En el primer foro del parlamento abierto de la reforma eléctrica, expertos expusieron sus visiones en defensa y en desacuerdo de la iniciativa de AMLO.
La tarde de ayer iniciaron los foros sobre la reforma eléctrica, propuesta por esta administración, con tres expertos en contra y otros tres a favor, con argumentos que van desde un modelo agotado que costará caro al país y al consumidor, a defender a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los saqueos de los privados.
Los tres expertos con puntos en contra de la reforma eléctrica fueron: Rosanety Barrios, consultora independiente del sector energético; Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético y Monserrat Ramiro, consejera independiente de empresas del sector.
Estos fueron algunos de los principales argumentos en contra en la primera jornada realizada en la Cámara de Diputados:

• Es un modelo agotado, es regresar 60 años y no se resolverán los problemas actuales.
• Dar más lugar a combustibles fósiles, ahora 67% de la generación de energía de la CFE es con base en estos.
• Los planes del gobierno de repotenciar hidroeléctricas, la construcción de una planta solar y plantas de gas natural, es insuficiente para la generación de energía limpia.
• En los próximos 15 años se tendrá que desembolsar del presupuesto federal 80,000 millones de dólares entre las líneas de transmisión, distribución y las plantas de general, recursos que no tiene.
• Se cancelaría 62% de la generación nacional por la anulación de permisos a privados.
• Una insuficiencia de energía, 50% del país puede quedarse sin luz que conllevaría a un paro económico al impactar a la industria y comercio.
• El pago de indemnizaciones billonarias a cargo del pueblo.
• Destrucción de la calificación crediticia del país y daño reputacional.

En la parte de opiniones a favor estuvieron, Héctor Cuapio, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana; Nicolás Domínguez, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros Hispanos Profesionales y Manuel Ornelas, jefe de Oficina de Medición y Servicios en CFE.
Ellos dieron los siguientes puntos a favor de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador:

• La legislación vigente (la reforma energética de 2013) no ha representado beneficios para los mexicanos, para la CFE y los trabajadores
• Los privados acaparan la generación de energía del país, de seguir así en 2030 solo participaría con 16% de la generación.
• Se va a detener la privatización del sector eléctrico y evitar la desaparición de la CFE.
• La CFE va a dejar de perder y de “subsidiar” a privados, esto por 215.4 mil millones de pesos que deja de despachar en energía y otros 222.9 mil millones por la compra de electricidad a particulares.
• La reforma eléctrica regulará al sector y evitará la concentración económica del mercado eléctrico en pocos grupos o empresas.
• No se expropiarían plantas, además aquellos que no hayan violado la ley gozarían del 46% de un negocio de 6.4 billones de pesos.
• De aprobarse la reforma se evitará un futuro de velas “como en España” y construir uno asegurando.
• Se garantiza las confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.

Con un debate de tres horas se arrancó con el primero de los 19 foros que se tienen programados. En las conclusiones, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, indicó que hay tres ideas en las que todos los ponentes están de acuerdo: se busca suficiente energía, que sea limpia y de precios accesibles, pero donde hay una diferencia es cómo lograrse.
“Si más mercado libre con empresas privadas o intervención del estado que regule y modere”, dijo Robledo.
Por su parte, Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, señaló que se ha escuchado a profundidad lo que los especialistas expusieron y se cumplió con el objetivo de poner sobre la mesa las diferentes visiones que hay.

​El Consejo Nacional de Seguridad Privada expuso en un análisis que la crisis de violencia predominante en la mayor parte del territorio nacional y actualmente existe una tasa de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En México, 2021 concluyó con un homicidio cada 14 minutos en promedio, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Alejandro Desfassiaux aseguró que siguen al alza seis de 11 delitos del fuero común, entre ellos el robo, la extorsión y la violación.
En este contexto, se prevé que 2022 será un año aún más violento, pues a la lista se suman masacres en estados como Guanajuato, en donde recientemente fueron asesinadas 20 personas en Silao, incluidos menores de edad.
Asimismo, se incluyen disputas entre cárteles de droga en otras entidades: Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Tamaulipas.
Guanajuato acumula el 19 por ciento del total de los homicidios del país y es en esta entidad donde la extorsión incrementó hasta un mil 642 por ciento, de acuerdo con datos de la organización Semáforo Delictivo.
Es así que, de continuar la tendencia delictiva, para el 2022 la situación será más preocupante, especialmente en estados en donde se han registrado niveles muy altos de violencia.
En este sentido, el CNSP expuso en un análisis que la crisis de violencia predominante en la mayor parte del territorio nacional se ha desbordado a tal grado que actualmente, existe una tasa de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por tercer año consecutivo se acumularán más de 36 mil víctimas de homicidio, lo que significa que en sólo tres días se cometen más homicidios en México que durante todo un año en España.
En tanto, la media de homicidios a nivel nacional es de 2 mil 428 casos al mes, mientras que a nivel estatal, Guanajuato y Michoacán acumulan el 32 por ciento del total, este 2021 Nuevo León se perfiló como el más rojo desde 2012 con un aumento de más del triple de homicidios al día en tan sólo una semana, de acuerdo con datos de Semáforo Delictivo.
En este sentido, el presidente de la CNSP agregó que México atraviesa el momento más violento de su historia reciente, de acuerdo con estas cifras, ya que en las semanas recientes la violencia se ha intensificado en el país como consecuencia de la detención de Rosalinda González, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho.

Dr. Luis Octavio Vado Grajales.
Recordemos una frase propia de la Revolución Americana: no hay impuestos sin representación. Esto es, toda persona que contribuye al mantenimiento de la hacienda pública tiene el derecho de ser oída para la toma de decisiones de gobierno.
Los ingresos del gobierno son variados, van de los impuestos a los productos, pasando por los derechos y los aprovechamientos. Pero los primeros tienen la característica de que deben ser cubiertos por toda aquella persona que se sitúa en el supuesto legal, sin que resulte relevante su nacionalidad, calidad migratoria, etc.
Por ejemplo, cuando cargamos gasolina, pagamos impuestos. No se nos pregunta si tenemos credencial para votar, o cuál es la calidad jurídica de nuestra estancia en México.
Dimensionemos. En nuestro país, según la base de datos de STATISTA, residen cerca de un millón doscientas mil personas que tienen una nacionalidad distinta a la mexicana, los países de procedencia son Estados Unidos, por mucho en primer lugar, con Guatemala y Venezuela en segundo y tercero.
¿Cuántos recursos generan?
Esas personas, que ya han hecho su vida en nuestro país, conformando lazos de amistad, familiares y de negocios, como cualquiera, deben de cumplir con las obligaciones fiscales, contribuyendo a las haciendas municipales, locales y federales.
Así, su vinculación al país y la contribución a su economía, que no se limita solo al pago de impuestos, puede ser una buena razón para otorgarles derecho de voto y de participación en las figuras de democracia directa, lo que requeriría una reforma constitucional.
Adelanto las objeciones. Por ejemplo, se me podría contraargumentar que, si tanto arraigo tienen, que se nacionalicen y entonces voten; sin embargo, esta respuesta obvia las complejidades propias del procedimiento de nacionalización; también ignora que, para muchas personas extranjeras, obtener la nacionalidad mexicana puede significar la pérdida de la que tienen de origen, misma que por diversas razones pueden querer conservar.
Otro razonamiento podría ser que se pongan en riesgo la independencia nacional. No sé cómo podría presentarse esto, o porqué el otorgamiento del derecho de votar, tanto en elecciones como en mecanismos de participación ciudadana, arriesgaría nuestra independencia. La sujeción económica o el riesgo de la misma, frente a potencias extranjeras, más bien se vincula con temas de poderío que no estoy seguro se vinculen con el sufragio en nuestro país.
Una tercera razón podía ser afirmar que no tienen arraigo. Este planteamiento me obliga a precisar lo que aquí estoy exponiendo: no pienso en un voto generalizado para cualquier persona que entra a nuestro país, sino para aquellas que residan ya de forma permanente en nuestro país, acreditándolo con el documento migratorio correspondiente; una auténtica residencia.
Simplemente pongo el tema sobre la mesa. La discusión debe ser pública y abierta, pero debemos basarla en principios y no en estereotipos, hablemos acerca de los efectos, como permitir la afiliación a partidos políticos y la libertad de expresión en la materia.
Vale la pena recordar que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha avanzado en una línea de protección a los derechos político-electorales (que son derechos fundamentales) de las personas nacionalizadas mexicanas o que cuentan con doble nacionalidad, a fin de que puedan competir en elecciones, salvo los casos previstos expresamente en sentido contrario por la Constitución nacional, y participar en órganos electorales, que van de las mesas directivas de casilla a los institutos electorales locales.
Ampliar los derechos políticos, hacia personas que contribuyen a la riqueza nacional y que han unido su destino al nuestro, profundizaría nuestra democracia. Pensémoslo.
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La pregunta que será formulada en la consulta del 1 de agosto sobre si enjuiciar en México a expresidentes bien “pudo haber sido ideada por Cantinflas, un cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda”, asegura Michael Reid en su columna Bello que publica hoy la revista británica The Economist.

    En un principio, la pregunta de la consulta era: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen, y en su caso sancionen, la pregunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

    Sin embargo, la Suprema Corte la modificó y quedó así: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.

  “Esto es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que los mexicanos decidan en una consulta nacional el 1 de agosto. Decodificada, lo que significa es si debe autorizársele para orquestar una especie de juicio-espectáculo no oficial a sus cinco predecesores y subordinados”, afirma Reid en su columna, titulada “El presidente de México establece un juicio-espectáculo a sus predecesores”.

   Sin embargo, de acuerdo con el columnista, “recurrir a un voto popular para decidir si enjuiciar o no es una parodia del Estado de derecho”.  Lo que vuelve más “surrealista” el ejercicio, añade Reid, es que “el presidente dice que no votará, porque no es 'vengativo' y no quiere quedarse aferrado al pasado. Sin embargo, si 'la gente' decide lo contrario, actuará acorde con sus deseos [del pueblo]”.

La consulta, indica, “confirma que, en el combate a la corrupción, AMLO prefiere el teatro, que puede dirigir, sobre la sustancia”.
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    ¿Para qué la consulta? Reid reflexiona que los resultados de las elecciones intermedias del 6 de junio revelaron que, si bien López Obrador sigue siendo popular, “ya no es invencible”. Los mexicanos, acota, están sufriendo por la pandemia, “por el mal manejo que hizo el gobierno de ella y por la relativa recesión económica, así como por el crimen violento que no para”.

    Para “distraer la atención de los fracasos políticos, su presidente necesita todos los espectáculos cantinflescos de teatro político que pueda realizar”.

    No es la primera vez que The Economist se lanza contra las políticas del presidente mexicano. En mayo, dedicó la portada de su edición Latinoamérica a AMLO, bajo el título “El falso mesías de México”. El mandatario acusó a la revista de grosera y “mentirosa”.
 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la nueva Ley General de Educación Superior, con la que se busca garantizar, entre otros aspectos, la gratuidad en ese nivel educativo, que será de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023.

En lo que respecta a la Ley General de Educación Superior, ésta establece las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a este nivel educativo; contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de la nación y de la sociedad sus conocimientos.

Asimismo, distribuir la función social educativa del tipo de educación superior entre la Federación, las entidades federativas y los municipios; establecer la coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora continua de este nivel educativo en el país; orientar los criterios para el desarrollo de las políticas públicas en la materia, entre otros.

Destaca que, en la integración de los presupuestos correspondientes, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, en su caso, se contemplarán los recursos financieros, humanos, materiales y la infraestructura necesarios para el crecimiento gradual, desarrollo y cumplimiento de las funciones de las instituciones públicas de educación superior, bajo los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad, además de los criterios de equidad, inclusión y excelencia.

Expone que los mecanismos o recursos para dar cumplimiento progresivo a la obligatoriedad del Estado de ofrecer oportunidades de acceso a toda persona que cuente con el certificado de bachillerato o equivalente, se implementarán a partir del ciclo 2022-2023, en función de la disponibilidad presupuestaria.

Señala que la Secretaría de Educación Pública (SEP) propondrá, en el marco del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, un programa de ampliación de la oferta de educación superior a nivel nacional, regional y estatal, con metas de corto, mediano y largo plazo, a más tardar en el año 2022.
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La ley también contempla la formulación de un programa sectorial de educación superior y la configuración del Consejo Nacional de Coordinación, este último para acordar las acciones y estrategias que permitan impulsar el desarrollo de este nivel educativo.

​El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco anunció que esta semana la mayoría que encabeza su partido reformará la Ley de Hidrocarburos y eliminará el outsourcing ilegal.
Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, enfrentarán como en otros temas, la oposición del PAN, PRI, MC y PRD, mientras que Morena prevé alcanzar la mayoría con el apoyo de sus aliados PT, PES y Verde.
En el tema del outsourcing, una vez que se llegó a un acuerdo con las cúpulas empresariales y sindicales, se estima que los cambios a la Ley Federal del Trabajo reciban un apoyo de la mayoría de las fracciones parlamentarias con reservas en algunos de los articulados.
La Cámara de Diputados tiene programado sesionar martes, miércoles y jueves de esta semana.
El pasado 26 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a San Lázaro la iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos, con la que busca desincentivar el comercio ilícito del petróleo, garantizar su abasto y la soberanía nacional en su distribución, así como “proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado”.
Además de sancionar y desincentivar el contrabando de combustible, plantea la suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad estratégica o la economía nacional.
En cuanto a la subcontratación ilegal, conocida también como outsourcing, el 5 de abril López Obrador dio a conocer un "importante acuerdo" en materia de subcontratación y reparto de utilidades "en beneficio de todos" que su gobierno alcanzó con dirigentes sindicales y empresariales.
Ese mismo día, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) precisó, a través de un comunicado, que entre los acuerdos alcanzados están, entre otras cosas, la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de subcontratación de servicios especializados y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

​La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 451 votos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar la creación, operación o fortalecimiento de al menos un refugio para víctimas de violencia, en cada municipio o alcaldía.
La reforma al artículo 48, fracción IV establece que corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres colaborar con las instituciones del Sistema en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios, casas de emergencia y casas de transición.
En caso de que un municipio o alcaldía no reúna las condiciones necesarias para la instalación de un refugio de acuerdo con lo establecido por el modelo, garantizar que cuente con una casa de emergencia o de transición vinculada a un refugio.
La modificación al artículo 50, fracción VII, es para celebrar convenios con los gobiernos estatales para la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas.
En el dictamen se argumenta que, si en cada municipio o alcaldía del país existiera un refugio para atender la violencia que viven las mujeres, habría un total de 2,485 refugios operando; sin embargo, en la actualidad solamente se cuenta con el 1.93 por ciento de refugios necesarios para combatir la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, pero sobre todo la más lasciva e irreparable: la violencia feminicida.

​El pasado 10 de febrero se llevó a cabo la firma de un Memorando de Entendimiento entre la Cámara Diputados, su Comisión de Igualdad de Género y la Oficina de ONU Mujeres en México, con la finalidad de adherirse a los objetivos de la Iniciativa Spotlight e impulsar alianzas legislativas a nivel federal para trabajar a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres y especialmente, el feminicidio.

A través de un comunicado, se informó que el evento virtual estuvo encabezado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva; la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género; y Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México.

Asimismo, se contó con la presencia de Jérôme Poussielgue, jefe de Cooperación de la Unión Europea; María Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y Nadine Flora Gasman Zylbermann, presidenta del Inmujeres, quienes extendieron su disposición para sumarse a los esfuerzos que se emprenderán a partir de la suscripción del referido instrumento.

Durante la inauguración, la diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena) destacó que “desde nuestro quehacer como legisladoras nuestro respaldo absoluto a todas las personas que han sufrido la pérdida de una familiar a causa de un feminicidio o muerte dolosa; a quienes buscan a las mujeres desaparecidas; a quienes exigen justicia incansablemente. Cuentan con nosotras y esta alianza es un paso más, sumamente importante, en señal de ello”.

Por su parte, la representante de ONU Mujeres manifestó que “969 mujeres víctimas de feminicidio es un número profundamente doloroso, que refleja la necesidad de acciones urgentes e inmediatas. Una de ellas es construir un sistema normativo que, acompañado de políticas públicas, prevenga eficazmente la violencia contra las mujeres y que ofrezca mecanismos de verdadera reparación integral para quienes han sido víctimas directas e indirectas”.

La Iniciativa Spotlight es una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, con particular atención en el feminicidio.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2020 se contabilizaron 969 víctimas de feminicidio, más 2,783 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Por ello, desde el Pilar 1 de la Iniciativa Spotlight relativo a los marcos legislativos y políticos, se impulsó esta acción conjunta para analizar, discutir y desarrollar propuestas de ley en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

La firma de este instrumento significa que la Cámara de Diputados y ONU Mujeres trabajarán de forma coordinada, y como parte de los compromisos asumidos, en las próximas semanas se establecerán mesas de trabajo encabezadas por la Comisión de Igualdad de Género y el equipo técnico de la Iniciativa Spotlight, asistida por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, para definir temas prioritarios en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres y proponer las reformas que sean necesarias.

Temas entre los que destacan el feminicidio infantil, la violencia sexual, la desaparición de mujeres, la violencia familiar, y niñas y niños en situación de orfandad por feminicido, entre otros. En dichas mesas, se considerarán, además, mecanismos para la participación de la sociedad civil.

La violencia feminicida no sólo afecta a las víctimas directas, descompone el tejido social porque es una conducta que se reproduce desde el odio motivado por razones de género. Impacta el ámbito público y privado de la vida diaria y nos obliga a tomar medidas urgentes.

Por estas razones, ONU Mujeres reconoce a las partes firmantes y alienta a las legisladoras y legisladores del país a seguir generando alianzas para establecer normas y leyes que prevengan efectivamente la violencia y que ofrezcan justicia para las víctimas.

​La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), determinó no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda.
               De acuerdo a lo difundido en un comunicado la FGR, señaló que tras un análisis, se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades de Estados Unidos; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.
               Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso. 
               Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.  
               Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, determinó el no ejercicio de la acción penal.
               Cabe destacar que desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces secretario de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos Zepeda. 
               Esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el gobierno norteamericano, durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso.  
               El 15 de octubre de 2020, agentes policiacos de ese organismo norteamericano detuvieron al general mexicano en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso por delitos contra la salud y lavado de dinero. 
               Después de cinco semanas de haber sido detenido, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la Jueza que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en contra de dicha persona; y la Jueza Federal correspondiente estimó procedente tal petición. 
               Durante el lapso de su detención, y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la FGR solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso.
               El 18 de noviembre de 2020, el general fue entregado por las autoridades norteamericanas, al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase inicial.  
               El 9 de enero de 2021, el general Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la FGR en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal.  
               A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la FGR llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso. 
 

El diputado Pablo Gómez (Morena) propuso derogar la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política en materia de derechos y prerrogativas de los ciudadanos.
          La iniciativa hace referencia que la fracción II del artículo 38 impide a todos los individuos sujetos a proceso penal ejercer prerrogativas que son esenciales para el desarrollo del Estado democrático de derecho, sin que se les haya oído y vencido en juicio ante tribunales previamente establecidos.
          El artículo 38, fracción II de la propia Constitución, establece: “Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”.
          En la propuesta, se hace mención que el texto vigente de la fracción citada ya no corresponde con el actual sistema jurídico penal y entra en contradicción con el esquema de libertades resultado de la evolución de las instituciones democráticas contemporáneas.
          En ese sentido, indicó que, si bien es cierto que la medida de suspensión de prerrogativas ciudadanas sería temporal, también lo es que puede extinguirse al culminar el proceso penal en favor de la persona vinculada, caso en el cual dicha suspensión anticipada habría resultado excesiva, desproporcionada, injusta, discriminatoria y privativa en el ejercicio de derechos políticos, causante de un daño de imposible reparación.
          Para “afianzar el curso que le damos al ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas del ciudadano, se propone simple y sencillamente la derogación del precepto. Y además la derogación, en un transitorio, de todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del decreto derogatorio de la fracción II del artículo 38 de la Constitución”, expresó.
          La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.