 Fuente de información: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4443
Ideas clave: La Estrategia Nacional de Seguridad Pública prioriza, mediante estrategias específicas, la atención de delitos relacionados con el mercado ilícito de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de autotransporte y de pasajeros en carreteras, y tráfico de armas. Dada la situación nacional de violencia y de graves violaciones a derechos humanos, cabe cuestionar la selección de estos tipos penales frente a la falta de estrategias específicas para atender los delitos de homicidio, feminicidio, desaparición forzada y por particulares, tortura, trata de personas, privación ilegal de la libertad, secuestro y otros similares. Delitos patrimoniales priorizados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública En cumplimiento a la disposición derivada de la reforma constitucional de 2014, ésta ha sido la primera vez que una administración del Ejecutivo Federal presenta una Estrategia Nacional de Seguridad Pública (Gobierno de México, 2019). La obligación plasmada en la Constitución es la siguiente: "En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde". (CPEUM, Art. 69, párr. 3°). Aunque la legislación no especifica las características que debe cumplir el documento, son de llamar la atención algunos aspectos de la Estrategia Nacional entregada el pasado 1 de febrero, la cual ha sido dictaminada y se encuentra bajo intenso debate en el Senado de la República. El objetivo de esta nota consiste en discuntir dos aspectos torales de esta Estrategia Nacional, la ausencia de un diagnóstico basado en evidencia empírica, y la priorización de ciertos tipos penales en las estrategias específicas: los relacionados con el mercado ilícito de hidrocarburos, con las operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el tráfico de armas, y el robo de autotransporte de mercancías y pasajeros en las carreteras. Por principio, cabe hacer notar que la Estrategia Nacional incluye 8 objetivos y 9 estrategias específicas, los cuales no guardan una relación directa y jerarquiza entre sí, como es usual en el enfoque de Gestión Basada en Resultados y se acostumbraba hacer en documentos anteriores de planeación y programación de políticas públicas (por ejemplo, el anterior Programa Nacional de Seguridad Pública; DOF 30/4/14). Obviamente, no existe ninguna obligación de mantener este enfoque de políticas públicas, ni se deben copiar en automático prácticas de administraciones anteriores, pero cabe recordar que el diseño de políticas basadas en evidencias se considera ejemplo de "buenas prácticas": Objetivos:
Estrategias específicas:
Fuente: elaboración propia con base en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (Gobierno de México, 2019). |