LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA QUE VIENE.

El pasado 12 de febrero de 2020 el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó en el senado una iniciativa que adoptó también el Ejecutivo Federal, la llamada Reforma con y para el Poder Judicial, en la que se definen como ejes principales: el combate a la corrupción, nepotismo y la impunidad. Se aseguró también que no se tocará la estructura del Poder Judicial Federal (PJF) y que la propuesta está basada en un diagnóstico interno autocrítico, además de que fortalece y consolida la independencia y la autonomía del PJF.

          Simultáneamente el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, presentaba otra iniciativa para reformar el sistema de justicia penal enfocada en crear una Ley de Cultura Cívica y Justicia Cívica, reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la de Justicia para Adolescentes y crear un Código Penal Nacional. Aunadas a estas iniciativas, legisladores federales han hecho diferentes propuestas para realizar la transformación de la procuración e impartición de justicia en el país.

          Con la finalidad de exponer visiones y sentar los ejes centrales de la reforma al sistema de justicia, el Senado convocó al encuentro “Desafíos de la Justicia Mexicana”, en el que abarcaron temas de justicia digital y participaron representantes de los tres Poderes de la Unión, coincidiendo en que se debe erradicar la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y el nepotismo, además de modernizar la justicia federal.

          Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que las propuestas elaboradas por la SCJN, la FGR y los gobernadores, así como todas las presentadas en el Senado serán enriquecidas, a partir de las iniciativas presentadas por legisladores y por las lecciones que han surgido en la pandemia en el ámbito de la justicia digital. Recordó que el Congreso tiene pendiente cumplir con la obligación de expedir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

           La reforma al sistema de justicia forma parte de la agenda de este periodo de sesiones. Para ello se conformó un grupo de Alto Nivel, como lo han llamado, integrado por una persona por Grupo Parlamentario para participar en este grupo. Asimismo, participará un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de la Fiscalía General de la República, uno de la Secretaría de Gobernación y uno de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. También considerarán integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), así como los tribunales, las fiscalías de las entidades federativas y académicos.

Las Propuestas.

          En enero de este año, la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, recibió un paquete de nueve iniciativas propuestas por el Ejecutivo Federal para reformar el sistema de procuración y administración de justicia.

          Los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y de la FGR presentaron sus propuestas de modificación a la Constitución Política, a la Ley de Amparo, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de la Fiscalía General de la República y sobre una Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y un Código Penal Nacional, que fueron turnadas a comisiones. No obstante que algunas de las propuestas causaron polémica, las partes involucradas se comprometieron entonces a trabajar en una propuesta en conjunto con el Ejecutivo Federal que abarcará desde la prevención del delito hasta la sanción y el respeto a la autonomía del Poder Judicial. Sin embargo, la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del Covid-19 frenó este proceso, que ahora es retomado y que será uno de los puntos centrales del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que inició este 1 de septiembre.

           Estas son las iniciativas que ya existían antes de la contingencia y las presentadas recientemente:

• Dotar de Autonomía financiera de la Fiscalía General de la República (FGR). Modificar el artículo 102 de la Constitución para otorgar autonomía en el reparto, administración, seguimiento y control del presupuesto. La FGR podrá proyectar un presupuesto anual y presentarlo a la Secretaría de Hacienda para incorporarlo al Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobará la Cámara de Diputados.
• Potenciar la figura del arraigo. Ministerio público o autoridad judicial podrán decretar arraigo hasta por 40 días, “siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”. Si está vinculado a delitos de delincuencia organizada, corrupción o de interés social, se puede elevar el arraigo hasta 80 días.
• Validez de pruebas ilícitas. Este proyecto contempla que “Los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto de éstas una atenuación en su vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable”.
• Reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. “Las personas que se encuentren en proceso o cumpliendo una medida de sanción y cumplan dieciocho años de edad en este supuesto no se extinguirá la sanción en ningún caso al cumplir la mayoría de edad”. Los que cumplan la mayoría de edad no podrán cumplir las medidas privativas de la libertad en el mismo espacio que los adolescentes.
• Reinserción social. Reformas a las Leyes Nacional de Ejecución Penal y Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para garantizar la formación académica, y enseñanza especial de ser necesario, capacitación para el trabajo e incentivar la reinserción social.
  
• Faculta a las autoridades penitenciarias a suscribir convenios con instituciones académicas y los certificados deberán emitir que los estudios se realizaron bajo un esquema de reclusión. Se propone también la creación de la industria penitenciaria.
•  Homologar el Código Penal a nivel nacional. Crear un Código Nacional Penal con todos los delitos generales que se aplican en todo el país, dejando las particularidades de cada estado a la decisión de cada congreso estatal.
  
•  Designación de jueces y magistrados. De acuerdo con el anteproyecto, se facultará al Senado para la designación de jueces y magistrados en materia de responsabilidad penal por un periodo de nueve años, de una terna que enviará el Presidente de la República. Las atribuciones de administración, vigilancia y disciplina se adjudicarían a la SCJN y al Senado retirándola al Consejo de la Judicatura.
  
• Reforma al Código Penal. Gobernadores del PRI y Morena presentaron una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que propone fijar los parámetros que regulen la facultad del Ministerio Público de poner a disposición del Juez a las personas detenidas durante el plazo de retención, aun cuando la medida cautelar que amerite el hecho delictivo o la que vaya a solicitar de forma justificada no sea la prisión preventiva, de esta manera, se reducirían significativamente las personas que indebidamente son puestas en libertad, eliminándose así́ la denominada puerta giratoria.

         También plantea que los Ministerios Públicos puedan contar con la inclusión de la figura de pruebas anticipadas en delitos sexuales, lo cual daría mayores herramientas a estos entes locales, aumentaría la eficacia de las investigaciones, respaldaría la lamentable posición de las víctimas, además de resguardar el carácter de testigo.

          Otros cambios que contiene son: que las órdenes de cateo o de aprehensión por razón de seguridad y puedan ser solicitadas en un lugar diverso a la comisión del delito; que las denuncias anónimas sean analizadas y valoradas con el fin de que el MP establezca más líneas de investigación, evitando la declaración de ilicitud probatoria por ausencia de fuente; ampliar las medidas de protección a 120 días naturales con una prórroga de 30 días para garantizar la protección y seguridad de la víctima, mientras se logra la judicialización o determinación de la carpeta de investigación; establecer que en los casos en que el imputado sea citado a una audiencia y no acuda sin causa justificada se libre de inmediato una orden de aprehensión y; hacer un estudio de cada delito supuesto en el artículo 19 Constitucional e incluir su tentativa.

         Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. La iniciativa busca brindar a las personas una opción para acercarse a la justicia, sin necesidad de acudir a tribunales jurisdiccionales y sin imponer las cargas propias de un proceso judicial, regulando las bases y principios del sistema de Justicia Alternativa. Sus ejes fundamentales son definir las bases, principios, procedimientos y reglas mínimas de operación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y regular la actividad de las personas facilitadoras de estos procesos.
          Justicia digital. La iniciativa propone adicionar un nuevo párrafo cuarto y se recorren los subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Federal en materia de justicia digital, para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el Poder Judicial de la Federación, y el de las entidades federativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Tribunales Agrarios, los Tribunales Electorales y los Tribunales Administrativos de la Federación y de las entidades federativas implementarán de forma progresiva el sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de información y la comunicación a efecto de tramitar los juicios y todas sus instancias en línea, en los términos de lo dispuesto por la ley. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los 38 jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.
          Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En términos generales, propone la migración a un modelo oral para la impartición de justicia. Introduce los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad, colaboración, igualdad y concentración que deben seguir las actuaciones. Se prevé la creación del Instituto de Representación Jurídica Subsidiaria como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que garantizará el derecho a la representación jurídica gratuita en materia civil, familiar de personas de escasos recursos económicos. Se establecen distintos mecanismos para que el proceso pueda seguirse utilizando tecnologías de la información y se prevén casos para los cuales pueda implementarse la impartición de justicia a distancia.
Preocupación de Juzgadores.

          No obstante que se han presentado las iniciativas citadas como una reforma de gran calado que permitirán erradicar la corrupción, el nepotismo y las malas prácticas que han generado una mala reputación de las autoridades judiciales y de los órganos impartidores de justicia, existen críticas a algunas propuestas que generan preocupación que resulte lo opuesto de fortalecer el sistema de justicia federal, la lleve a un retroceso y debilite o merme la independencia judicial de los juzgadores. De esta manera, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) presentó recientemente una reflexión acerca de la reforma, asegurando “un vicio de generalización estigmatizante para los juzgadores federales del país, que ya de por sí atenta contra la independencia judicial”.

          No obstante, la JUFED reconoce que, en efecto, se debe fortalecer la carrera judicial; hacer más eficientes los mecanismos para sancionar y disciplinar con todo el rigor de la ley a los funcionarios jurisdiccionales que con su actuar trastoquen la alta función que se les encomendó; se debe recuperar la confianza de la sociedad en sus juzgadoras y juzgadores federales; fortalecer la rendición de cuentas y medir la calidad de justicia con evaluaciones cualitativas y de impacto. Sin embargo, puntualizan “una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto mejorar una institución garante del Estado de Derecho —el Poder Judicial de la Federación—, cuya titularidad la tienen juzgadoras y juzgadores federales de todo el país, debe pasar a través de un proceso de discusión y análisis profundo, basado en las convicciones democráticas del Poder Revisor, para que las debilidades excepcionales, que no generalizadas, no sean el motivo de merma en las condiciones de independencia de las juezas, jueces, magistradas y magistrados garantes de la regularidad constitucional”.

          En el mismo sentido, indican que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado preocupación por “los frecuentes intentos de injerencia de actores públicos y privados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, por lo que preocupan las iniciativas que lesionan la irreductibilidad de salarios de jueces y magistrados. Le preocupan, asimismo, las iniciativas de reformas legales que, de aprobarse, afectarían la independencia del Poder Judicial o de la Fiscalía, por ejemplo, respecto a su nominación, traslado, promoción, disciplina y termino de funciones. El Comité está preocupado por denuncias de ataques a jueces y magistrados con declaraciones generalizadas de corrupción y la exhibición de nombres, la imposición de medidas disciplinarias o traslados indebidos a jueces que toman decisiones contrarias a los intereses de los gobiernos (arts. 14 y 25)”, según el sexto informe periódico de México.

          En las observaciones finales del informe del Comité se establece que el Estado debe garantizar la autonomía, independencia, imparcialidad y seguridad de los jueces, magistrados y fiscales, “garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias indebidas por parte de otros órganos, como el poder ejecutivo y el poder legislativo; y que los procesos disciplinarios cuenten con la aplicación efectiva de todas las garantías judiciales y de debido proceso”.

          México, dice, está sujeto a cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la que se tutela la independencia judicial de manera subjetiva, el derecho de los jueces a acceder y permanecer en sus cargos en condiciones generales de igualdad, como expresión de su garantía de estabilidad laboral con carrera judicial; así como objetiva u orgánica, la cual se relaciona con el Poder Judicial como sistema, pues se entiende como la ausencia de presiones externas tanto privadas como de los otros poderes y garantiza al ciudadano que su caso sea resuelto por un juez independiente e imparcial. Así, al tutelar los derechos humanos de los juzgadores, argumentan, se garantiza la independencia judicial.

Opinión de Especialistas.

          Algunos especialistas como Raúl Mejía Garza y Laura Rojas Zamudio del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho A. C., han opinado respecto de la reforma a las controversias constitucionales de la fracción I del artículo 105 de la Constitución, que el Alto Tribunal debe enfocarse en los temas que son realmente importantes y deshacerse de altas cargas de trabajo, debiendo modificarse el artículo 105 constitucional para que la SCJN no analice cuestiones de legalidad, sino que se concentre en analizar las violaciones directas a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte.

          A partir de la reforma de 1994, las controversias constitucionales se consolidaron como la vía jurídica de defensa de la Federación, de los estados y de los municipios, por violaciones directas o indirectas a sus competencias establecidas en la Constitución. Derivado de esto se formuló el principio de afectación. De modo que, de realizarse esta modificación se dañaría la vía de control constitucional del Estado y dejaría vulnerable de defensa al ámbito municipal, sostiene los investigadores.

          Respecto a la iniciativa de justicia digital, los obstáculos podrían ser presupuestales y de acceso a las tecnologías por parte de los ciudadanos, así como la renuencia de los abogados a aceptar los cambios y a adaptarse a ellos. En diversos encuentros con abogados acerca de la justicia digital, la ONG México Evalúa, sostiene que se debe planear bien para que se amplíe el acceso a la justicia y no excluya todavía más a los grupos vulnerables, como comunidades indígenas. Además, las plataformas que se desarrollen deben ser inclusivas, como lo explicó la abogada litigante de EQUIS Justicia para las Mujeres, Viridiana Valgañón. De igual forma, se debe garantizar la protección de los datos personales de los usuarios de las plataformas digitales que desarrollen los órganos de justicia. Sería la vía para generar confianza en estos, afirmó la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, Hilda Servín.

Consenso Legislativo.

          El senador Ricardo Monreal, en su carácter de líder del grupo mayoritario de Morena y Presidente de la Jucopo, aseguró recientemente que todos los grupos parlamentarios en la Cámara Alta están de acuerdo en discutir y aprobar la Reforma al Sistema de Justicia durante este periodo ordinario que inicio el 1 de septiembre, escuchando a los especialistas y a los ciudadanos interesados bajo la modalidad de “parlamento abierto”, como se ha venido haciendo con temas relevantes.

          La percepción social generalizada es que la ciudadanía no confía en sus jueces, ni mucho menos en sus Ministerios Públicos, tanto federales como estatales y que existe una grave crisis en este sector, que es necesario transformarlo desde el fondo. Por ello, esta reforma que pretende modernizar y ajustar a las instituciones de procuración e impartición de justicia es un acierto, particularmente en los puntos que más interesan al foro y a la comunidad, como son la consolidación de carrera judicial, regulando con más exigencias aspectos medulares como el ingreso, promoción y permanencia, para que sean seleccionados los mejores juristas para que integren los poderes judiciales.

          Por ello, es de la mayor importancia la expedición de una buena Ley de Carrera Judicial, para crear la Escuela Judicial que forme a los integrantes del PJF y perfeccione los métodos de selección de jueces, magistrados, oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para reducir la posibilidad de que personas con poca capacitación, corruptos y sin escrúpulos, ocupen estos cargos en las áreas de procuración y administración de justicia.

          A pesar del optimismo del senador Monreal y que las iniciativas ya están siendo formalmente discutidas en el Senado, en la víspera del inicio del periodo ordinario se han escuchado nuevamente críticas, particularmente aquellas que sostienen que es peligroso que la Suprema Corte decida sobre sus propias propuestas y la necesidad que existe de que en el Senado se escucha a algunos juzgadores, pues hacer una reforma judicial sin atender las opiniones de jueces, magistrados, académicos y miembros de la sociedad civil le restaría un importante componente democrático a la reforma. En esta dirección, Dante Delgado, senador por Movimiento Ciudadano, señaló que promoverá que académicos, jueces, magistrados, ministros y abogados postulantes “aporten lo mejor de sus experiencias a favor de una legislación que sirva a la sociedad”.  Esperemos que así sea y que la Reforma Judicial responda a las necesidades y exigencias ciudadanas para que tengamos finalmente en México una impartición de justicia efectiva, igualitaria, pronta y gratuita, como mandata la Constitución.