La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el día 02 de septiembre de 2020 que una persona puede ser reconocida legalmente como integrante de un matrimonio y de un concubinato.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válido el derecho de las concubinas a solicitar pensión alimenticia a quien fue su pareja aun cuando ésta se encuentre unida en matrimonio civil con otra persona.
La decisión de la Corte fue emitida este miércoles a través de la primera sala del alto tribunal constitucional durante la sesión remota y fue aprobada por la mayoría de ministros.

El fallo votado derivó de un juicio de amparo interpuesto hace cinco años en Morelos por parte de una mujer que  tras doce años de vivir en concubinato con un hombre le demandó el pago de una pensión alimenticia a pesar de que no tuvieron hijos.

Los ministros Luis González Alcántara Carrancá, Norma Lucía Piña y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena calificaron de inconstitucional lo dispuesto en el artículo 65 del código civil de Morelos en la parte que define la relación de concubinato por considerarlo discriminatorio, principalmente para las mujeres dada la permisividad que culturalmente se ha adjudicado a los hombres para estar casado y al mismo tiempo, sostener una relación de concubinato.
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La parte declarada inconstitucional del numeral citado fue la que definía al concubinato entre personas "libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo".

Salomón Jara, senador de Morena, presentará una iniciativa para prohibir la venta de alimentos y bebidas de alto contenido calórico a menores de 18 años en todo el país.

Esto mediante una modificación tanto a la Ley General de Salud como a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El legislador de Morena apuntó que también propondrá el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) a alimentos procesados y bebidas azucaradas de alto contenido calórico sea el equivalente a la mitad de su precio.
El pasado 5 de agosto y en una votación histórica, el Congreso de Oaxaca prohibió vender alimentos chatarra a menores de edad.

De este modo, se prohibió en dicha entidad la venta directa, regalar, distribuir o promocionar a menores de edad bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, una propuesta impulsada por Morena y respaldada por el PT.

Por su parte, Los diputados locales de Guanajuato estarían replicando la prohibición de alimentos chatarra a menores de edad, tal como lo hizo Oaxaca, que se convirtió en la primera entidad en el país en lograr ello.

Magdalena Rosales Cruz, coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso de Guanajuato, dijo que ya se está trabajando en una propuesta similar, pues se trata de un tema que a nivel nacional lo está impulsando su partido, por lo que se pretende que haga eco en la entidad.

Magdalena Rosales Cruz dijo que en el caso de Guanajuato, 17.3% de la población de entre 12 y 17 años tiene obesidad, lo cual coloca al estado en el lugar número 11 a nivel nacional en cuando a obesidad infantil, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018.
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La diputada de Morena refirió que se esperan críticas fuertes por el impulso de esta iniciativa, pero es necesario cerrar filas en este tema, pues la salud de los niños está en juego.

​Organizaciones civiles y académicos universitarios celebraron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal, pues “representa un acto de congruencia con su responsabilidad y competencia”.
Indicaron que las reformas a la mencionada norma, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, en el marco de la armonización de la legislación nacional con el capítulo de propiedad intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lesiona las garantías fundamentales reconocidas tanto en la Constitución como en tratados internacionales.
Asimismo, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atender esa acción de inconstitucionalidad y dejar sin efecto las modificaciones “tan regresivas y lesivas para los derechos humanos”.
El pasado viernes, la CNDH informó a través de un mensaje que “presentamos ante la @SCJN 46 demandas de acción de inconstitucionalidad que buscan proteger diversos #DerechosHumanos en el país” y entre esas 46 demandas estaba la referente a las reformas de la Ley Federal de Derecho de Autor y el Código Penal Federal, “por posibles violaciones a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, a la libertad de comercio o trabajo y a derechos culturales, entre otras prerrogativas”.
En su comunicado la coalición #NiCensuraNiCandados, señala que la CNDH busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deje sin efecto las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, en el marco de la armonización de la legislación nacional con el capítulo de propiedad intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación por manejo irregular del presupuesto de seguridad pública en la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada Miguel Ángel Osorio Chong, por lo cual ha solicitado 19 órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios de la administración del actual senador priista.

De acuerdo con Milenio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) indagan cómo fueron utilizados más de 40 mil millones de pesos que mismo que se dispersaron entre 2013 y 2018 por parte de dependencias de seguridad, 
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En dichas dependencias están incluidas la Segob, la Policía Federal, el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la entonces Procuraduría General de la República, así como  otros órganos para “misiones y objetivos confidenciales”. 

Según la investigación de los 19 funcionarios, al menos 11 manejaron finanzas y recursos en la Policía Federal, y está incluida quien fuera operadora financiera de Osorio Chong durante su administración al frente del gobierno de Hidalgo.

Entre los acusados y contra quien se ha solicitado orden de aprehensión está Jesús Orta Martínez, ex secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, además fungió como director general en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la pasada administración y como secretario General en la administración de recursos de la Policía Federal entre diciembre de 2012 y mayo de 2014. También desempeñó cargos de Oficial Mayor en administración de recursos humanos, materiales e inmobiliarios del gobierno de la Ciudad de México, la SEP y Medio Ambiente. 
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Las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR han sido requeridas a  un juez federal de control, con sede en Almoloya, Estado de México y son en contra de: 

• Frida Martínez Zamora, ex secretaria General de la Policía Federal, responsable de las cuestiones administrativas en dicho órgano que durante la pasada administración se encontraba adscrito a Gobernación. 
• Eleuterio Enrique Pérez Romero, quien se desempeñó como jefe de Departamento en la Secretaría de Gobernación y antes en la Policía Federal Preventiva. 
• Carlos Hipólito Rivera Codina, quien trabajó en la Policía Federal y estuvo adscrito a la División de Fuerzas Federales y actualmente se desempeña en la Guardia Nacional como director general de Servicios Especiales. 
• Edgar Ulises Calderón Luna, quien fue suboficial en la Policía Federal y de acuerdo con su declaración patrimonial, en donde reservó sus datos sobre propiedades, su función principal era la del manejo de recursos financieros. 
• Emilio Metzger Sánchez Armas, quien inició el sexenio de Peña Nieto como director de Área en la División de Fuerzas Especiales de la Policía Federal y más tarde en la División de Fuerzas Federales. 
• Francisco Javier Cruz Rosas, quien también integró la División Antidrogas de la Policía Federal y actualmente está adscrito al primer batallón de transmisiones de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
• Osvaldo Martínez Hernández, quien fue subdirector de Área en la Dirección de la Tesorería de la Policía Federal. 
• José Manuel Correa Flores, quien fue jefe de Departamento del Registro Contable de la Policía Federal, mientras que el décimo es Israel Luna Espinosa; ex subdirector de Ingresos y Egresos en la Secretaría General de la Policía Federal. 
• Carmen Patricia Quiñones Piña, que en enero de este año se amparó contra la Función Pública, que la sancionó a instancias del Órgano Interno de Control por un quebranto de 278 mil pesos a la Hacienda Pública Federal

En la investigaciones también se encuentran: Everardo Guzmán Linares, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavez, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitzo Pérez y Mercedes Hernández Rodríguez. 

El día de hoy entró en vigor el decreto número 199 por el cual se reformó el artículo 153-a en sus fracciones II, VI y VII y se deroga el artículo 183 ambos del Código Penal del Estado de Guanajuato.

El artículo 153-a Quedó de la siguiente forma:

Artículo 153-a.- Habrá feminicidio cuando...

II. Que presente signos de violencia sexual. 

VI. Que exista o que haya existido con el activo relación intima, de convivencia, de confianza, noviazgo, parentesco o concubinato o relación análoga; o 

VII. Que su cuerpo sea expuesto o exhibido. 

Este mismo fue publicado el pasado 13 de julio del presente año en el diario oficial del gobierno del estado en su pagina 79 y 81 respectivamente. 

La Fiscalía General del Estado, en audiencia inicial comenzada el pasado martes 07 de julio, en el momento de la formulación de imputación, dio a conocer los cargos en contra de uno de los inculpados en el artero ataque a un anexo de Irapuato ocurrido el pasado 1 de julio.
Ese día, luego de escuchar la imputación en su contra, el imputado se abstuvo de declarar y a través de su defensa solicitó la duplicidad constitucional para que se resolviera su situación jurídica, además de ofrecer datos de prueba de su parte, por lo que se fijó fecha para su posterior continuación, permaneciendo el imputado en prisión en ese lapso.
El día de hoy lunes 13 de julio, en continuación de la audiencia judicial, después de escuchar los datos de prueba obtenidos por el Ministerio Público y por la defensa, el Juez de Control ha determinado vincular a proceso al imputado e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, por el tiempo que se desarrolla la causa penal y sea juzgado, al existir méritos suficientes y no desvirtuados, para continuar la investigación en su contra.
Emmanuel “N” enfrenta cargos penales por los delitos de homicidio calificado consumado en agravio de 27 personas, así como de homicidio calificado en grado de tentativa por 6 víctimas más, por lo que permanecerá recluido en el Cereso local por un plazo de 4 meses, al cierre de la investigación.
El Agente del Ministerio Público especializado, con el apoyo del trabajo técnico y científico realizado por peritos criminalistas, peritos en otras ramas de laboratorio y de campo, analistas y Agentes de la Agencia de Investigación Criminal, dio a conocer a detalle las evidencias que se han recabado en torno al crimen, sustentando la presunta participación del imputado, que derivó en las determinaciones emitidas por parte del Juzgado de Oralidad Penal.
De acuerdo a la carpeta de investigación que integra la Unidad Especializada de Homicidios de la Fiscalía Regional B, alrededor de las 17:00 horas del 1 de julio del año 2020, tres sujetos armados ingresaron al inmueble ubicado en calle Privada Guanajuato de la comunidad Arandas, habilitado como anexo, buscando a una persona, que ante la negativa de los internos de conocerlo, abren fuego sobre ellos, provocándoles heridas por proyectiles disparados por arma de fuego que les privan de la vida a 27 de los internos, quedando seis más lesionados, quienes reciben atención médica.
Es preciso señalar que otros dos inculpados por estos hechos, están sujetos a una investigación diversa y han quedado vinculados a proceso por delitos en materia de armas de fuego y contra la salud, quienes se encuentran a disposición de un Juez federal, y dado su lugar de reclusión, al momento no es posible cumplimentar la orden de aprehensión en su contra, misma que se ejecutará en cuanto haya condiciones que lo permitan.

Una jueza del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del Estado de Chiapas concedió la suspensión definitiva que impide los trabajos de construcción del Tren Maya en el tramo 1, el cual va de Palenque a Escárcega.
La autoridad otorgó la suspensión de todo trabajo que no sea de mantenimiento en dicho tramo, el cual será construido por el consorcio formado por Mota-Engil México, China Communications Construction Company, Gavil Ingeniería, EYASA y Grupo COSH.
El amparo fue promovido por comunidades pertenecientes al pueblo Ch’ol, las cuales habitan en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo.
El recurso impide, por tanto, el arranque de la construcción del proyecto ferroviario a cargo del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) en el primero de los 7 tramos a construir.
“Se concede (…) la suspensión definitiva, contra los actos reclamados al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ambos con sede en la Ciudad de México”, señala la síntesis de la lista de Acuerdos del 22 de junio.
Entre los argumentos que favorecieron la suspensión provisional se encuentra que el inicio de obras en esa zona del sureste del país podría dañar el derecho a la salud de los habitantes, esto derivado de la crisis sanitaria que ocasiona el COVID-19 en el país.
“Colisiona con el derecho a la salud de los quejosos (y también de la colectividad) ante el fenómeno de salud imperante en el país, reconocido a nivel nacional, estatal y municipal”, señaló la jueza.
El Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, señaló que emitirá su postura la tarde de este martes.
Apenas el pasado 4 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dado el banderazo de inicio a las obras del tramo 1 del Tren Maya.
Al respecto, el Fonatur señaló que el amparo interpuesto contra el Tren Maya aún no está resuelto de forma definitiva y solo se refiere a las obras nuevas, pues los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la vía sí están permitidos.
"La suspensión reconoce que el proyecto Tren Maya puede rehabilitar y/o dar mantenimiento a las vías férreas que ya existen, lo que significa que Fonatur puede continuar con los trabajos al amparo de la ley", señaló el organismo en un comunicado.
La dependencia dirigida por Jiménez Pons agregó que las actividades de mantenimiento de la vía existente se han reducido para mantener las medidas de distanciamiento social, así como los protocolos de protección de obra avalados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
“Cabe destacar que la presente suspensión no impide a las responsables realizar los actos encaminados a la ejecución del proyecto de índole administrativo como son las licitaciones, obtención de permisos ambientales y de cualquier otro rubro, elaboración de presupuestos y proyectos etcétera porque dichos actos no conllevan un daño inminente a la comunidad quejosa”, se lee en la resolución.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/jueza-suspende-inicio-de-obras-del-tramo-1-del-tren-maya

Un juez federal otorgó el día viernes 12 de junio la primera suspensión provisional contra el aumento de más de 800% en las tarifas para generadores privados de energía, principalmente energías renovables, por utilizar la red de transmisión de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), conocidas como tarifas de porteo.
Dichas tarifas fueron publicadas el pasado 10 de junio por la Intermediación de Contratos Legados de la CFE, luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobara una petición para el aumento de los costos a generadores privados el pasado 28 de mayo.
El amparo fue presentado el día de ayer por las empresas Tampico Solar y Saferay Solar, las cuales finalmente resultaron beneficiadas por orden del juez Segundo Especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro.
“Se concede la suspensión para el efecto de que no se ejecute en perjuicio de las quejosas la resolución RES/893/2020 y la Determinación de los cargos por el Servicio de Transmisión para fuentes de energía renovable o de cogeneración por nivel de tensión, a precios de 2018, publicada en el Diario Oficial el 10 de junio de 2020’’, se lee en la resolución.
Los aumentos publicados por la Intermediación de Contratos Legados de la CFE van de entre el 427%, hasta más del 800%.
Las tarifas de tensión alta presentan un aumento del 470.5%, las de tensión media un aumento del 427.8%, y las tarifas de tensión baja presentan un aumento del 811.1%, el más alto de todos.
Con esta medida, los operadores de esta central fotovoltaica estarán exentos provisionalmente de pagar las nuevas tarifas impuestas por la CFE anunciadas el miércoles pasado.
“La determinación de los montos que, en su caso, deban cubrir las quejosas por concepto del servicio de transmisión de energía eléctrica, para garantizar la vigencia de sus contratos de interconexión mientras sus centrales eléctricas inician operaciones normales, debe ser calculado conforme a las metodologías, resoluciones y tarifas que estaban vigentes hasta antes de la entrada en vigor de la resolución y determinación reclamadas”, se explica en el amparo.
Hace unas semanas la Comisión Reguladora de Energía aprobó un proyecto para que la empresa eléctrica nacional aumentará las tarifas de porteo a las centrales privadas con un contrato de auto abasto obtenido antes de la reforma energética de 2013. Tras esto, la Comisión Federal de Electricidad incremento entre 400 y 800 por ciento los costos de transmisión.
El aumento en los costos de transmisión se da después de una serie de acusaciones por parte del ejecutivo federal y de los titulares de la CFE y de la Secretaría de Energía, quienes aseguran que la compañía eléctrica nacional registra grandes pérdidas por las bajas tarifas de porteo que pagan los privados.

Fuente:https://latinus.us/2020/06/12/juez-otorga-suspension-provisional-contra-aumento-tarifas-energias-renovables-cfe/

Durante la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del Covid-19, la CIDH recordó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptar la Carta Democrática Interamericana, con la finalidad de fortalecer la democracia representativa. Ello, porque constituye un sistema esencial para lograr el pleno ejercicio de los derechos.
Asimismo, la Comisión destacó que el estado de derecho en un sistema democrático implica una división de las funciones estatales y un sistema de controles para el ejercicio de dichas funciones. Éste debe garantizarse sólidamente con énfasis en los contextos de emergencia y acatar cualquier violación de derechos humanos, garantizando el adecuado acceso la justicia y medios de reparación.
En este sentido, reiteró lo establecido en su Resolución número 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, en el sentido de que le compete a cada Estado asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia Covid-19 cumpla con los requisitos establecidos por los estándares internacionales.
También manifestó su preocupación por las afectaciones desproporcionadas que las restricciones o limitaciones a los derechos en el contexto de la emergencia pueden generar en determinados grupos en situación de vulnerabilidad (grupos en situación de pobreza, exclusión y discriminación histórica).
En cuanto al acceso a la justicia, la Comisión mencionó que es un pilar fundamental, y pese a la pandemia no puede verse suspendido o limitado en su ejercicio y funcionamiento. Por ello, resaltó la necesidad de medios idóneos, así como proteger a los operadores de justicia para interponer los recursos que permitan el control de las disposiciones.
En ese sentido, las instituciones deben contar con suficiente capacidad para controlar las medidas temporales de suspensión o restricción adoptadas.
Adicionalmente, la CIDH llamó la atención de los Estados sobre los graves impactos de la corrupción en la vigencia de los derechos humanos, y considera esencial fortalecer las acciones institucionales democráticas de prevención en la materia por medio de la transparencia y bajo el principio de rendición de cuentas.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/06/09/cidh-llama-a-garantizar-democracia-y-estado-de-derecho-durante-pandemia/

El Congreso de la Unión incurre en omisión al no haber emitido aún la Ley Reglamentaria del artículo 2 de la Constitución en Materia de Derecho a la Consulta y al Consentimiento Previo, Libre e Informado de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En sesión de videoconferencia, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte concedieron un amparo constitucional a Angélica Garzón Martínez, Franco Morales Antonio y Jazmín Berenice Zárate Santos, “contra la omisión del Congreso de la Unión, consistente en regular el derecho de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
La sentencia obliga a los legisladores federales de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a iniciar el proceso legislativo correspondiente, a partir del 1 de septiembre próximo cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, además de consultar a los pueblos y comunidades indígenas de manera previa en la elaboración de la regulación respectiva. Lo anterior, “a fin de que la legislación tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas mediante un ejercicio participativo de los sujetos a los que se dirige y que con ello se garantice la calidad democrática de su decisión”.
La resolución del máximo tribunal del país mencionó que la consulta a los pueblos debe cumplir cinco requisitos: debe ser previa, antes de adoptar y aplicar las medidas legislativas que les afecten; debe ser libre, mediante condiciones de seguridad y trasparencia sin coerción, intimidación ni manipulación.
​Debe ser informada sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto a las comunidades consultadas; debe ser culturalmente adecuada a sus costumbres y tradiciones; y, finalmente, debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo.

Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ordenan-crear-ley-sobre-derecho-a-la-consulta-20200611-0007.html