 Fuente de información: Diario Oficial de la Federación
FERNANDO BUENO MONTALVO, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 14, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 2o. y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, he tenido a bien expedir el siguiente: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Se informa a todas las autoridades federales, locales, entidades, organismos autónomos y al público en general que el domicilio de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a partir del día 7 de noviembre de 2018, será el ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1089, 5o. piso, Colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720,Ciudad de México. Lo anterior, a efecto de que la correspondencia, trámites y servicios, diligencias, notificaciones, citaciones y demás asuntos relacionados con la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se envíen y realicen en el domicilio antes mencionado, en días hábiles de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,en un horario de atención de las 09:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a 18:00. Lo anterior, para todos los efectos judiciales,legales y administrativos procedentes. Ver en: www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5543506&fecha=12/11/2018
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 Fuente: auditoria-auditores.com La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó el informe ‘Políticas de Privacidad en Internet. Adaptación al RGPD’, el cual tiene por objeto analizar la adaptación, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de la política de privacidad online de diferentes empresas. Este análisis ha ayudado a la AEPD a ser consciente del esfuerzo que han hecho las empresas para adaptarse a las nuevas exigencias legislativas pero, también, ha puesto de manifiesto la diversidad de criterios a la hora de realizar la adaptación. Por este motivo y, con el objetivo de fomentar la correcta aplicación del RGPD, el informe incluye diferentes recomendaciones. Se recomienda revisar la extensión de los documentos de privacidad porque a menudo son demasiado extensos, poco concisos y de difícil comprensión. No hay que perder de vista que el objetivo de facilitar esta información es que el usuario pueda tomar decisiones sobre el tratamiento de sus datos personales y, por tanto, se ha de facilitar su lectura y comprensión. Para facilitar la lectura la AEPD sugiere la utilización de una primera capa a la que se proporcione la información resumida y una segunda capa donde se facilite la información más detallada. Y, en cuanto a la comprensión, se debería evitar el uso de expresiones ambiguas y de términos excesivamente técnicos y/o jurídicos que no aportan información real al interesado. Podemos utilizar como ejemplo la fórmula “mientras exista interés mutuo”la cual no indica de manera clara cuánto tiempo se conservarán los datos ni facilita al interesado una idea aproximada del plazo establecido por la legislación o normativa aplicable. En cuanto al consentimiento, la AEPD indica que, para que éste sea válido, se deberá solicitar por cada una de las finalidades del tratamiento, resultando inapropiada la fórmula genérica utilizada en los formularios de recogida de datos de “He leído y acepto la política de privacidad” que recoge el consentimiento en bloque. Se propone la opción de agrupar las finalidades para las que se solicita el consentimiento, por lo que no se trate de un consentimiento en bloque pero tampoco resulte complicado controlar la utilización de los datos. Por otra parte, el informe nos recomienda identificar adecuadamente la base legal que legitima el tratamiento de los datos personalesporque suele ser frecuente incluir como interés legítimo lo que en realidad es un tratamiento necesario para la ejecución de un contrato. Junto con este informe, la AEPD ha publicado el “Decálogo para la adaptación al RGPD de las políticas de privacidad en internet” donde recoge los puntos a tener en cuenta para la correcta aplicación del RGPD como son informar sobre quién trata los datos personales, la base legal que legitima el tratamiento, el tiempo de conservación, los derechos de los usuarios y la forma de ejercerlos, entre otros. Ver en: auditoria-auditores.com/articulos/articulo-auditoria-la-aepd-publica-los-resultados-del-informe-sobre-la-adaptaci-n-al-reglamento-de-pol-ticas-de-privacidad-online/ Consultar el texto del informe: 
Consultar el Decálogo:
 Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación
En sesión de 31 de octubre de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte aprobó los amparos en revisión 547/2018 y 548/2018, bajo las ponencias de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y el Ministro Arturo Zaldívar respectivamente; en los que se reiteró, por quinta ocasión, la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo recreativo de marihuana. Lo anterior permitió integrar jurisprudencia sobre el tema. En esos asuntos, la Primera Sala sostuvo que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan —sin interferencia alguna— qué tipo de actividades lúdicas desean realizar y protege todas las acciones necesarias para materializar esa elección. Ahora, también se aclaró que ese derecho no es absoluto y que podría regularse el consumo de ciertas sustancias pero las afectaciones que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta a su consumo. Por lo tanto, la Primera Sala ordenó a la COFEPRIS que autorizara a los quejosos consumir personalmente marihuana, sin que eso les permita comercializarla ni utilizar otros estupefacientes o psicotrópicos. Este criterio fue sostenido por primera vez el 4 de noviembre de 2015 a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar (amparo en revisión 237/2014) y fue reiterado posteriormente en los amparos en revisión 1115/2017 y 623/2017. Entonces, al existir cinco precedentes en el mismo sentido sobre el tema, el criterio será obligatorio para todos los tribunales del país. Ver en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5785 Les compartimos el siguiente audio del Podcast 186 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden escucharlo a continuación:   Fuente: Boletín electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
En sesión de 17 de octubre de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 24/2018, presentado bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, en el que este Alto Tribunal se vio llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 27, 29, fracción III; 32, fracción III y 33 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El recurso derivó de un juicio de divorcio necesario en el que una mujer solicitó, como medida cautelar y ante la alegada existencia de violencia familiar, la reintegración al domicilio conyugal, junto con sus menores hijos, así como la separación de personas. Habiéndose acogido su petición por la sala de segunda instancia, el demandado promovió juicio de amparo, en el que impugnó la constitucionalidad de los artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fundaron la determinación judicial. La autoridad de amparo estimó que los preceptos impugnados gozaban de regularidad constitucional, lo que dio lugar al recurso de revisión que fue del conocimiento de la Primera Sala. Las disposiciones impugnadas facultan a las autoridades competentes que conocen de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres para que dicten órdenes de protección (artículo 27), ya sea con el carácter de emergentes, como es el reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad (artículo 29), o de naturaleza civil, como la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio (artículo 32). Asimismo, asignan a las autoridades jurisdiccionales la valoración de las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias en los juicios o procesos en materia civil, familiar o penal (artículo 33). En opinión del recurrente, dichas normas violan sus derechos humanos porque el legislador realizó un tratamiento diferenciado en razón de sexo, al establecer a favor de las mujeres una serie de medidas cautelares en casos de violencia, particularmente doméstica, en franco detrimento a los derechos de la parte contraria. En la ejecutoria, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la constitucionalidad de las normas apuntadas. Para ello, en su análisis partió de los precedentes en los que ha establecido que si bien la Constitución prohíbe que se realicen distinciones basadas en alguna de las categorías sospechosas enumeradas en su artículo 1°, el principio de igualdad exige y garantiza que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello. En ese tenor, el más Alto Tribunal del país advirtió que los preceptos impugnados se insertan en el reconocimiento de la necesidad de crear un régimen específico de protección a un sector de la sociedad, materializado a nivel internacional desde que se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (“CEDAW”, por sus siglas en inglés) al comprobar que la normativa general no era suficiente para garantizar la defensa de las mujeres, quienes por su condición de género requieren una visión especial para el respeto de sus derechos. De este modo, sostuvo que las medidas precautorias previstas en dichos artículos garantizan que el posible agresor no atente contra la integridad de la mujer una vez que la autoridad ha tenido conocimiento de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia en su contra. Al disponer como orden de protección de emergencia el reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad, y como orden de protección de naturaleza civil la posesión exclusiva sobre el inmueble que sirvió de domicilio, la legislación logra, en la medida de lo posible, evitar un acto de violencia más en su contra. Asimismo, al establecer que corresponderá a las autoridades jurisdiccionales la valoración de las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias, la ley otorga la flexibilidad necesaria para que cada decisión de la autoridad esté estrechamente vinculada a las circunstancias que rodean el caso concreto. Por ello, la Primera Sala sostuvo que los preceptos impugnados responden eficazmente a la dinámica de la violencia doméstica y constituyen mecanismos idóneos para prevenir el abuso físico o emocional en contra de las mujeres al interior del hogar. Además, precisó que si en un asunto específico, alguna de las partes considera que la autoridad jurisdiccional ha emitido una medida que no se ajusta a la naturaleza o a la finalidad de los mecanismos de protección previstos en la ley de mérito, la decisión judicial puede ser impugnada. En un ejercicio más de transparencia, la Suprema Corte de Justicia se incorpora al mundo digital de Spotify. Ahora es posible escuchar y descargar, en cualquier momento, los podcast del Alto Tribunal, con información de sentencias, noticias, entrevistas, actividades y criterios de interés social. Así, la Suprema Corte se consolida como una institución cercana, que pone a su alcance toda la información de interés en diversas plataformas, como iTunes, Facebook, Twitter, boletines electrónicos y un portal de noticias. De eso nos platican Edith Gómez, Román Ruiz y Carlos Avilés Allende, director General de Comunicación y Vinculación Social. Ver en: https://www.facebook.com/SCJNMexico/videos/270426073471332   La Suprema Corte de Justicia validó las reformas a la Ley de Aviación Civil que exigen a las aerolíneas garantizar el respeto a los derechos de los pasajeros, así como otorgar un servicio eficiente, seguro y eficaz. La Segunda Sala determinó que son válidas las indemnizaciones que deberán pagarse a los pasajeros por demoras o cancelación de vuelos, incluyendo los cargos pagados, desde la compra del boleto y los impuestos. Se estableció, entre otras condiciones, que las aerolíneas tienen obligación de transportar gratuitamente el equipamiento que requieran pasajeros con discapacidad; así como transportar, sin costo, a menores de 2 años, acompañados de un adulto. Además, en vuelos nacionales se tendrá derecho a documentar, gratuitamente, hasta 25 kilos de equipaje y llevar hasta 2 piezas de equipaje de mano. Ver comunicado de prensa: www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5772   Boletín electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octubre 2018.
La Suprema Corte determinó que es discriminatorio y, por ende inconstitucional, la exclusión de alumnos con discapacidad del sistema educativo general, porque vulnera el derecho fundamental a la educación inclusiva de todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para integrarse, sin reglas ni excepciones, al sistema educativo. Al pronunciarse sobre la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista sobre la denominada “educación especial”, la Segunda Sala resolvió que en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad. La resolución considera que la escuela ordinaria con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. Ver comunicado de prensa: www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5768  Autor: Excelsior www.excelsior.com.mx Con el fin de hacer factible la sustitución del plástico convencional por uno biodegradable y renovable en la industria, investigadores de diversas universidades desarrollan un proyecto para disminuir costos de producción y aumentar la capacidad de fabricación de un material hecho a base de bacterias. En un comunicado, se informó que en este proyecto trabajan científicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Ante la contaminación que generan los productos de corta vida útil y largo proceso de degradación, como los popotes, desechables, bolsas, envases de plástico y PET en general, la investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP) de la UAEH, María del Rocío López Cuéllar, señaló que la industria en general voltea hacia nuevas formas más sustentables de producir y de consumir. La doctora en Biotecnología sostuvo que es posible sustituir plásticos sintéticos por otro material biodegradable hecho a base de biopolímeros, lo que puede ocurrir en un mediano plazo, si los gobiernos regulan a las industrias para generar productos y sus envases, mediante materiales biodegradables. Debe haber una conciencia ética y social donde realmente veamos cuáles son los impactos ambientales que tenemos y evaluar, así como regular desde la sociedad y desde el gobierno, los materiales que no se degradan, para no dar lugar a la corrupción por encima del daño ambiental”, consideró. La investigadora trabaja en la producción de polihidroxialcanoatos, que son polímeros de origen bacteriano que poseen grandes ventajas en comparación con los plásticos de origen petroquímico: son biodegradables, biocompatibles y renovables. Añadió que al poseer esas características, tienen una amplia gama de aplicación en la industria alimentaria, farmacéutica, biomédica e incluso automotriz. Este proyecto se ha trabajado de forma interinstitucional durante dos años y medio entre el Cinvestav, la UAEH y el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Así, de forma conjunta se trabaja en la producción de biopolímero, la generación de micro-organismos o bacterias recombinantes (modificaciones que se le hacen a los micro-organismos para mejorar los tipos de biopolímero que pueden producir), producción de bio-películas para funciones alimentarias y producción de nano-partículas. De acuerdo con la doctora, los costos todavía son mucho más altos que obtener un plástico de origen sintético, por ello se trabaja en la reducción de precios y la maximización, así como mejora de la producción. López Cuéllar espera que en el nuevo gobierno haya un mayor apoyo a la ciencia y la tecnología y, sobre todo, a la industria verde. México está comenzando a impulsar este tipo de tecnologías para mejorar algunos procesos, sin embargo, todavía es caro y falta hacer mucha investigación”, dijo, al celebrar que cada vez más industrias busquen fuentes tecnológicas renovables y biodegradables. El cuerpo académico que trabaja en este proyecto está integrado por Norberto Chavarría Hernández, Adriana Inés Rodríguez Hernández, María del Rocío López Cuellar, Apolonio Vargas Torres y Heidi María Palma Rodríguez. Por parte del Tecnológico de Monterrey, participa en el proyecto Berenice Vergara Porras, experta en biodegradación, y Fermín Pérez Guevara, del Cinvestav. Ver en: www.excelsior.com.mx/nacional/crean-plastico-biodegradable-hecho-a-base-de-bacterias/1271922  Autor: Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la SCJN.
Actualmente, la aplicación WhatsApp es una de las más utilizadas para enviar cotidianamente textos, imágenes, audios o videos. ¿Por qué no emplearla como medio de información en procesos judiciales? Es el tema que aborda Daniel García Amezcua en el libro "Aportación de mensajes de WhatsApp a los procesos judiciales". El autor hace un análisis de cómo la legislación española contempla el uso de esta herramienta para compartir información en el ámbito procesal, y que se utilice como prueba fehaciente. Conoce las recomendaciones bibliográficas del Centro de Documentación y Análisis de la SCJN: twitter.com/SCJN/status/1037819460890120193 |
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