configuró la jurisprudencia por razón fundada.

07 de septiembre de 2020
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Jurisdicción supranacional. Es la potestad dimanante de una porción de soberanía que un Estado nacional cede en favor de un órgano judicial erigido más allá de las fronteras estaduales, que presenta las siguientes características: a) se genera a través de un acto de derecho internacional (resolución o tratado); b) se ejerce por conducto de tribunales o cortes, integradas por jueces o magistrados independientes; c) su función es la realización del derecho (principalmente convencional) en el caso concreto, juzgando de modo complementario e irrevocable.

Jurisfirma. El jurisfirma fue un proceso foral para preservar de infracción de fueros y evitar contrafueros, liberando de toda violencia al oprimido al moderar, conforme a derecho, los injustos arrebatos, lo mismo de los reyes y sus jueces, que de quienes habitaban el reino.

Jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia constitucional se refiere al conjunto de sentencias que emiten los tribunales constitucionales en su carácter de intérpretes supremos de la Constitución, en particular, a los fundamentos jurídicos o ratio decidendi de las resoluciones. Se relaciona con el concepto procesal de jurisprudencia, entendida como el conjunto de sentencias de los tribunales y la doctrina que se contiene en ellas, acepción que tiene su origen en el principio de stare decisis del derecho angloamericano. En este sentido, la jurisprudencia constitucional es también fuente formal de derecho en tanto produce normas jurídicas generales aplicables a casos futuros indeterminados.

06 de septiembre de 2020
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Jurisdicción constitucional (modelos clásicos). La referencia a un “modelo” implica en sí algo ejemplar en sentido positivo, algo que merece ser imitado. De esta manera, se habla de “modelos” clásicos en la jurisdicción constitucional.
Esta expresión no alude, pues, a algunos antiguos precedentes del mundo clásico griego o latino [como por ejemplo, el remedio procesal llamado grafé paranomòn, con el cual se aseguró en el derecho ático que los decretos de la asamblea ciudadana (psefìsmata) fueran conformes a las leyes (nomoi)]; ni tampoco al considerado el precedente más inmediato de jurisdicción constitucional, el famoso caso Bonham, debatido ante el Tribunal de los Common Pleas en 1610, donde el magistrado inglés Sir Edward Coke sostuvo que el monarca estaba sometido a la lex terrae, identificándola substancialmente con los principios del common law.

Jurisdicción electoral. La materia electoral es amplia y ha tenido un importante avance en cuanto a la organización y realización de los comicios por un órgano integrado por ciudadanos y no por autoridades nombradas o subordinadas al Poder Ejecutivo; la absoluta autonomía e independencia, tanto en la designación de los miembros del órgano administrativo comicial, de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como en su funcionamiento; la integración de un sistema legal de justicia electoral plasmado en la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además de la consecuente creación de dos juicios que han adquirido gran relevancia: el de protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el de revisión constitucional electoral, así como la existencia de un régimen de fiscalización de los recursos otorgados a los partidos políticos para el financiamiento de sus actividades, entre otros, son aspectos que permiten la viabilidad de consolidar el modelo democrático.

Jurisdicción internacional. La función jurisdiccional es un dato característico del Estado moderno. Este tiene a su cargo, entre otras tareas que se hallan en su origen natural, en su desenvolvimiento y en sus fines, la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y la solución de controversias, sea entre particulares, sea entre estos y los órganos del propio Estado. En consecuencia, incumbe a este, como manifestación de soberanía, conocer y resolver litigios en el ámbito de sus atribuciones territoriales, materiales y personales, con exclusión de otros Estados. Así se ha entendido tradicionalmente, hasta la aparición y el desenvolvimiento del nuevo derecho internacional público y de los órganos que este genera, con facultades que trascienden las fronteras nacionales.

05 de septiembre de 2020
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Jurisdicción constitucional. El vocablo “jurisdicción constitucional” está compuesto de dos voces claramente diferenciadas y que tienen larga data. La “jurisdicción” es un atributo del Estado para decir el derecho, es decir, declararlo, aplicarlo y hacerlo efectivo, referido generalmente a conflictos, diferencias o acciones que buscan la paz social. Así entendida lo ha sido desde Roma, si bien es relativamente nuevo el hecho de que ella esté atribuida o entregada a un cuerpo o ente judicial. Por otro lado, lo “constitucional” también es nuevo, pues las primeras Constituciones se dan a fines del siglo XVIII con la llamada revolución atlántica y que aparece en dos documentos célebres: la Constitución de los Estados Unidos de 1789, precedida por la declaración de independencia de 1776, y la Constitución francesa de 1791, que siguió a la Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudadano de 1789.

Jurisdicción constitucional (clasificaciones). Las claves de lectura propuestas hasta ahora son sustancialmente de dos tipos. Por una parte, una vez diferenciados los modelos con base en el carácter jurisdiccional del órgano que promueve y en la fase del control, se ha desarrollado una teoría de los modelos (jurisdiccionales) clásicos, progresivamente adaptada e integrada, que hace uso de un criterio fundamental para la identificación de los elementos determinantes conforme a la naturaleza concentrada o difusa del modelo, a las modalidades de acceso y a la eficacia (declarativa o constitutiva) del pronunciamiento.

Jurisdicción constitucional (material). alcances De esta JurisDicción Material. Constituye una jurisdicción constitucional material la que en principio corresponde administrar justicia, en nombre de la nación y este es el Poder Judicial. II. el poDer JuDicial a carGo Del control constitucional De actos u o Misiones. Los países latinoamericanos, particularmente Chile, Perú, Ecuador y Colombia, tienen un sistema llamado paralelo, pero que en realidad es mixto, pues las instancias del Poder Judicial tramitan las acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento, y el Tribunal Constitucional resuelve en definitiva y última instancia.

04 de septiembre de 2020
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Juicio político. El juicio político es el término utilizado comúnmente para designar el procedimiento para fincar responsabilidad política u oficial a un servidor. Puede afirmarse al respecto que el juicio político es el conjunto de actos procesales previstos en la ley, que tiene como finalidad la aplicación de sanciones específicas atribuidas a conductas determinadas, es decir, es el vínculo procesal para la aplicación de la norma sustantiva en materia de responsabilidad política.
La existencia del juicio político está estrechamente relacionada con el cumplimiento de las labores correspondientes al servicio público, lo cual puede exigirse en regímenes distintos al republicano.

Juicio sumarísimo de amparo. En la época virreinal, a partir del interdicto de amparo, que fijaba una forma clara y rápida de proceder para la defensa incontestable de la posesión, de un modo expeditivo y eficaz, se fue desarrollando en el seno de la Real Audiencia y Chancillería de México —tribunal superior de justicia novohispana— una nueva modalidad de amparo que se apartada de la anterior en una cuestión de técnica jurídica: se trataba ya de un juicio, de un proceso, y no simplemente de un interdicto (en la etapa novohispana los tribunales superiores tenían una atribución quasi legislativa, a través de los “autos acordados”). Ello suponía la existencia de ciertas garantías y actuaciones de las partes que no se daban con el anterior mecanismo, tales como la contradicción de propuestas de ambas partes, la existencia de demanda y de contestación, la propuesta y realización de materiales probatorios, los alegatos y la sentencia final con efectos restringidos, pues se trataba de un proceso sumario.

Juntas de conciliación y arbitraje. Tanto la conciliación como el arbitraje son formas de resolver las diferencias y los conflictos laborales; en el derecho mexicano estas funciones se realizan por las juntas de conciliación y arbitraje (JCA), órganos especializados para impartir justicia laboral. Su primer antecedente en México se localiza en un proyecto de ley de 1913 para reformar dos arts. del Código de Comercio (la relación de trabajo se consideraba un contrato mercantil) en que se proponía la creación de unas juntas de integración paritaria para resolver los problemas entre trabajadores y patrones, proyecto que no prosperó. Un año más tarde, en 1914, en Veracruz se crearon las juntas administrativas civiles para oír los conflictos entre patrones y trabajadores; en 1915 se propuso la creación de las juntas de avenencia también de composición paritaria y ese mismo año se creó el Consejo de Conciliación y el Comité de Arbitraje en Yucatán.

03 de septiembre de 2020
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Juicio de responsabilidad. El “juicio de responsabilidad” o “juicio político”, las denominaciones más utilizadas en los diversos textos constitucionales, es un proceso materialmente jurisdiccional mediante el cual se sanciona a los servidores públicos, tanto de elección popular como de designación (directa e indirecta), por violaciones a la Constitución y a las leyes secundarias. El órgano que juzga puede ser o no formalmente jurisdiccional, pues algunos documentos supremos encomiendan esta atribución a los parlamentos, y en otros, a los tribunales; pero en todos los casos se exige como requisito de procedibilidad que la acusación provenga de la representación popular, debido al carácter representativo de los sujetos cuya conducta se cuestiona y a la sanción que se impone: la destitución y/o la inhabilitación en el servicio público de 1 a 20 años.

Juicio de revisión constitucional electoral. Medio procesal de control constitucional en materia electoral a través del cual se verifica la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades competentes en las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, que sean determinantes para el desarrollo del proceso electoral o el resultado final de las elecciones.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en materia electoral del que conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo subsecuente TEPJF) para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, de votar, ser votado, asociación y afiliación, integración de las autoridades electorales y cualquier derecho fundamental vinculado con los anteriores. II. Desarrollo. El juicio para la protección de los derechos políticoelectorales de los ciudadanos (en lo subsecuente JDC) surge con la reforma constitucional de 22 de agosto de 1996 y legal de 22 de noviembre de 1996 con la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Surge para proteger a los ciudadanos de las decisiones de la autoridad administrativa electoral de inclusión o exclusión en los listados nominales de electores, registro de partidos políticos u organizaciones electorales y, principalmente, por la no expedición de la credencial para votar con fotografía.

02 de septiembre de 2020
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Juez continental. Se puede entender por juez continental aquel juez propio del mundo europeo de tradición romano germánico que se contrapone al juez de tipo insular o del common law. Ese modelo de juez es común a los países del centro y sur de Europa, el que luego fue replicado en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas. El juez continental se caracteriza, en primer lugar, por reunir dos rasgos copulativos que se refieren a su calidad de profesional del derecho y funcionario público. Profesional del derecho por cuanto para ser nombrado juez se requiere tener el título de abogado. Funcionario público puesto que ese abogado ejerce un cargo y función pública de carácter permanentes. Una vez seleccionado y designado por los órganos estatales competentes, desarrolla su trabajo jurisdiccional dentro de una estructura estatal permanente.

Juicio de amparo (mexicano). El juicio de amparo mexicano es un medio de control constitucional a través del cual se protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o, en ciertos casos, de particulares. Su ámbito de protección se extiende a la tutela de todo el orden jurídico nacional, pues comprende las funciones de habeas corpus o tutela de la libertad personal, la protección de los derechos fundamentales de fuente nacional e internacional, el control de constitucionalidad de leyes, así como el control de legalidad de los actos de las autoridades administrativas y de las sentencias judiciales.

Juicio de legitimidad constitucional. La justicia constitucional representa la superación de las teorías de la c. d. “defensa política” de la Constitución, alimentadas por el constitucionalismo francés del periodo revolucionario. Con base en estas últimas, el respeto de la Constitución debía ser asignado —en obsequio al principio de la soberanía nacional— a órganos políticamente representativos (como el Senado, el Tribunal de censores o una jurie constitutionnaire), a órganos internos al Poder Legislativo o a órganos consultivos (como el Consejo de Estado). Contrariamente, en las experiencias de justicia constitucional, la revisión de la conformidad de una ley a la Constitución está conformada por un órgano externo al procedimiento legislativo, dotado de los requisitos de imparcialidad y de profesionalidad.

01 de septiembre de 2020
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Interrupción de jurisprudencia. El término interrupción significa, según el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia, la acción y efecto de interrumpir. Este verbo proviene del latín interrumpere que significa “recortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo”. La aplicación de la interrupción se explica con base en la manera en que el ordenamiento mexicano ha dispuesto que se crea y se cambia la jurisprudencia. Ya que una de las formas de hacerlo es a través de la reiteración, la interrupción de ese proceso reiterativo cobra relevancia para determinar la vigencia o no de criterios jurisprudenciales. El art. 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su párrafo 10, que la “ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución”.

Investigación de servidores públicos judiciales. La investigación de los servidores públicos se encuentra orientada a determinar si en el ejercicio de sus funciones han incurrido en actos u omisiones, es decir, en alguna causa de responsabilidad prevista en ley.
En el desempeño jurisdiccional del juzgador, por regla general, se excluye de la investigación el arbitrio judicial, para garantizar la independencia y autonomía del titular, y solo se puede abordar cuando se aduce que existe contradicción notoria y objetiva con el orden normativo o que se falló en contra de las constancias que obran autos. Y está surgiendo una nueva vertiente que abarca la revisión de la uniformidad o regularidad del criterio.

Juez constitucional en materia electoral. Es el juzgador que tiene a su cargo la protección y conservación de los principios constitucionales en materia electoral, mediante la revisión, a través de un sistema de medios de impugnación, de los actos y resoluciones de las autoridades electorales. Se considera juez constitucional porque su principal elemento de confronta es la Constitución, con lo cual se convierte en un juez constitucional especializado. La actuación de estos juzgadores ha construido en México una muy interesante doctrina jurisprudencial, en ocasiones basada en argumentaciones derivadas de la interpretación y aplicación de instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

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