La pregunta que será formulada en la consulta del 1 de agosto sobre si enjuiciar en México a expresidentes bien “pudo haber sido ideada por Cantinflas, un cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda”, asegura Michael Reid en su columna Bello que publica hoy la revista británica The Economist.

    En un principio, la pregunta de la consulta era: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen, y en su caso sancionen, la pregunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

    Sin embargo, la Suprema Corte la modificó y quedó así: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.

  “Esto es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que los mexicanos decidan en una consulta nacional el 1 de agosto. Decodificada, lo que significa es si debe autorizársele para orquestar una especie de juicio-espectáculo no oficial a sus cinco predecesores y subordinados”, afirma Reid en su columna, titulada “El presidente de México establece un juicio-espectáculo a sus predecesores”.

   Sin embargo, de acuerdo con el columnista, “recurrir a un voto popular para decidir si enjuiciar o no es una parodia del Estado de derecho”.  Lo que vuelve más “surrealista” el ejercicio, añade Reid, es que “el presidente dice que no votará, porque no es 'vengativo' y no quiere quedarse aferrado al pasado. Sin embargo, si 'la gente' decide lo contrario, actuará acorde con sus deseos [del pueblo]”.

La consulta, indica, “confirma que, en el combate a la corrupción, AMLO prefiere el teatro, que puede dirigir, sobre la sustancia”.
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    ¿Para qué la consulta? Reid reflexiona que los resultados de las elecciones intermedias del 6 de junio revelaron que, si bien López Obrador sigue siendo popular, “ya no es invencible”. Los mexicanos, acota, están sufriendo por la pandemia, “por el mal manejo que hizo el gobierno de ella y por la relativa recesión económica, así como por el crimen violento que no para”.

    Para “distraer la atención de los fracasos políticos, su presidente necesita todos los espectáculos cantinflescos de teatro político que pueda realizar”.

    No es la primera vez que The Economist se lanza contra las políticas del presidente mexicano. En mayo, dedicó la portada de su edición Latinoamérica a AMLO, bajo el título “El falso mesías de México”. El mandatario acusó a la revista de grosera y “mentirosa”.
 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la nueva Ley General de Educación Superior, con la que se busca garantizar, entre otros aspectos, la gratuidad en ese nivel educativo, que será de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023.

En lo que respecta a la Ley General de Educación Superior, ésta establece las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a este nivel educativo; contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de la nación y de la sociedad sus conocimientos.

Asimismo, distribuir la función social educativa del tipo de educación superior entre la Federación, las entidades federativas y los municipios; establecer la coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora continua de este nivel educativo en el país; orientar los criterios para el desarrollo de las políticas públicas en la materia, entre otros.

Destaca que, en la integración de los presupuestos correspondientes, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, en su caso, se contemplarán los recursos financieros, humanos, materiales y la infraestructura necesarios para el crecimiento gradual, desarrollo y cumplimiento de las funciones de las instituciones públicas de educación superior, bajo los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad, además de los criterios de equidad, inclusión y excelencia.

Expone que los mecanismos o recursos para dar cumplimiento progresivo a la obligatoriedad del Estado de ofrecer oportunidades de acceso a toda persona que cuente con el certificado de bachillerato o equivalente, se implementarán a partir del ciclo 2022-2023, en función de la disponibilidad presupuestaria.

Señala que la Secretaría de Educación Pública (SEP) propondrá, en el marco del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, un programa de ampliación de la oferta de educación superior a nivel nacional, regional y estatal, con metas de corto, mediano y largo plazo, a más tardar en el año 2022.
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La ley también contempla la formulación de un programa sectorial de educación superior y la configuración del Consejo Nacional de Coordinación, este último para acordar las acciones y estrategias que permitan impulsar el desarrollo de este nivel educativo.

​El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco anunció que esta semana la mayoría que encabeza su partido reformará la Ley de Hidrocarburos y eliminará el outsourcing ilegal.
Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, enfrentarán como en otros temas, la oposición del PAN, PRI, MC y PRD, mientras que Morena prevé alcanzar la mayoría con el apoyo de sus aliados PT, PES y Verde.
En el tema del outsourcing, una vez que se llegó a un acuerdo con las cúpulas empresariales y sindicales, se estima que los cambios a la Ley Federal del Trabajo reciban un apoyo de la mayoría de las fracciones parlamentarias con reservas en algunos de los articulados.
La Cámara de Diputados tiene programado sesionar martes, miércoles y jueves de esta semana.
El pasado 26 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a San Lázaro la iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos, con la que busca desincentivar el comercio ilícito del petróleo, garantizar su abasto y la soberanía nacional en su distribución, así como “proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado”.
Además de sancionar y desincentivar el contrabando de combustible, plantea la suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad estratégica o la economía nacional.
En cuanto a la subcontratación ilegal, conocida también como outsourcing, el 5 de abril López Obrador dio a conocer un "importante acuerdo" en materia de subcontratación y reparto de utilidades "en beneficio de todos" que su gobierno alcanzó con dirigentes sindicales y empresariales.
Ese mismo día, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) precisó, a través de un comunicado, que entre los acuerdos alcanzados están, entre otras cosas, la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de subcontratación de servicios especializados y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

​La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 451 votos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar la creación, operación o fortalecimiento de al menos un refugio para víctimas de violencia, en cada municipio o alcaldía.
La reforma al artículo 48, fracción IV establece que corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres colaborar con las instituciones del Sistema en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios, casas de emergencia y casas de transición.
En caso de que un municipio o alcaldía no reúna las condiciones necesarias para la instalación de un refugio de acuerdo con lo establecido por el modelo, garantizar que cuente con una casa de emergencia o de transición vinculada a un refugio.
La modificación al artículo 50, fracción VII, es para celebrar convenios con los gobiernos estatales para la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas.
En el dictamen se argumenta que, si en cada municipio o alcaldía del país existiera un refugio para atender la violencia que viven las mujeres, habría un total de 2,485 refugios operando; sin embargo, en la actualidad solamente se cuenta con el 1.93 por ciento de refugios necesarios para combatir la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, pero sobre todo la más lasciva e irreparable: la violencia feminicida.

​El pasado 10 de febrero se llevó a cabo la firma de un Memorando de Entendimiento entre la Cámara Diputados, su Comisión de Igualdad de Género y la Oficina de ONU Mujeres en México, con la finalidad de adherirse a los objetivos de la Iniciativa Spotlight e impulsar alianzas legislativas a nivel federal para trabajar a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres y especialmente, el feminicidio.

A través de un comunicado, se informó que el evento virtual estuvo encabezado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva; la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género; y Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México.

Asimismo, se contó con la presencia de Jérôme Poussielgue, jefe de Cooperación de la Unión Europea; María Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y Nadine Flora Gasman Zylbermann, presidenta del Inmujeres, quienes extendieron su disposición para sumarse a los esfuerzos que se emprenderán a partir de la suscripción del referido instrumento.

Durante la inauguración, la diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena) destacó que “desde nuestro quehacer como legisladoras nuestro respaldo absoluto a todas las personas que han sufrido la pérdida de una familiar a causa de un feminicidio o muerte dolosa; a quienes buscan a las mujeres desaparecidas; a quienes exigen justicia incansablemente. Cuentan con nosotras y esta alianza es un paso más, sumamente importante, en señal de ello”.

Por su parte, la representante de ONU Mujeres manifestó que “969 mujeres víctimas de feminicidio es un número profundamente doloroso, que refleja la necesidad de acciones urgentes e inmediatas. Una de ellas es construir un sistema normativo que, acompañado de políticas públicas, prevenga eficazmente la violencia contra las mujeres y que ofrezca mecanismos de verdadera reparación integral para quienes han sido víctimas directas e indirectas”.

La Iniciativa Spotlight es una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, con particular atención en el feminicidio.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2020 se contabilizaron 969 víctimas de feminicidio, más 2,783 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Por ello, desde el Pilar 1 de la Iniciativa Spotlight relativo a los marcos legislativos y políticos, se impulsó esta acción conjunta para analizar, discutir y desarrollar propuestas de ley en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

La firma de este instrumento significa que la Cámara de Diputados y ONU Mujeres trabajarán de forma coordinada, y como parte de los compromisos asumidos, en las próximas semanas se establecerán mesas de trabajo encabezadas por la Comisión de Igualdad de Género y el equipo técnico de la Iniciativa Spotlight, asistida por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, para definir temas prioritarios en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres y proponer las reformas que sean necesarias.

Temas entre los que destacan el feminicidio infantil, la violencia sexual, la desaparición de mujeres, la violencia familiar, y niñas y niños en situación de orfandad por feminicido, entre otros. En dichas mesas, se considerarán, además, mecanismos para la participación de la sociedad civil.

La violencia feminicida no sólo afecta a las víctimas directas, descompone el tejido social porque es una conducta que se reproduce desde el odio motivado por razones de género. Impacta el ámbito público y privado de la vida diaria y nos obliga a tomar medidas urgentes.

Por estas razones, ONU Mujeres reconoce a las partes firmantes y alienta a las legisladoras y legisladores del país a seguir generando alianzas para establecer normas y leyes que prevengan efectivamente la violencia y que ofrezcan justicia para las víctimas.

​La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), determinó no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda.
               De acuerdo a lo difundido en un comunicado la FGR, señaló que tras un análisis, se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades de Estados Unidos; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.
               Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso. 
               Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.  
               Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, determinó el no ejercicio de la acción penal.
               Cabe destacar que desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces secretario de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos Zepeda. 
               Esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el gobierno norteamericano, durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso.  
               El 15 de octubre de 2020, agentes policiacos de ese organismo norteamericano detuvieron al general mexicano en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso por delitos contra la salud y lavado de dinero. 
               Después de cinco semanas de haber sido detenido, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la Jueza que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en contra de dicha persona; y la Jueza Federal correspondiente estimó procedente tal petición. 
               Durante el lapso de su detención, y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la FGR solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso.
               El 18 de noviembre de 2020, el general fue entregado por las autoridades norteamericanas, al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase inicial.  
               El 9 de enero de 2021, el general Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la FGR en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal.  
               A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la FGR llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso. 
 

El diputado Pablo Gómez (Morena) propuso derogar la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política en materia de derechos y prerrogativas de los ciudadanos.
          La iniciativa hace referencia que la fracción II del artículo 38 impide a todos los individuos sujetos a proceso penal ejercer prerrogativas que son esenciales para el desarrollo del Estado democrático de derecho, sin que se les haya oído y vencido en juicio ante tribunales previamente establecidos.
          El artículo 38, fracción II de la propia Constitución, establece: “Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”.
          En la propuesta, se hace mención que el texto vigente de la fracción citada ya no corresponde con el actual sistema jurídico penal y entra en contradicción con el esquema de libertades resultado de la evolución de las instituciones democráticas contemporáneas.
          En ese sentido, indicó que, si bien es cierto que la medida de suspensión de prerrogativas ciudadanas sería temporal, también lo es que puede extinguirse al culminar el proceso penal en favor de la persona vinculada, caso en el cual dicha suspensión anticipada habría resultado excesiva, desproporcionada, injusta, discriminatoria y privativa en el ejercicio de derechos políticos, causante de un daño de imposible reparación.
          Para “afianzar el curso que le damos al ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas del ciudadano, se propone simple y sencillamente la derogación del precepto. Y además la derogación, en un transitorio, de todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del decreto derogatorio de la fracción II del artículo 38 de la Constitución”, expresó.
          La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El Senado de la República reanudó este jueves  las discusiones de la Ley para la Regulación del Cannabis aprobando en lo general el uso lúdico y medicinal de la marihuana en México. Ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes del 15 de diciembre.
El nuevo ente busca emitir cinco tipos de licencias para controlar algunos de los actos relacionados con el cultivo, transformación, venta, investigación, exportación e importación.
El Senado de la República reanudó este jueves las discusiones de la Ley para la Regulación del Cannabis aprobando en lo general el uso lúdico y medicinal de la marihuana en México. Ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes del 15 de diciembre.
El nuevo ente busca emitir cinco tipos de licencias para controlar algunos de los actos relacionados con el cultivo, transformación, venta, investigación, exportación e importación.
Además, se permitirá que los consumidores puedan portar hasta 28 gramos, -actualmente sólo se autoriza la portación de cinco gramos- pero queda prohibido el consumo de cannabis psicoactivo en áreas de trabajo, así como en algunos espacios públicos y privados, entre los que se incluyen:

• Cualquier establecimiento público.
• Escuelas públicas o privadas.
• Instalaciones gubernamentales.
• En todo lugar donde se prohíba consumir cigarro

Lugares de asistencia masiva en donde se permite acceso a menores de 18 años como centros comerciales, parques, estadios o donde estén expuestos al humo.
Senadores de Morena señalaron que a través de esta propuesta se busca reactivar la economía del campo y la agroindustria gracias a la posición geográfica de México que facilita la producción y exportación del cannabis y sus derivados al mercado norteamericano; además, añadieron que mediante su aprobación se espera concluir con la violencia que ha generado la guerra contra el narcotráfico a lo largo de los años, iniciando así un proceso de pacificación nacional.
Los argumentos a favor y en contra
Diversos senadores argumentaron que tras 100 años de penalización, la prohibición del cannabis solamente ha favorecido el crecimiento del crimen organizado, la marginalización de sus consumidores y el alejamiento de muchas prácticas milenarias de nuestro país, debido a que basándose en mentiras han difamado una sustancia que no ha traído problemas por su consumo sino por el tabú que se ha creado alrededor de ella.
Ahora, la “Ley general para la regulación del cannabis” debe pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalice la actual legislatura el 15 de diciembre. Morena y sus aliados cuentan con mayoría en ambas cámaras, con lo que podría facilitar su aprobación.
La iniciativa propuesta por Morena incluye, entre otras cosas, la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud.
En su primer artículo, la norma sostiene que busca “mejorar las condiciones de vida” de los mexicanos y “contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico”.
“Finalmente llegó la hora de un tema vital para el desarrollo del país”, dijo durante su discurso el senador independiente Emilio Álvarez Icaza. “Es un tema que debimos discutir hace muchos años”.

Después de cuatro años desde que en el sexenio pasado se emprendieron una serie de reformas de justicia cotidiana, este miércoles inicia en ocho estados la primera etapa del nuevo sistema de justicia laboral, en el que la conciliación será el primer paso para resolver los conflictos laborales y se “jubila” a las juntas de conciliación y arbitraje para transitar a tribunales del Poder Judicial.
          El nuevo sistema de justicia laboral fue una iniciativa de carácter nacional, pero después se convirtió en exigencia como parte de los tratados comerciales de México, como es el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
          La primera etapa del nuevo sistema de justicia laboral comienza en ocho estados: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. A partir de hoy estarán operando en esas entidades las nuevas instancias de impartición de justicia, es decir, los centros de conciliación locales, así como tribunales federales y locales.
          Los conflictos laborales individuales y colectivos tramitados a partir de este 18 de noviembre serán atendidos por los centros de conciliación y los tribunales laborales federales o locales, según corresponda. Los juicios tramitados antes de este día seguirán resolviéndose ante la junta de conciliación y arbitraje competente.
          En el nuevo sistema los trabajadores o sindicatos que deseen presentar una demanda deberán intentar conciliar para llegar a un acuerdo, el lugar para ello serán los centros de conciliación locales y el CFCRL, lo que cambia el proceso a como es en la actualidad, que se presenta primero el juicio laboral y después de conciliar.
          A partir de este miércoles los trámites de registro de sindicatos, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo en materia federal o local, registrados en esos ocho estados no se realizarán ante las juntas de conciliación y arbitraje ni en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino ante el CFCRL, a través de su plataforma electrónica o de manera presencial en sus oficinas estatales.