3 x 7 x 4 x 12
Si realizamos la operación aquí señalada nos da como resultado la cantidad de 1,008. Le llamamos la fórmula del conocimiento porque con disciplina, constancia e interés; 1,008 serían las palabras que en un año puedes integrar en tu conocimiento.
¿Te atreves a conocer más?
Diccionario del Juicio de Amparo (2005)
Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres
El equipo de SIJUFOR, reforzando nuestro compromiso con la capacitación constante y preparación continua, hemos buscado ampliar nuestra “Fórmula del conocimiento”; incluyendo en las palabras diarias las expuestas en el libro “Diccionario del Juicio de Amparo” (2005), del cual agradecemos la anuencia a su autor el Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres, respetado y admirado gran amigo del equipo de SIJUFOR, y de quien ya se tuvo la satisfacción de escuchar y compartir aula teniéndolo como maestro y ponente. El Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres ha sido catedrático en materias de Derecho a nivel Licenciatura y Posgrado, conferencista y autor de varias obras entre las que destacan Elementos de derecho bancario (1997), Derecho bancario (2003), Diccionario del juicio de amparo (2005), Curso general de amparo (2007) y Curso general de amparo. Banco de preguntas (2009); además ha publicado diversos artículos sobre temas jurídicos, en revistas de la materia.
La forma de organizar las palabras diarias en este apartado será alternando una semana (lunes a domingo) para cada uno de los libros aquí presentados, es decir, una semana se publicarán 3 conceptos diarios del libro “Diccionario Práctico del Juicio Oral” y la semana consecutiva serán 3 términos del libro “Diccionario del Juicio de amparo”, así sucesivamente.
Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres
El equipo de SIJUFOR, reforzando nuestro compromiso con la capacitación constante y preparación continua, hemos buscado ampliar nuestra “Fórmula del conocimiento”; incluyendo en las palabras diarias las expuestas en el libro “Diccionario del Juicio de Amparo” (2005), del cual agradecemos la anuencia a su autor el Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres, respetado y admirado gran amigo del equipo de SIJUFOR, y de quien ya se tuvo la satisfacción de escuchar y compartir aula teniéndolo como maestro y ponente. El Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres ha sido catedrático en materias de Derecho a nivel Licenciatura y Posgrado, conferencista y autor de varias obras entre las que destacan Elementos de derecho bancario (1997), Derecho bancario (2003), Diccionario del juicio de amparo (2005), Curso general de amparo (2007) y Curso general de amparo. Banco de preguntas (2009); además ha publicado diversos artículos sobre temas jurídicos, en revistas de la materia.
La forma de organizar las palabras diarias en este apartado será alternando una semana (lunes a domingo) para cada uno de los libros aquí presentados, es decir, una semana se publicarán 3 conceptos diarios del libro “Diccionario Práctico del Juicio Oral” y la semana consecutiva serán 3 términos del libro “Diccionario del Juicio de amparo”, así sucesivamente.
|
|
|
Diccionario Práctico del Juicio Oral (2011)
Maestro Manuel Valadez Díaz
Gracias a la colaboración del Maestro Manuel Valadez Díaz, este año 2020 lo desarrollaremos con el material presentado en el libro "Diccionario Práctico del Juicio Oral" (2011) (Editorial UBIJUS). El Maestro Manuel Valadez Díaz ha sido autor de 8 libros sobre Sistema Penal Acusatorio. Incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales Comentado con Doctrina y Jurisprudencia Nacional e Internacional. Docente certificado por la SETEC. Capacitador a nivel nacional sobre Sistema Acusatorio de Jueces, Agentes del Ministerio Público, defensores públicos y privados. Conferencista en materia penal, procesal penal y derechos humanos. Docente a nivel licenciatura y posgrado en materias de Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal. Asimismo se ha desarrollado como Juez de Control y Oralidad Penal del Poder Judicial del Estado de Durango, México.
Maestro Manuel Valadez Díaz
Gracias a la colaboración del Maestro Manuel Valadez Díaz, este año 2020 lo desarrollaremos con el material presentado en el libro "Diccionario Práctico del Juicio Oral" (2011) (Editorial UBIJUS). El Maestro Manuel Valadez Díaz ha sido autor de 8 libros sobre Sistema Penal Acusatorio. Incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales Comentado con Doctrina y Jurisprudencia Nacional e Internacional. Docente certificado por la SETEC. Capacitador a nivel nacional sobre Sistema Acusatorio de Jueces, Agentes del Ministerio Público, defensores públicos y privados. Conferencista en materia penal, procesal penal y derechos humanos. Docente a nivel licenciatura y posgrado en materias de Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal. Asimismo se ha desarrollado como Juez de Control y Oralidad Penal del Poder Judicial del Estado de Durango, México.
|
|
|
Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y ConvencionalSiendo el 23 de abril de 2020 damos por finalizado el libro del Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres, para empezar con otros conceptos y términos presentados en el DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, publicado por el Poder Judicial de la Federación, mediante el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2014.
Hemos terminado de exprimir el conocimiento que el Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres nos permitió compartir con su obra Diccionario del Juicio de amparo. Hemos presentado cada uno de los conceptos, deducciones, términos, nociones y percepciones que abarca este gran texto, y que se han prestado para el formato de conceptos dentro de nuestra sección de la Fórmula del conocimiento. Terminaremos esta semana con los conceptos del nuevo texto y la siguiente semana continuaremos con el Diccionario Práctico de Juicio Oral y seguiremos alternando semana como hemos estado haciendo.
Sin dejar de mencionar que cualquier consulta adicional o para mayores referencias futuras sobre el libro del Dr. Humberto Ruiz, nos pueden solicitar la información por este medio y con gusto la compartimos; ya que en cada uno de los conceptos presentados en este libro, también anexa un poco de historia para cada uno de estos.
Siendo 31 de mayo de 2020 hemos terminado con los términos referidos en el libro Diccionario Práctico del Juicio Oral presentado por el Maestro Manuel Valadez Díaz; agradecemos el aporte que al Maestro nos ha permitido tomar y compartir de su experiencia. Continuaremos con esta sección compartiendo los conceptos presentados en el libro DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Asimismo, para mayores referencias en cuanto a los términos planteados, pueden solicitar la información.
Siendo el 6 de noviembre de 2020 hemos terminado con los conceptos contenidos en el libro "Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional" y comenzamos a compartir con ustedes los términos referidos en el libro "Vocabulario Judicial" del Instituto de la Judicatura Federal esperando que estos mismos puedan integrarse a tu conocimiento de manera fructífera.
Hemos terminado de exprimir el conocimiento que el Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres nos permitió compartir con su obra Diccionario del Juicio de amparo. Hemos presentado cada uno de los conceptos, deducciones, términos, nociones y percepciones que abarca este gran texto, y que se han prestado para el formato de conceptos dentro de nuestra sección de la Fórmula del conocimiento. Terminaremos esta semana con los conceptos del nuevo texto y la siguiente semana continuaremos con el Diccionario Práctico de Juicio Oral y seguiremos alternando semana como hemos estado haciendo.
Sin dejar de mencionar que cualquier consulta adicional o para mayores referencias futuras sobre el libro del Dr. Humberto Ruiz, nos pueden solicitar la información por este medio y con gusto la compartimos; ya que en cada uno de los conceptos presentados en este libro, también anexa un poco de historia para cada uno de estos.
Siendo 31 de mayo de 2020 hemos terminado con los términos referidos en el libro Diccionario Práctico del Juicio Oral presentado por el Maestro Manuel Valadez Díaz; agradecemos el aporte que al Maestro nos ha permitido tomar y compartir de su experiencia. Continuaremos con esta sección compartiendo los conceptos presentados en el libro DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Asimismo, para mayores referencias en cuanto a los términos planteados, pueden solicitar la información.
Siendo el 6 de noviembre de 2020 hemos terminado con los conceptos contenidos en el libro "Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional" y comenzamos a compartir con ustedes los términos referidos en el libro "Vocabulario Judicial" del Instituto de la Judicatura Federal esperando que estos mismos puedan integrarse a tu conocimiento de manera fructífera.
17 de enero de 2022
Constitución Mexicana de 1857: La Carta constitucional federal que consolidó el amparo. Fue jurada el 5 de febrero de 1857 por los miembros del Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos y por el presidente Ignacio Comonfort. Su promulgación tuvo lugar el 11 de marzo del mismo año.
Constitución Mexicana de 1917: Carta constitucional federal que estableció la actual configuración del amparo mexicano. Su nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma a la de 5 de febrero de 1857. El 31 de enero de 1917 se rindió protesta de guardarla, tanto por los miembros del Congreso Constituyente como por Venustiano Carranza, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el primero de mayo siguiente.
Constitución yucateca de 1841: Carta constitucional estatal que creó el amparo en su sentido moderno, concebido, de modo fundamental, por Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, La Carta fue aprobada y promulgada en Mérida, Yucatán, el 31 de marzo de 1841 y entró en vigor el 16 de mayo del mismo año.
Constitución Mexicana de 1917: Carta constitucional federal que estableció la actual configuración del amparo mexicano. Su nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma a la de 5 de febrero de 1857. El 31 de enero de 1917 se rindió protesta de guardarla, tanto por los miembros del Congreso Constituyente como por Venustiano Carranza, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el primero de mayo siguiente.
Constitución yucateca de 1841: Carta constitucional estatal que creó el amparo en su sentido moderno, concebido, de modo fundamental, por Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, La Carta fue aprobada y promulgada en Mérida, Yucatán, el 31 de marzo de 1841 y entró en vigor el 16 de mayo del mismo año.
16 de enero 2022
Casación. La casación es medio de impugnación extraordinario que tiene por objeto examinar el procedimiento seguido ante los jueces y las resoluciones definitivas que éstos dicten. De declararse la nulidad, se procede a la reposición del procedimiento o a dictar una nueva sentencia.
Capacidad y personalidad. De acuerdo con Giuseppe Chiovenda, por capacidad puede entenderse la aptitud legal de un sujeto para ser parte en el proceso (capacidad para ser parte), lo mismo que para comparecer en juicio a fin de realizar actos procesales en nombre propio o por cuenta de otro (capacidad procesal).
Manuel Bernardo Espinoza Barragán expresa: “Desde el punto de vista procesal y en los términos de un concepto genérico, la personalidad es el reconocimiento que hace el Órgano Jurisdiccional a favor de quienes intervienen por sí o en representación de otro en juicio, para que puedan actuar eficazmente en el mismo.
Conexidad y litispendencia. Se presenta litispendencia en el amparo cuando existen dos juicios pendientes de resolución en lo que hay identidad de quejosos, autoridades y de acto reclamado (que se combate en forma simultánea en ambos juicios). Es impórtate destacar que la sola identidad de quejosos y de autoridades no es suficiente para que exista litispendencia, si de la lectura de las demandas se desprende que los actos reclamados son sustancialmente distintos.
Por su parte la conexidad es una situación procesal que se presenta cuando existen dos o más litigios, que han sido sometidos a distintos procesos, pero que tienen una causa o relación jurídica que los vincula. La conexidad, afirma Ovalle Favela, puede ser de dos tipos: objetiva, si los procesos se vinculan por provenir de la misma causa o relación jurídica sustantiva, o bien subjetiva, cuando en ella intervienen las mismas partes.
Capacidad y personalidad. De acuerdo con Giuseppe Chiovenda, por capacidad puede entenderse la aptitud legal de un sujeto para ser parte en el proceso (capacidad para ser parte), lo mismo que para comparecer en juicio a fin de realizar actos procesales en nombre propio o por cuenta de otro (capacidad procesal).
Manuel Bernardo Espinoza Barragán expresa: “Desde el punto de vista procesal y en los términos de un concepto genérico, la personalidad es el reconocimiento que hace el Órgano Jurisdiccional a favor de quienes intervienen por sí o en representación de otro en juicio, para que puedan actuar eficazmente en el mismo.
Conexidad y litispendencia. Se presenta litispendencia en el amparo cuando existen dos juicios pendientes de resolución en lo que hay identidad de quejosos, autoridades y de acto reclamado (que se combate en forma simultánea en ambos juicios). Es impórtate destacar que la sola identidad de quejosos y de autoridades no es suficiente para que exista litispendencia, si de la lectura de las demandas se desprende que los actos reclamados son sustancialmente distintos.
Por su parte la conexidad es una situación procesal que se presenta cuando existen dos o más litigios, que han sido sometidos a distintos procesos, pero que tienen una causa o relación jurídica que los vincula. La conexidad, afirma Ovalle Favela, puede ser de dos tipos: objetiva, si los procesos se vinculan por provenir de la misma causa o relación jurídica sustantiva, o bien subjetiva, cuando en ella intervienen las mismas partes.
15 de enero de 2022
Amparo para efectos. Una modalidad de la sentencia que ampara y protege es el “amparo para efectos”, introducido en nuestro sistema a través de la jurisprudencia, en asuntos de amparo directo, cuando se trata de violaciones de carácter formal.
Audiencia Constitucional. La audiencia constitucional es el acto formal que se desarrolla ante el Juez de Distrito, aunque no necesariamente con la presencia del mismo, durante la tramitación de la primera instancia de amparo indirecto, con objeto de ofrecer y desahogar pruebas, formular alegatos y dictar la sentencia relativa al asunto principal del amparo. Ello tiene como propósito evidente otorgar la garantía de audiencia en el proceso, a fin de que las partes sean oídas ante de que el juzgador federal se pronuncie sobre las pretensiones aducidas por ellas.
Autoridad para los efectos del amparo. Definir qué es una autoridad para los efectos del amparo ha sido uno de los problemas más complejos con que se ha enfrentado nuestra materia. Por ello, pretender formular una idea, así sea provisional, en tal sentido, resulta siempre aventurado. Sin perder de vista tal salvedad, podemos afirmar que autoridad, para los efectos de amparo, es la parte procesal que se integra por la persona física o moral perteneciente a la Federación, los estados o los municipios, que con facultades o sin ellas, en uso del poder público, de manera unilateral y obligatoria crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, en perjuicio de los gobernados.
Audiencia Constitucional. La audiencia constitucional es el acto formal que se desarrolla ante el Juez de Distrito, aunque no necesariamente con la presencia del mismo, durante la tramitación de la primera instancia de amparo indirecto, con objeto de ofrecer y desahogar pruebas, formular alegatos y dictar la sentencia relativa al asunto principal del amparo. Ello tiene como propósito evidente otorgar la garantía de audiencia en el proceso, a fin de que las partes sean oídas ante de que el juzgador federal se pronuncie sobre las pretensiones aducidas por ellas.
Autoridad para los efectos del amparo. Definir qué es una autoridad para los efectos del amparo ha sido uno de los problemas más complejos con que se ha enfrentado nuestra materia. Por ello, pretender formular una idea, así sea provisional, en tal sentido, resulta siempre aventurado. Sin perder de vista tal salvedad, podemos afirmar que autoridad, para los efectos de amparo, es la parte procesal que se integra por la persona física o moral perteneciente a la Federación, los estados o los municipios, que con facultades o sin ellas, en uso del poder público, de manera unilateral y obligatoria crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, en perjuicio de los gobernados.
14 de enero de 2022
Amparo directo: Proceso jurisdiccional impugnativo, usualmente de una sola instancia, que tiene por objetivo anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución, realizados en perjuicio de los gobernados. Se tramita ante un tribunal colegiado y, de modo excepcional, en segunda instancia, mediante el recurso de revisión, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene como presupuesto el que el acto de autoridad que se combate sea una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
Amparo indirecto: Proceso jurisdiccional autónomo, de doble instancia, que tiene por objeto anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución realizados en perjuicio de los gobernados. La primera instancia se tramita ante un Juez de Distrito (o ante un Tribunal Unitario de Circuito) y la segunda mediante el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el sistema de competencias establecido en la Ley. Tiene como presupuesto el que el acto de autoridad que se combate no es una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, dictado por Tribunales judiciales, administrativos o de trabajo.
Amparo soberanía: Pretende proteger a los gobernados en contra de las invasiones de competencias de la autoridad federal hacia la estatal y viceversa, cuando con ello se causa al propio gobernado un agravio personal y directo.
Amparo indirecto: Proceso jurisdiccional autónomo, de doble instancia, que tiene por objeto anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución realizados en perjuicio de los gobernados. La primera instancia se tramita ante un Juez de Distrito (o ante un Tribunal Unitario de Circuito) y la segunda mediante el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el sistema de competencias establecido en la Ley. Tiene como presupuesto el que el acto de autoridad que se combate no es una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, dictado por Tribunales judiciales, administrativos o de trabajo.
Amparo soberanía: Pretende proteger a los gobernados en contra de las invasiones de competencias de la autoridad federal hacia la estatal y viceversa, cuando con ello se causa al propio gobernado un agravio personal y directo.
13 de enero de 2022
Alegatos: Son las conclusiones de las partes en el proceso. Consisten en argumentos tendientes a demostrar que, con las pruebas aportadas al proceso, se demuestra la aplicación de la norma invocada al caso concreto, respecto de las cuestiones que integran la litis.
Amparo agrario: Procedimiento administrativo de carácter tutelar o protector del derecho social de los núcleos de población ejidal o comunal y de los ejidatarios y comuneros, así como de las pretensiones de derechos de aquellos que pertenezcan a la clase campesina.
Amparo: Es un proceso constitucional que tiene por objeto anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución realizados en perjuicio de los gobernados, mediante la actuación de los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación.
12 de enero de 2022
Adhesión al recurso de revisión: En nuestro país se ha reducido la apelación adhesiva a una mera oportunidad para mejorar los razonamientos del juzgador de primer grado vertidos en los considerandos. El Poder Judicial de la Federación ha limitado la materia de los agravios al reforzamiento de la resolución que ha sido favorable al recurrente adhesivo.
Admisión y desechamiento de la demanda (de amparo): En forma general, la admisión de la demanda es un acto del juzgador por virtud del cual declara que la promoción del actor es eficaz para continuar con los actos del proceso. Por otro lado, para que el juzgador pueda desechar de plano una demanda de amparo indirecto es indispensable que las causales de improcedencia que invoque sean evidentes por sí mismas y no requieran de posteriores elementos de conocimiento por el juzgador para proveer en tal sentido.
Agravio personal y directo: En primer término, el agravio es la transgresión de la autoridad en los derechos fundamentales de una persona física o moral. El carácter personal proviene de la circunstancia de que el acto de autoridad debe afectar a una persona concreta, no abstracta, titular del derecho transgredido. Lo directo, en la jurisprudencia y en la doctrina, se refiere a que tal afectación debe ser pasada, presente o futura inminente.
11 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Audiencia de vinculación a proceso cuando el imputado opta por el plazo constitucional de 72 horas o por su duplicidad de 144 horas: Posterior a que se formule imputación, que se le haya hecho saber al imputado de su derecho a declarar o a guardar silencio, el Juez abrirá debate para nuevas solicitudes, en cuyo caso, el Ministerio Público tendrá la obligación de solicitar se vincule a proceso al recién imputado; luego, se e informará de dicha situación a éste; y que por ende, solicita que continúe la etapa de investigación, pero en su fase judicializada mediante el dictado de un auto de vinculación a proceso. Para ello, se le explicará que de optar por el plazo constitucional de 72 horas o por la duplicidad del mismo a 144 horas, será con la finalidad de que se fije hora y fecha para la audiencia de vinculación a proceso, en la cual podrá, por conducto de su defensor, aportar datos de prueba que controviertan a los que en su caso exponga el Ministerio Público.
Audiencia de vinculación a proceso cuando el imputado renuncia al plazo de 72 horas: Siguiendo con lo dispuesto en el concepto anterior, en el caso de que el imputado decida renunciar a dichos términos, tendrá como consecuencia que el Juez de Control resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia; para ello, se le indicará que lo consulte con su defensor, para que con base en una estrategia defensiva tome una decisión. Para el caso de que renuncie a dichos plazos, el Juez le concederá la voz al Ministerio Público para que exponga los antecedentes de la investigación; después, le da la voz a la defensa para que formule sus descargos, si lo estima pertinente de acuerdo a su estrategia defensiva. Concluido el debate, el Juez resolverá.
Audiencia de la etapa de investigación: Durante la etapa de investigación el Ministerio Público, como director de la investigación, tiene la posibilidad de practicar todos y cada uno de los actos de investigación que crea conveniente para el esclarecimiento de los hechos, materia de la denuncia o querella; sin embargo, requiere de autorización judicial cuando la naturaleza de los actos de investigación implique la restricción de derechos fundamentales.
10 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Acción de amparo: Es el derecho subjetivo procesal que tiene por objeto que los órganos competentes del Poder Judicial, seguidos los trámites establecidos para el amparo directo o el indirecto, resuelvan la pretensión litigiosa y, en su caso, ordenen que la sentencia se ejecute conforme al procedimiento previsto en la Constitución y en la ley secundaria.
Acta Constitutiva y de Reformas de 1847: Norma constitucional que federalizó al amparo. Fue sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847 y jurada y promulgada el 21 del mismo mes y año.
Acto reclamado: Consiste en un hacer, un no hacer e incluso la probabilidad de hacer, que el quejoso o agraviado imputa a la autoridad responsable, como violatorios de derechos fundamentales.
09 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Argumento inductivo: Forma de pensamiento a través del cual y partiendo de pequeños trozos de información que se tiene por cierta dentro de un proceso, se puede transitar desde una verdad conocida hacia una verdad buscada. Esta forma de inferencia tiene primordial utilización dentro de la materia penal y por medio de la misma el juzgador puede unir o concatenar la información que arrojan o contienen diversos datos de prueba, en lo particular a efecto de poder establecer un hecho o circunstancia como ciertos con la lógica de lo probable.
Aseguramiento del imputado: Reconoce la posibilidad de que los agentes policiales puedan privar de su libertad deambulatoria a un ciudadano por considerar que éste ha participado en un delito, tal y como sería el caso de la flagrancia o bien que por órdenes expresas y por escrito del Ministerio Público y por considerar que es un caso urgente, detengan de igual forma a un gobernado.
Asistencia de medios de comunicación: Reconoce Dada la publicidad que caracteriza al sistema acusatorio y oral, se contempla en el mismo la posibilidad de que los medios de comunicación masiva asistan libremente a cualquier tipo de audiencia, salvo las excepciones de ley como es el caso relativo a las órdenes de aprehensión.
08 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Aplicación retroactiva de garantías del imputado o acusado: Faculta procesal reconocida al imputado o acusado y a través de la cual carecerán de validez todos aquellos actos que hayan sido realizados sin observar los derechos fundamentales de aquél, esto a excepción de aquellos casos en los que por interés particular del indiciado desee que los mismos sigan teniendo validez a pesar de la vulneración de derechos que haya vivido.
Archivo definitivo: Instrumento de carácter procesal con el que cuenta la Fiscalía para que previa autorización de su titular o de la persona en quien se delegue dicha facultad, se puedan archivar de forma definitiva los antecedentes de investigación respecto de algún caso en el que se considere se hayan actualizado alguna de las causas de sobreseimiento que contempla la ley.
Archivo temporal: Instrumento de carácter procesal con el que cuenta el Ministerio Público para suspender temporalmente la investigación respecto de aquellas causas en las cuales no se observen mayores posibilidades de esclarecer los hechos.
07 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Animus rigendi. Elemento subjetivo que alude a la intención de los participantes de una contiende de obra (riña), mismo que se distingue por el ánimo recíproco de los contendientes para causarse daño al colocarse en un plano de ilicitud. Este elemento por su natural condición debe inferirse la mayor de las veces de las conductas desplegadas por cada uno de los sujetos intervinientes en la acción y analizarse debidamente de acuerdo a la teoría del delito, pues la inacción de uno de ellos puede ubicar la conducta como una simple agresión de carácter unilateral, o bien, trasladarse hacia una legítima defensa.
Antijuridicidad. Categoría de análisis del delito, también conocida como el “injusto penal”, pues representa la materialización de una conducta típica y antijurídica y tiene que ponderarse una vez que se ha determinado la existencia de una conducta típica para llegar a establecer la existencia del “injusto penal”, pues un comportamiento, aun y cuando se típico, estaría justificado si se materializaran causas de justificación a favor del imputado, como son: legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, consentimiento de la víctima u ofendido, así como el ejercicio de un derecho.
Antijuridicidad formal y material. Figuras procesales inherentes al estudio del delito en cuanto a lo injustificada que resulta la conducta típica desplegada por el sujeto activo. De tal forma, se acepta que una conducta será típica y antijurídica cuando la misma no se haya realizado por alguna causa de justificación como lo serían: legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, consentimiento del pasivo o el ejercicio de un derecho. La antijuridicidad formal se materializa cuando una conducta vulnera lo dispuesto en la norma, mientras que la material será precisamente la materialización en la realidad de tal vulneración a la norma, la cual se distingue a razón de si la conducta haya logrado “lesionar”, o tan sólo “poner en peligro” al bien jurídico tutelado o protegido por la norma.
06 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Analogía (Método de interpretación). Basado en las semejanzas existentes entre dos figuras a efecto de aplicar los criterios o reglas que imperan o tiene validez para una, también respecto de la otra. Tales semejanzas deben ser muy fuertes y coincidentes para llegar a integrar una laguna al tomar como punto de referencia a lo resuelto para la diversa figura jurídica. A lo anterior hay que agregar que aun y cuando en materia penal está prohibida la aplicación analógica de la ley, a excepción de cuando favorezca al indiciado, tal restricción no alcanza a los conceptos o reflexiones que pudiese contener la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en este caso se podrán utilizar libremente los razonamiento vertidos en dichas ejecutorias a efecto de apoyar su aplicación analógica a casos distintos pero semejantes entre sí en su entorno más cercano.
Animus laedendi. Elemento subjetivo del tipo penal de lesiones y que alude a la intención o conducta desplegada por el sujeto activo del hecho típico, para generan un daño o alteración a la salud del sujeto pasivo y que permite establecer que, de forma independiente al resultado causado, la intención criminal era precisamente la de lesionar a su víctima. Este ánimo o intención al ser de naturaleza interna y relativa por lo general a la psique del individuo, se debe inferir de los actos desplegados por el sujeto activo, pues en pocas ocasiones se expresa por el imputado de forma abierta su intención de lesionar al pasivo.
Animus necandi u occidendi. Es un elemento subjetivo del tipo penal de homicidio en grado de tentativa, el cual alude a la intención del sujeto activo de la conducta en cuanto a privar de la vida al sujeto pasivo. Este elemento por lo general se tendrá que inferir de los actos ejecutados por el agresor y de los cuales se puede establecer por lógico que su intención era en realidad la de matar a la víctima, pues sin este elemento habría que reclasificar jurídicamente el hecho típico con el tipo penal de lesiones en caso de haberse dado algún daño o alteración a la salud de la víctima, ya que el ánimo el autor estaría dirigido a lesionar el bien jurídico representado por la integridad corporal, más no el relativo a la vida.
05 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Acusador coadyuvante. Es una figura jurídica contemplada en la legislación procesal penal que el Estado de Durango tenía anteriormente a que entrara en vigor el CNPP en esa entidad, su fundamento jurídico puede ser encontrada en el artículo 133 del Código Procesal Penal del Estado de Durango, y refiere que el objeto de esta figura jurídica era hacer las veces de asesor jurídico de la víctima.
El Diccionario Práctico del Juicio Oral refiere que mediante dicho concepto el ciudadano que se vea afectado por cualquier hecho típico podrá actuar de forma directa dentro del proceso penal. Dicha actuación o “rol”, abarcará la posibilidad de impugnar las decisiones que se tomen dentro del proceso e incluso la de señalar y corregir las deficiencias en que pudiera llegar a incurrir el Ministerio Público en el ejercicio de su función, así como ofrecer pruebas que ayuden y resulten idóneas para acreditar la responsabilidad del imputado y la justificación del pago de la reparación del daño.
Alegatos de apertura. Este momento procesal representa el inicio de la participación de las partes en la audiencia de debate de juicio oral y su importancia sobre todo radica en la posibilidad material tanto para el Ministerio Público, como para la defensa, de comunicar sus ideas respecto de cómo pasaron los hechos al Tribunal Oral, así como de prevenirlos respecto de aquellas pruebas que serán trascendentales para probar sus respectivos dichos y de igual manera alertarlos de alguna prueba que se considera inadecuada o de dudosa credibilidad por la contraparte.
Alegatos de clausura. Será el momento procesal oportuno para que el Agente del Ministerio Público y la defensa hagan saber al Tribunal Oral que su teoría del caso ha quedado plenamente acreditada, para lo cual tendrán que expresarle a los juzgadores que intervinieron en el juicio oral, que las pruebas desahogadas en la audiencia de debate permiten acreditar con la sana crítica que efectivamente se cometió o no un hecho, el cual la ley señala como delito, y en su caso no queda duda razonable respecto de que el acusado lo realizó.
04 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Acusación. Facultad discrecional del Ministerio Público mediante la cual solicita formalmente a la autoridad jurisdiccional la imposición de pena o medida de seguridad determinada en contra del indiciado, debido a considerar que cuenta con datos de prueba suficientes para acreditar que fue cometido un hecho que la ley señala como delito, así como la plena responsabilidad del acusado en los mismos y así destruir el principio de presunción de inocencia que opera a favor de aquél.
Acusación escrita y ofrecimiento de pruebas. La acusación es el acto procesal a través del cual la Representación Social y una vez que ha concluido sus actividades de investigación, formaliza sus intenciones de obtener una sentencia de condena respecto de la persona del imputado, quien, a partir de la presentación de la acusación por parte del órgano investigador, recibirá la denominación de acusado.
El escrito de acusación es prácticamente el documento que condensa la teoría del caso del Ministerio Público, pues en la misma se pueden distinguir los hechos a examen con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar; la clasificación jurídica que los mismos merecen a los ojos del Ministerio Público, así como también los datos de prueba que se consideran suficientes y necesarios para que la Representación Social pueda llegar a obtener, mediante su desahogo, una sentencia de condena, así como la reparación del daño causado a la víctima u ofendido en los casos que así proceda.
Acusado. Denominación genérica respecto a la persona que dentro del proceso penal de corte acusatorio y oral y de forma posterior al dictado del auto de vinculación a proceso en su contra, se le plantea la acusación en su contra por parte del Ministerio Público al haber considerado tal órgano técnico que de los datos de prueba recabados durante la etapa de investigación, cuenta con elementos suficientes para acreditar ante la autoridad jurisdiccional la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la plena responsabilidad del acusado en la comisión del mismo.
03 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Actos urgentes de la investigación por parte del Ministerio Público. Puede identificarse por las serias decisiones que debe tomar el Agente del Ministerio Público (ahora fiscal) que esté conociendo del caso concreto, pues de la teoría del caso que éste haya dibujado a razón de los hechos ya conocidos dependerá la estrategia que utilizará para la investigación, misma que puede conllevar la puesta a disposición del imputado ante el Juez de Control para la celebración de la audiencia de control de detención, así como la libertad bajo reserva de ley del imputado para posteriormente citarlo a la audiencia de formulación de imputación ante el Juez de Control, o bien la libertad total ante falta de datos de prueba que resulten suficientes para continuar la investigación en su contra.
Acuerdos probatorios. Convenios de carácter procesal generados por las partes en la audiencia intermedia a razón de los que se determina tener por válido y debidamente acreditado para la audiencia de debate de juicio oral, determinada cuestión o incidencia del hecho criminal, lo cual motivará que tal circunstancia se tenga por cierta para la audiencia de debate de juicio oral y, por tanto, no sea necesario demostrarla en la misma.
Acumulación de juicios. Figura procesal conocida generalmente como conexidad y que se caracteriza porque a una persona se le imputan dos o más hechos, ante lo cual la autoridad jurisdiccional ya sea de oficio o a petición de las partes puede acordar que las diversas causas se lleven en un solo momento procesal, es decir, bajo una misma tramitación a efecto de que el procesado se pueda defender en un solo tiempo y de manera sucesiva de todo lo que se le acusa, esto, siempre y cuando no se vulneren sus derechos de defensa o se afecte la regularidad del proceso.
02 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Acto ejecutivo: Es el cuarto grado de ejecución del delito mediante el cual el sujeto activo desarrolla la segunda fase o etapa de iter criminis, esto, al penetrar el núcleo rector del tipo penal de que se trate tal como “apoderarse”, “privar de la vida” o “dañar o alterar la salud”. Concepto que consiste en una fase interna en la cual el sujeto sólo contempla la posibilidad de realizar el hecho criminal, ya que no es sancionable penalmente y la fase externa en la que el sujeto activo comienza a exteriorizar en la realidad acciones necesarias para la consecución del tipo penal y en cuyo caso dependerá del asunto concreto para determinar los grados de ejecución que llegue a precisar, pues habrá que recordar que los cinco grados de ejecución del tipo penal por lo general aceptados por la doctrina son: los medios preparatorios, la tentativa, el desistimiento de la tentativa, los actos ejecutivos y el arrepentimiento.
Actos urgentes: Aquellas actividades que la autoridad no puede postergar o diferir en cuanto a su cumplimiento, esto, a pesar de que se considere incompetente para ello, pues su misma naturaleza la obliga a ello. Tal situación se da generalmente cuando se pone a disposición del Juez de Control a un imputado de quien dicha autoridad se considera incompetente, por la naturaleza del hecho típico que se le imputa y, sin embargo, tiene que pronunciarse sobre su situación jurídica.
Actos urgentes de investigación por parte de la policía de los cuerpos de seguridad pública municipal o estatal: Es precisamente la policía y los cuerpos de seguridad pública quienes por lo general realizan los primeros actos de investigación una vez sucedido el hecho criminal, de ahí la necesidad de relatar aún en forma breve, diversas incidencias que se pueden presentar en el transcurso de su labor, pues como ya ha sido señalado, la labor que llegue a realizar el policía en cumplimiento de su deber quizá impacte positiva o negativamente en la calidad y legalidad de los datos de prueba que se entreguen después al Ministerio Público y por ende, en sus posibilidades de éxito respecto de los fines de la investigación.
01 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Acceso a los registros de la investigación: El Ministerio Público deberá permitir tanto al imputado como a su defensor el libre acceso a los registros de la investigación, pues esto es requisito para que pueda realizarse la audiencia de formulación de imputación y así el indiciado y su defensor se encuentren en condiciones reales de participar activamente en tal audiencia al conocer el contenido de la carpeta de investigación. Lo anterior tiene su origen constitucional en la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la CPEUM, la cual establece el acceso a la investigación por parte del indiciado y su defensa, como requisito sine qua non para la celebración de cualquier audiencia ante el Juez de Control y a través de lo cual pudiese decretarse un receso en cualquier tipo de audiencia, siempre y cuando se exponga por el defensor no haber tenido acceso previo a la carpeta respectiva, tal y como sería el caso de aquel profesionista del derecho que ya iniciado el proceso penal asuma la defensa del imputado, esto, al sustituir a un diverso defensor.
Acción libre en su causa: También conocida como el principio latino actio liberae in causa, de la que se afirma que una persona no podrá liberarse de la responsabilidad penal que le pudiese corresponder por actos realizados bajo el influjo de sustancias prohibidas, bebidas o drogas que le hayan alterado su conciencia o percepción de la realidad, esto, siempre y cuando dicha persona se haya provocado o puesto voluntariamente en tal situación.
Acción penal privada: Con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, el Poder Revisor de la Constitución instauró “la acción penal privada” donde los particulares pueden ocurrir ante lo tribunales a ejercer la acción penal, sin necesidad de acudir ante el Ministerio Público para que los represente. Bajo la lupa del constituyente permanente, el status quo que efectivamente dejaba en el desamparo a las víctimas del delito, lo cual se traducía en impunidad para el delincuente. Por tanto, si se estaba ideando un sistema de justicia penal que también se tradujera en más garantías para víctimas y ofendidos, la incorporación de la acción penal privada significaba un instrumento útil para tal fin, pues representó la oportunidad para que éstos ocurran directamente ante los tribunales en busca de justicia.
Alegatos: Son las conclusiones de las partes en el proceso. Consisten en argumentos tendientes a demostrar que, con las pruebas aportadas al proceso, se demuestra la aplicación de la norma invocada al caso concreto, respecto de las cuestiones que integran la litis.
Amparo agrario: Procedimiento administrativo de carácter tutelar o protector del derecho social de los núcleos de población ejidal o comunal y de los ejidatarios y comuneros, así como de las pretensiones de derechos de aquellos que pertenezcan a la clase campesina.
Amparo: Es un proceso constitucional que tiene por objeto anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución realizados en perjuicio de los gobernados, mediante la actuación de los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación.
12 de enero de 2022
Adhesión al recurso de revisión: En nuestro país se ha reducido la apelación adhesiva a una mera oportunidad para mejorar los razonamientos del juzgador de primer grado vertidos en los considerandos. El Poder Judicial de la Federación ha limitado la materia de los agravios al reforzamiento de la resolución que ha sido favorable al recurrente adhesivo.
Admisión y desechamiento de la demanda (de amparo): En forma general, la admisión de la demanda es un acto del juzgador por virtud del cual declara que la promoción del actor es eficaz para continuar con los actos del proceso. Por otro lado, para que el juzgador pueda desechar de plano una demanda de amparo indirecto es indispensable que las causales de improcedencia que invoque sean evidentes por sí mismas y no requieran de posteriores elementos de conocimiento por el juzgador para proveer en tal sentido.
Agravio personal y directo: En primer término, el agravio es la transgresión de la autoridad en los derechos fundamentales de una persona física o moral. El carácter personal proviene de la circunstancia de que el acto de autoridad debe afectar a una persona concreta, no abstracta, titular del derecho transgredido. Lo directo, en la jurisprudencia y en la doctrina, se refiere a que tal afectación debe ser pasada, presente o futura inminente.
11 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Audiencia de vinculación a proceso cuando el imputado opta por el plazo constitucional de 72 horas o por su duplicidad de 144 horas: Posterior a que se formule imputación, que se le haya hecho saber al imputado de su derecho a declarar o a guardar silencio, el Juez abrirá debate para nuevas solicitudes, en cuyo caso, el Ministerio Público tendrá la obligación de solicitar se vincule a proceso al recién imputado; luego, se e informará de dicha situación a éste; y que por ende, solicita que continúe la etapa de investigación, pero en su fase judicializada mediante el dictado de un auto de vinculación a proceso. Para ello, se le explicará que de optar por el plazo constitucional de 72 horas o por la duplicidad del mismo a 144 horas, será con la finalidad de que se fije hora y fecha para la audiencia de vinculación a proceso, en la cual podrá, por conducto de su defensor, aportar datos de prueba que controviertan a los que en su caso exponga el Ministerio Público.
Audiencia de vinculación a proceso cuando el imputado renuncia al plazo de 72 horas: Siguiendo con lo dispuesto en el concepto anterior, en el caso de que el imputado decida renunciar a dichos términos, tendrá como consecuencia que el Juez de Control resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia; para ello, se le indicará que lo consulte con su defensor, para que con base en una estrategia defensiva tome una decisión. Para el caso de que renuncie a dichos plazos, el Juez le concederá la voz al Ministerio Público para que exponga los antecedentes de la investigación; después, le da la voz a la defensa para que formule sus descargos, si lo estima pertinente de acuerdo a su estrategia defensiva. Concluido el debate, el Juez resolverá.
Audiencia de la etapa de investigación: Durante la etapa de investigación el Ministerio Público, como director de la investigación, tiene la posibilidad de practicar todos y cada uno de los actos de investigación que crea conveniente para el esclarecimiento de los hechos, materia de la denuncia o querella; sin embargo, requiere de autorización judicial cuando la naturaleza de los actos de investigación implique la restricción de derechos fundamentales.
10 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Acción de amparo: Es el derecho subjetivo procesal que tiene por objeto que los órganos competentes del Poder Judicial, seguidos los trámites establecidos para el amparo directo o el indirecto, resuelvan la pretensión litigiosa y, en su caso, ordenen que la sentencia se ejecute conforme al procedimiento previsto en la Constitución y en la ley secundaria.
Acta Constitutiva y de Reformas de 1847: Norma constitucional que federalizó al amparo. Fue sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847 y jurada y promulgada el 21 del mismo mes y año.
Acto reclamado: Consiste en un hacer, un no hacer e incluso la probabilidad de hacer, que el quejoso o agraviado imputa a la autoridad responsable, como violatorios de derechos fundamentales.
09 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Argumento inductivo: Forma de pensamiento a través del cual y partiendo de pequeños trozos de información que se tiene por cierta dentro de un proceso, se puede transitar desde una verdad conocida hacia una verdad buscada. Esta forma de inferencia tiene primordial utilización dentro de la materia penal y por medio de la misma el juzgador puede unir o concatenar la información que arrojan o contienen diversos datos de prueba, en lo particular a efecto de poder establecer un hecho o circunstancia como ciertos con la lógica de lo probable.
Aseguramiento del imputado: Reconoce la posibilidad de que los agentes policiales puedan privar de su libertad deambulatoria a un ciudadano por considerar que éste ha participado en un delito, tal y como sería el caso de la flagrancia o bien que por órdenes expresas y por escrito del Ministerio Público y por considerar que es un caso urgente, detengan de igual forma a un gobernado.
Asistencia de medios de comunicación: Reconoce Dada la publicidad que caracteriza al sistema acusatorio y oral, se contempla en el mismo la posibilidad de que los medios de comunicación masiva asistan libremente a cualquier tipo de audiencia, salvo las excepciones de ley como es el caso relativo a las órdenes de aprehensión.
08 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Aplicación retroactiva de garantías del imputado o acusado: Faculta procesal reconocida al imputado o acusado y a través de la cual carecerán de validez todos aquellos actos que hayan sido realizados sin observar los derechos fundamentales de aquél, esto a excepción de aquellos casos en los que por interés particular del indiciado desee que los mismos sigan teniendo validez a pesar de la vulneración de derechos que haya vivido.
Archivo definitivo: Instrumento de carácter procesal con el que cuenta la Fiscalía para que previa autorización de su titular o de la persona en quien se delegue dicha facultad, se puedan archivar de forma definitiva los antecedentes de investigación respecto de algún caso en el que se considere se hayan actualizado alguna de las causas de sobreseimiento que contempla la ley.
Archivo temporal: Instrumento de carácter procesal con el que cuenta el Ministerio Público para suspender temporalmente la investigación respecto de aquellas causas en las cuales no se observen mayores posibilidades de esclarecer los hechos.
07 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Animus rigendi. Elemento subjetivo que alude a la intención de los participantes de una contiende de obra (riña), mismo que se distingue por el ánimo recíproco de los contendientes para causarse daño al colocarse en un plano de ilicitud. Este elemento por su natural condición debe inferirse la mayor de las veces de las conductas desplegadas por cada uno de los sujetos intervinientes en la acción y analizarse debidamente de acuerdo a la teoría del delito, pues la inacción de uno de ellos puede ubicar la conducta como una simple agresión de carácter unilateral, o bien, trasladarse hacia una legítima defensa.
Antijuridicidad. Categoría de análisis del delito, también conocida como el “injusto penal”, pues representa la materialización de una conducta típica y antijurídica y tiene que ponderarse una vez que se ha determinado la existencia de una conducta típica para llegar a establecer la existencia del “injusto penal”, pues un comportamiento, aun y cuando se típico, estaría justificado si se materializaran causas de justificación a favor del imputado, como son: legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, consentimiento de la víctima u ofendido, así como el ejercicio de un derecho.
Antijuridicidad formal y material. Figuras procesales inherentes al estudio del delito en cuanto a lo injustificada que resulta la conducta típica desplegada por el sujeto activo. De tal forma, se acepta que una conducta será típica y antijurídica cuando la misma no se haya realizado por alguna causa de justificación como lo serían: legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, consentimiento del pasivo o el ejercicio de un derecho. La antijuridicidad formal se materializa cuando una conducta vulnera lo dispuesto en la norma, mientras que la material será precisamente la materialización en la realidad de tal vulneración a la norma, la cual se distingue a razón de si la conducta haya logrado “lesionar”, o tan sólo “poner en peligro” al bien jurídico tutelado o protegido por la norma.
06 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Analogía (Método de interpretación). Basado en las semejanzas existentes entre dos figuras a efecto de aplicar los criterios o reglas que imperan o tiene validez para una, también respecto de la otra. Tales semejanzas deben ser muy fuertes y coincidentes para llegar a integrar una laguna al tomar como punto de referencia a lo resuelto para la diversa figura jurídica. A lo anterior hay que agregar que aun y cuando en materia penal está prohibida la aplicación analógica de la ley, a excepción de cuando favorezca al indiciado, tal restricción no alcanza a los conceptos o reflexiones que pudiese contener la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en este caso se podrán utilizar libremente los razonamiento vertidos en dichas ejecutorias a efecto de apoyar su aplicación analógica a casos distintos pero semejantes entre sí en su entorno más cercano.
Animus laedendi. Elemento subjetivo del tipo penal de lesiones y que alude a la intención o conducta desplegada por el sujeto activo del hecho típico, para generan un daño o alteración a la salud del sujeto pasivo y que permite establecer que, de forma independiente al resultado causado, la intención criminal era precisamente la de lesionar a su víctima. Este ánimo o intención al ser de naturaleza interna y relativa por lo general a la psique del individuo, se debe inferir de los actos desplegados por el sujeto activo, pues en pocas ocasiones se expresa por el imputado de forma abierta su intención de lesionar al pasivo.
Animus necandi u occidendi. Es un elemento subjetivo del tipo penal de homicidio en grado de tentativa, el cual alude a la intención del sujeto activo de la conducta en cuanto a privar de la vida al sujeto pasivo. Este elemento por lo general se tendrá que inferir de los actos ejecutados por el agresor y de los cuales se puede establecer por lógico que su intención era en realidad la de matar a la víctima, pues sin este elemento habría que reclasificar jurídicamente el hecho típico con el tipo penal de lesiones en caso de haberse dado algún daño o alteración a la salud de la víctima, ya que el ánimo el autor estaría dirigido a lesionar el bien jurídico representado por la integridad corporal, más no el relativo a la vida.
05 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Acusador coadyuvante. Es una figura jurídica contemplada en la legislación procesal penal que el Estado de Durango tenía anteriormente a que entrara en vigor el CNPP en esa entidad, su fundamento jurídico puede ser encontrada en el artículo 133 del Código Procesal Penal del Estado de Durango, y refiere que el objeto de esta figura jurídica era hacer las veces de asesor jurídico de la víctima.
El Diccionario Práctico del Juicio Oral refiere que mediante dicho concepto el ciudadano que se vea afectado por cualquier hecho típico podrá actuar de forma directa dentro del proceso penal. Dicha actuación o “rol”, abarcará la posibilidad de impugnar las decisiones que se tomen dentro del proceso e incluso la de señalar y corregir las deficiencias en que pudiera llegar a incurrir el Ministerio Público en el ejercicio de su función, así como ofrecer pruebas que ayuden y resulten idóneas para acreditar la responsabilidad del imputado y la justificación del pago de la reparación del daño.
Alegatos de apertura. Este momento procesal representa el inicio de la participación de las partes en la audiencia de debate de juicio oral y su importancia sobre todo radica en la posibilidad material tanto para el Ministerio Público, como para la defensa, de comunicar sus ideas respecto de cómo pasaron los hechos al Tribunal Oral, así como de prevenirlos respecto de aquellas pruebas que serán trascendentales para probar sus respectivos dichos y de igual manera alertarlos de alguna prueba que se considera inadecuada o de dudosa credibilidad por la contraparte.
Alegatos de clausura. Será el momento procesal oportuno para que el Agente del Ministerio Público y la defensa hagan saber al Tribunal Oral que su teoría del caso ha quedado plenamente acreditada, para lo cual tendrán que expresarle a los juzgadores que intervinieron en el juicio oral, que las pruebas desahogadas en la audiencia de debate permiten acreditar con la sana crítica que efectivamente se cometió o no un hecho, el cual la ley señala como delito, y en su caso no queda duda razonable respecto de que el acusado lo realizó.
04 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Acusación. Facultad discrecional del Ministerio Público mediante la cual solicita formalmente a la autoridad jurisdiccional la imposición de pena o medida de seguridad determinada en contra del indiciado, debido a considerar que cuenta con datos de prueba suficientes para acreditar que fue cometido un hecho que la ley señala como delito, así como la plena responsabilidad del acusado en los mismos y así destruir el principio de presunción de inocencia que opera a favor de aquél.
Acusación escrita y ofrecimiento de pruebas. La acusación es el acto procesal a través del cual la Representación Social y una vez que ha concluido sus actividades de investigación, formaliza sus intenciones de obtener una sentencia de condena respecto de la persona del imputado, quien, a partir de la presentación de la acusación por parte del órgano investigador, recibirá la denominación de acusado.
El escrito de acusación es prácticamente el documento que condensa la teoría del caso del Ministerio Público, pues en la misma se pueden distinguir los hechos a examen con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar; la clasificación jurídica que los mismos merecen a los ojos del Ministerio Público, así como también los datos de prueba que se consideran suficientes y necesarios para que la Representación Social pueda llegar a obtener, mediante su desahogo, una sentencia de condena, así como la reparación del daño causado a la víctima u ofendido en los casos que así proceda.
Acusado. Denominación genérica respecto a la persona que dentro del proceso penal de corte acusatorio y oral y de forma posterior al dictado del auto de vinculación a proceso en su contra, se le plantea la acusación en su contra por parte del Ministerio Público al haber considerado tal órgano técnico que de los datos de prueba recabados durante la etapa de investigación, cuenta con elementos suficientes para acreditar ante la autoridad jurisdiccional la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la plena responsabilidad del acusado en la comisión del mismo.
03 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Actos urgentes de la investigación por parte del Ministerio Público. Puede identificarse por las serias decisiones que debe tomar el Agente del Ministerio Público (ahora fiscal) que esté conociendo del caso concreto, pues de la teoría del caso que éste haya dibujado a razón de los hechos ya conocidos dependerá la estrategia que utilizará para la investigación, misma que puede conllevar la puesta a disposición del imputado ante el Juez de Control para la celebración de la audiencia de control de detención, así como la libertad bajo reserva de ley del imputado para posteriormente citarlo a la audiencia de formulación de imputación ante el Juez de Control, o bien la libertad total ante falta de datos de prueba que resulten suficientes para continuar la investigación en su contra.
Acuerdos probatorios. Convenios de carácter procesal generados por las partes en la audiencia intermedia a razón de los que se determina tener por válido y debidamente acreditado para la audiencia de debate de juicio oral, determinada cuestión o incidencia del hecho criminal, lo cual motivará que tal circunstancia se tenga por cierta para la audiencia de debate de juicio oral y, por tanto, no sea necesario demostrarla en la misma.
Acumulación de juicios. Figura procesal conocida generalmente como conexidad y que se caracteriza porque a una persona se le imputan dos o más hechos, ante lo cual la autoridad jurisdiccional ya sea de oficio o a petición de las partes puede acordar que las diversas causas se lleven en un solo momento procesal, es decir, bajo una misma tramitación a efecto de que el procesado se pueda defender en un solo tiempo y de manera sucesiva de todo lo que se le acusa, esto, siempre y cuando no se vulneren sus derechos de defensa o se afecte la regularidad del proceso.
02 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Acto ejecutivo: Es el cuarto grado de ejecución del delito mediante el cual el sujeto activo desarrolla la segunda fase o etapa de iter criminis, esto, al penetrar el núcleo rector del tipo penal de que se trate tal como “apoderarse”, “privar de la vida” o “dañar o alterar la salud”. Concepto que consiste en una fase interna en la cual el sujeto sólo contempla la posibilidad de realizar el hecho criminal, ya que no es sancionable penalmente y la fase externa en la que el sujeto activo comienza a exteriorizar en la realidad acciones necesarias para la consecución del tipo penal y en cuyo caso dependerá del asunto concreto para determinar los grados de ejecución que llegue a precisar, pues habrá que recordar que los cinco grados de ejecución del tipo penal por lo general aceptados por la doctrina son: los medios preparatorios, la tentativa, el desistimiento de la tentativa, los actos ejecutivos y el arrepentimiento.
Actos urgentes: Aquellas actividades que la autoridad no puede postergar o diferir en cuanto a su cumplimiento, esto, a pesar de que se considere incompetente para ello, pues su misma naturaleza la obliga a ello. Tal situación se da generalmente cuando se pone a disposición del Juez de Control a un imputado de quien dicha autoridad se considera incompetente, por la naturaleza del hecho típico que se le imputa y, sin embargo, tiene que pronunciarse sobre su situación jurídica.
Actos urgentes de investigación por parte de la policía de los cuerpos de seguridad pública municipal o estatal: Es precisamente la policía y los cuerpos de seguridad pública quienes por lo general realizan los primeros actos de investigación una vez sucedido el hecho criminal, de ahí la necesidad de relatar aún en forma breve, diversas incidencias que se pueden presentar en el transcurso de su labor, pues como ya ha sido señalado, la labor que llegue a realizar el policía en cumplimiento de su deber quizá impacte positiva o negativamente en la calidad y legalidad de los datos de prueba que se entreguen después al Ministerio Público y por ende, en sus posibilidades de éxito respecto de los fines de la investigación.
01 de enero de 2022
Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado
Acceso a los registros de la investigación: El Ministerio Público deberá permitir tanto al imputado como a su defensor el libre acceso a los registros de la investigación, pues esto es requisito para que pueda realizarse la audiencia de formulación de imputación y así el indiciado y su defensor se encuentren en condiciones reales de participar activamente en tal audiencia al conocer el contenido de la carpeta de investigación. Lo anterior tiene su origen constitucional en la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la CPEUM, la cual establece el acceso a la investigación por parte del indiciado y su defensa, como requisito sine qua non para la celebración de cualquier audiencia ante el Juez de Control y a través de lo cual pudiese decretarse un receso en cualquier tipo de audiencia, siempre y cuando se exponga por el defensor no haber tenido acceso previo a la carpeta respectiva, tal y como sería el caso de aquel profesionista del derecho que ya iniciado el proceso penal asuma la defensa del imputado, esto, al sustituir a un diverso defensor.
Acción libre en su causa: También conocida como el principio latino actio liberae in causa, de la que se afirma que una persona no podrá liberarse de la responsabilidad penal que le pudiese corresponder por actos realizados bajo el influjo de sustancias prohibidas, bebidas o drogas que le hayan alterado su conciencia o percepción de la realidad, esto, siempre y cuando dicha persona se haya provocado o puesto voluntariamente en tal situación.
Acción penal privada: Con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, el Poder Revisor de la Constitución instauró “la acción penal privada” donde los particulares pueden ocurrir ante lo tribunales a ejercer la acción penal, sin necesidad de acudir ante el Ministerio Público para que los represente. Bajo la lupa del constituyente permanente, el status quo que efectivamente dejaba en el desamparo a las víctimas del delito, lo cual se traducía en impunidad para el delincuente. Por tanto, si se estaba ideando un sistema de justicia penal que también se tradujera en más garantías para víctimas y ofendidos, la incorporación de la acción penal privada significaba un instrumento útil para tal fin, pues representó la oportunidad para que éstos ocurran directamente ante los tribunales en busca de justicia.
Palabras diarias 2020 |
Palabras diarias enero - julio 2021 |
|
| ||||
|
Palabras diarias 2019
|
Palabras de septiembre a diciembre 2018 |
|
| ||||